“La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, una vez más, que es la población migrante y refugiada quienes más sufrimos los efectos nefastos de las políticas de ajustes y recortes del Gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y económico. La consecuencia es el agravamiento de nuestras condiciones de vida, sobre todo para las casi 600.000 personas que nos encontramos en situación administrativa irregular.” Párrafo extraído de la Carta de demanda al gobierno del movimiento #RegularizaciónYA.
Movimiento que venimos exigiendo al gobierno la regularización extraordinaria, amplia, urgente y de carácter permanente de todas las personas en situación administrativa irregular en distintas concentraciones y la presentación de un PNL firmado por Podemos y otros grupos parlamentarios. Y ante la primera negativa del Gobierno el 26 de junio hubo un segundo portazo el pasado 22 de septiembre.
El portazo a la regularización para todas las personas en situación administrativa irregular en el Estado español que facilita el acceso a empleo, vivienda, sanidad y educación en las mismas condiciones que el resto de la población, al derecho a inscribirse en el padrón municipal, documento imprescindible para acceder a los servicios básicos como sanidad o servicios sociales en plena emergencia sanitaria y crisis económica, el cierre definitivo de los CIE y el fin de las devoluciones en caliente, entre otras medidas.
En primer lugar, desde Corriente Roja condenamos este rechazo a regularizar por parte del Gobierno mientras promete “no dejar a nadie atrás en esta crisis”.
Es inadmisible que el gobierno que se hace llamar “el más progresista de la historia” no conceda permisos de residencia y trabajo a los migrantes indocumentados que son de los sectores más golpeados por la crisis económica y con mayor riesgo de contagio por la COVID19 por sus condiciones de vida.
La situación administrativa irregular aboca a más de 600.000 personas a vivir hacinadas en infraviviendas o en situación de calle no reuniendo así las condiciones para realizar un confinamiento seguro, a trabajar en puestos presenciales, la mayoría esenciales, sin tener acceso a sanidad hasta que no pasen los tres meses desde la entrada y empadronamiento en la ciudad en la que residen, a no tener derecho al subsidio por desempleo o a ayudas económicas extraordinarias llenando así las colas del hambre y a vivir con el miedo permanente a ser encarcelados en un CIE o devueltos forzosamente a sus países de origen.
No son pocos los activistas que se han sorprendido ante esta rotunda decisión del gobierno teniendo en cuenta que tanto el PSOE como UP se erigieron las pasadas Elecciones G
enerales como los votos más útiles para “frenar a la ultraderecha” y, por tanto, los más útiles para que el racismo no pasara.
Desgraciadamente, como dijimos en nuestra declaración Acuerdo de gobierno: el racismo institucional continúa del pasado 3 de febrero el racismo y la xenofobia pasaron hace décadas con la aplicación de la Ley de Extranjería (1985), la apertura de los CIES (ya había 6 CIES abiertos en 1988), la reconstrucción de la valla entre Ceuta y Marruecos (1996), la instalación de las concertinas o “cuchillas en las vallas” (2004) y los cupos de detenciones a inmigrantes sin papeles en las comisarías (2009) gracias a los antecesores del actual presidente del gobierno: Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. En definitiva, gracias al PSOE.”
Podemos: “equilibrismo” desmovilizador
La población migrante no hemos interesado históricamente a los partidos electoralistas burgueses y no es casualidad. Sólo el 27% de la población migrante puede votar porque la misma Constitución del ’78, con la que Podemos hizo su última campaña electoral, otorga el derecho al voto sólo a los que poseen la nacionalidad española.
Al tratarse de un nicho muy reducido de electores, estos partidos no invierten ni un minuto de su tiempo siquiera en defendernos en los debates electorales, como ocurrió cuando Abascal mintió constatando que el 70% de los imputados por participar en “manadas” de violadores eran extranjeros durante las últimas elecciones generales y ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez salieron a denunciar esta falsificación de la realidad.
Por ello, para muchos presentar el PNL por la Regularización Ya por parte de Podemos fue un acto de principios. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.
Exigir del Gobierno del que formas parte derechos y al mismo tiempo negarlos o silenciarlos, en los hechos, sólo puede tener un objetivo: contener la movilización y lucha contra el gobierno y sus políticas anti migratorias y reconducir al movimiento en defensa de l@s migrantes a las vías institucionales de esta “democracia” al servicio de las grandes empresas.
Desgraciadamente, que hayan negado y silenciado nuestros derechos lo revela la realidad. El último programa electoral de UP se comprometía a poner fin a las devoluciones en caliente y a cerrar definitivamente los Cies; la derogación de la Ley de Extranjería ni fue mencionada.
No sólo las dos medidas prometidas cayeron rápidamente en el olvido con tal de llegar al acuerdo de gobierno con el PSOE, sino que en plena pandemia ha seguido habiendo devoluciones en caliente y la reapertura de los CIE a pesar de haberlos cerrado durante el Estado de Alarma.
En cuanto a la omisión de derogar la Ley de Extranjería no es un inocente olvido, razón que desarrollaremos más adelante.
Ni siquiera las pocas medidas acordadas del “Gobierno progresista” entre el PSOE y UP se han cumplido. No hemos visto ni un euro del fondo estatal de integración que prometieron con el que se podían haber aumentado los recursos formativos y habitacionales para los tutelados y ex tutelados migrantes.
La promesa de modificación del sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de protección internacional “para hacerlo más eficiente y solidario” se está traduciendo en denegaciones masivas (sólo se aprueban el 5% de solicitudes favorablemente) a pesar de que en estos últimos años los demandantes de asilo se han multiplicado por diez ¡una verdadera política anti-migratoria que tiende al hacinamiento como lo que ya está sucediendo en el CETI de Melilla (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) y el aumento de personas que se ven obligadas a vivir en situación de calle.
En lo que va de año, ya se superan las más de 100 muertes (asesinatos) de migrantes que han intentado llegar a las costas españolas, ni el Gobierno ni la junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Lepe han ofrecido una alternativa habitacional en condiciones a l@s jornaler@s a los que grupos de ultraderecha han quemado los asentamientos en los que vivían, y las trabajadoras domésticas siguen esperando la ratificación del convenio 189 por parte de la ministra de UP Yolanda Díaz.
En definitiva, presentar el PNL no libra a UP de sus responsabilidades de Estado y el no haber cumplido, ni tan siquiera quisiera con su propio programa, tiene dramáticas consecuencias para l@s trabajador@s y juventud migrante en una de las peores crisis económicas de la historia contemporánea; y lo que es peor, presentar el PNL de “Regularizar ya”, sólo en el marco de negociación institucional sabiendo que ni la legislación española ni europea admiten tal medida, es un intento de instrumentalizar al movimiento antirracista para captar electores cuando la intención de voto a Podemos está en caída libre por parte de los trabajadores, trabajadoras y jóvenes, precisamente por ser parte del gobierno que “está dejando a todos atrás”.
Las regularizaciones en Portugal e Italia: regularizaciones parciales al servicio del Estado y al servicio del mercado
En el caso portugués, fue una regularización parcial para resolver un problema burocrático creado por el mismo Estado de Alarma como es el cierre de muchos servicios públicos, entre ellos el servicio de Extranjería. El permiso de residencia no es general, sino sólo para aquellos extranjer@s que ya la hubieran solicitado.
En el caso italiano, fue una regularización parcial al servicio del mercado. A falta de trabajadores del campo y trabajadoras domésticas en plena pandemia, el gobierno sólo regularizó a 250.000 de los más de 600.000 inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular para suplir esta necesidad del mercado agrario y de cuidados.
La regularización ya para todos los migrantes es una necesidad del conjunto de la clase trabajadora
Necesitamos una regularización permanente y sin condiciones para todas y todos.
La Ley de Extranjería es el Decreto en el que se legisla que los migrantes son trabajador@s de segunda, abocados a vivir en condiciones de sobreexplotación, sin derechos, sin servicios públicos ni vivienda.
Derogar dicha Ley significa poner en cuestión al nuevo patrón de explotación al que nos someten y quieren volver a someter al conjunto de la clase trabajadora y juventud en esta segunda crisis económica mundial en menos de 20 años y señalar a sus responsables: El gobierno, el IBEX 35 y la UE.
Mientras nos han dado dos portazos a la regularización ya, el gobierno ha puesto a disposición del IBEX 35, algunos de los responsables de nuestra migración económica, más de 100 mil millones de euros para que no “sufrieran las consecuencias de la crisis”.
Dos tercios de las ganancias de las empresas del Ibex-35 provienen de sus operaciones más allá de las fronteras españolas. Son los mismos que, junto al rey, nos roban nuestros recursos y hacen sus “negocios” de guerra en nuestros países de origen mientras nos impiden la entrada para trabajar en los países imperialistas con tal de tener controlados sus nichos de mano de obra a “precio de ganga” sin tener que invertir en sus derechos, y ser así más competitivos en el mercado mundial.
Mientras nos han dado dos portazos a la regularización ya, los partidos que forman gobierno no cuestionan a la Unión Europea. Una Unión Europea que en realidad es un entramado de multinacionales, bancos y especuladores que compiten por sobrevivir y abrirse paso a la pujanza por las disputas de los mercados a nivel mundial empobreciendo y colonizando a más y más países a través del negocio de la deuda.
Negocio que consiste en que l@s trabajador@s paguemos la deuda privada de los banqueros y especuladores con nuestra sanidad y condiciones laborales a una Unión Europea imperialista que cada vez es más racista y refuerza la política de construir una “Europa” fortaleza con su nueva propuesta de pacto migratorio.
Derogar la Ley de Extranjería significa poner en cuestión la doble escala salarial/vital racista que aumenta los beneficios de las grandes empresas ahorrando en los salarios y condiciones de l@s trabajador@s migrantes, que contiene a l@s trabajador@s nativos a movilizarse contra su precariedad “sintiéndose afortunados ya que hay alguien que está en una situación peor” y que además culpa a los migrantes del desempleo cuando es el propio gobierno quien impone el abaratamiento de la fuerza de trabajo de l@s migrantes en el mercado laboral, y el responsable del desempleo estructural del conjunto de la clase trabajadora cuando permite el cierre de la Nissan, el de Alcoa y el ERE de Indra.
Derogar, significa otorgar los mismos derechos a los migrantes que a los nativos, unificando y masificando la exigencia al gobierno de aprobar un plan de choque sanitario y social en esta crisis. Significaría masificar la lucha por el empleo público, la vivienda, contra las reformas laborales y la Ley Mordaza.
Derogar, sería una granada a la política de grupos de ultraderecha como VOX ya que el rechazo obrero y popular se centraría en las políticas neoliberales y no en el permanente “chivo expiatorio”.
Para defender las vidas migrantes necesitamos regularizarnos, empleo, Sanidad pública y universal y servicios públicos en condiciones. En el marco de negociar con la UE, el IBEX y el régimen que se benefician económicamente de nuestra “irregularidad administrativa” y nuestra precariedad es imposible. Tras los dos portazos, la lucha es el único camino que nos queda y conquistar la regularización ¡ya! significa convertirnos en referentes en Europa y el mundo en defender las vidas de los trabajador@s y juventud migrante en uno de los mayores ascensos del movimiento antirracista a nivel mundial.
Redoblemos la campaña de regularización ya en los centros de trabajo, estudio y barrios para construir la manifestación antirracista de Madrid este 15 de noviembre
El próximo 15 de noviembre está convocada una manifestación por los derechos de las personas inmigrantes. Llevemos la campaña de “Regularización ya” a los centros de trabajo, estudio y barrios y masifiquemos la lucha por tener, ni más, ni menos, los mismos derechos. Exijamos:
- ¡Medidas económicas de emergencia para los colectivos más vulnerables durante la crisis del covid 19! ¡No a la brecha salarial racial!
- ¡Ratificación del convenio 189!
- ¡Cierre definitivo de los CIE!
- ¡Ilegalización de las devoluciones en caliente!
- ¡Plazas de acogida para todas y todos los que lo necesiten!
- ¡Creación de un parque de vivienda pública para todo el que lo necesite!¡Expropiación y control de las viviendas vacías para concederlas a quien lo necesite!
- ¡Sanidad pública, gratuita, de calidad y de acceso universal para todas!
- ¡Derogación de la Ley de Extranjería!
- ¡Regularización ya, para todas, permanente y sin condiciones!
Para ello:
- ¡No al pago de la deuda de la UE!
- ¡Que el IBEX 35 paguen impuestos especiales!
- ¡Que los bancos devuelvan los más de 65.000 millones de euros con los que fueron “rescatados”!