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Una gestión criminal de la tercera ola y un plan de vacunación lento y caótico

Poco a poco fuimos saliendo de la tercera ola, cuya cifra de contagios, ingresos en UCI y fallecimientos, ha sido mayor que en las dos olas anteriores. Los gobiernos autonómicos han ido relajando las restricciones horarias y de movilidad y los cierres parciales, que son casi las únicas medidas que han llevado a cabo en esta crisis sanitaria, después del confinamiento parcial de la primera ola. Unas medidas confusas, cambiantes y totalmente insuficientes.

Un total de 19.200 personas han perdido la vida a causa de la Covid-19 entre diciembre y febrero, según los datos facilitados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), a través del Ministerio de Sanidad. En dos meses han muerto casi las mismas personas por coronavirus que en los seis de la segunda ola. Varias CCAA registraron los peores datos de ingresad@s de toda la pandemia.

El impacto de la tercera ola muestra a las claras que tanto el gobierno central como los distintos gobiernos autonómicos, cometieron no una, sino ¡dos veces! el mismo error criminal: Llevar a cabo una «desescalada» demasiado rápida, priorizando la economía según exigencias de la patronal, a la salud. Al final, como sabemos, no lograron salvar ni la una ni la otra, con las dramáticas consecuencias tanto sanitarias, como sociales y económicas, que la clase trabajadora y el pueblo más pobre está sufriendo. La tercera ola deja un siniestro reguero de muertes, pero también de parados/as.

Sólo cuando el desastre se veía venir, decretaron hipócritamente alguna medida parcial, como prohibir fiestas o reuniones familiares. Bueno, eso y continuar con su campaña para culpabilizar a la población, especialmente la juventud, muy criminalizada en esta pandemia, del aumento de contagios. Ni siquiera han sido capaces de llevar a cabo medidas tan básicas como reforzar el transporte público en todos estos meses o asegurar alojamientos seguros a quienes viven en infraviviendas o son desahuciadas. La falta de camas ha obligado a derivar pacientes a hospitales privados, que en Madrid hemos pagado con dinero público a 734 euros/noche en planta, 2084 en UCI. Pero nada de contratar más personal en la pública.

En la misma tónica, la única medida clara acordada ahora para prevenir una cuarta ola, ha sido (con la oposición de Madrid) prohibir la movilidad entre comunidades en Semana Santa… para no «arruinar» el verano.

Pero a un año de pandemia, muchas CCAA siguen sin tener ni siquiera el número de rastreadores que son necesarios y que se ha demostrado son eficientes para parar los contagios. Eso sí, cuando la transmisión comunitaria ¡no está desbordada!, como ha ocurrido tanto en la segunda, como en la tercera ola.
¡Exigimos un plan de vacunación 100% público y masivo!
A nivel mundial, la OMS dejó claro que la pandemia continuará durante todo 2021 y que este año puede ser “aún peor que el anterior”. Es por ello urgente que las patentes de las vacunas sean liberadas y se garantice una rápida producción en todo el mundo.

En nuestro país, no llega al 5% la población vacunada con las dos dosis. Los sanitarios insisten en la necesidad de anticiparse y planificar bien la campaña de vacunación en la sanidad pública. Algo complicado cuando meses después de iniciarse, el ritmo de vacunación o la selección de los grupos, lo marca el suministro de dosis que las empresas farmaceúticas envían. Estamos viviendo una campaña de vacunación dirigida por las multinacionales, que también recurre a la sanidad privada, a expensas de nuestros bolsillos. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en hacerlo. Pero la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) afirma en un comunicado que Catalunya, Andalucía, Murcia y Canarias han expresado «su intención de hacerlo a medida que dispongan de más dosis».

Un plan de vacunación lento y caótico, que aún no ha vacunado por falta de personal, de dosis o de planificación, a muchos mayores de 80 y a personas dependientes, que son colectivo de riesgo. Un plan de vacunación que si sigue adelante, es gracias al esfuerzo inmenso que está realizando el personal sanitario. Y que como en otras partes del mundo, está además atravesado por privilegios de clase y por la corrupción, mostrando todas las lacras del capitalismo.

Desde Corriente Roja, exigimos tanto al gobierno central como a las CCAA, medidas más concretas para frenar los contagios y muertes por Covid, atender la salud de la población que ha sido abandonada y poner en marcha un plan de vacunación masivo.

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