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El pasado martes 27 de Junio, Ciudadanos llevó al congreso una propuesta de “ley de gestación subrogada” que sería la primera en el Estado español y que ha definido como “altruista y garantista”, basándose entre otras razones, en la defensa de “todos los modelos de familia” y de que “nadie se quede atrás o tenga que pasar auténticos laberintos para ser padre, adoptar, tener un bebé por gestación subrogada, disfrutar de la custodia compartida de sus hijos o disfrutar de su vida si quieren en solitario o en pareja”.

Por Laura Requena

El debate sobre la gestación subrogada o los vientres de alquiler, como algunas personas prefieren llamarlo, ha creado una división entre las organizaciones feministas de nuestro país, donde la mayoría se opone a esta práctica por considerarla un paso en la mercantilización y dominación de las mujeres, con su “supuesto” consentimiento, mientras una minoría de ellas defiende el derecho de la mujer para hacer con su cuerpo lo que libremente quiera.

Dicho debate también ha ido cobrando fuerza y se ha instalado en las distintas organizaciones sociales y políticas. En mayo se celebró en Madrid “Surrofair”, una feria de promoción de la gestación subrogada, ante la oposición de mujeres de movimientos feministas como el movimiento “No somos vasijas” o la Red Estatal contra el alquiler de vientres que reúne a más de 50 organizaciones y que convocaron concentraciones de protesta a las puertas del hotel donde se celebraba el evento.

En nuestro país, esta práctica está de momento expresamente prohibida, aunque cada vez hay más personas que han recurrido a ella para tener hij@s. Y es que, aunque se consideran nulos los contratos realizados en otros países en los que la gestación subrogada es legal, para proteger el bien superior del menor se permite la inscripción de los recién nacidos en el registro civil, siempre que se lleve a cabo en un país que permita esta técnica, uno de los progenitores sea español y tenga una orden judicial.

 La propuesta de Ley altruista es una trampa

Con sus argumentos, Ciudadanos pretende hacer un guiño a los colectivos que tienen más dificultades para tener hijos(as) como es el caso de las parejas homosexuales.

Pero detrás de la hipocresía y el oportunismo de esta formación política que es la otra cara del PP y que  defiende los valores sociales impuestos de la maternidad a toda costa y de la familia como pilar básico de la sociedad (aunque sea un modelo de familia opresiva), se esconden en realidad los intereses económicos de un sector de la burguesía, dedicada a la industria de los “vientres de alquiler”. Pese a que, como defiende Ciudadanos en su propuesta de Ley, haya alguna mujer dispuesta a gestar durante nueve meses y parir un hij@ para otras personas, sin contraprestación económica por su parte, lo cierto es que el 80% del lucro que genera este negocio, va a parar a las clínicas que llevan a cabo este proceso y a los numerosos agentes intermediarios que existen para que  dicha  transacción comercial se lleve a cabo de una forma segura y con garantías para quienes pagan.

Por nuestra parte, nos oponemos  a esta nueva forma de explotar y traficar con el cuerpo de las mujeres y de los hijos e hijas nacidas de ella.

Un negocio mundial muy lucrativo y en auge

Son innumerables los sitios de información y los portales de las clínicas que anuncian la práctica del útero en alquiler como un producto perfecto, con una asistencia completa durante toda la duración del denominado “programa”. Fecundación in vitro, instalación, parto… Obviamente, tales sitios se cuidan bien de anunciar con igual claridad los riesgos no solo legales sino también de salud que la realización del “producto perfecto” comporta y que llegan hasta la muerte de la mujer y la malformación del feto. Capítulo aparte son los costes. En países como Tailandia o India podía costar entre 35.000 y 40.000 euros, antes que estos países decidiesen restringir esta oferta solo a  parejas heterosexuales nacionales.

El motivo de esta prohibición  es terminar con los escándalos acontecidos en estos países, que causaron una gran controversia internacional, como es la situación en que se encontraban muchas gestantes en las llamadas “granjas de mujeres” en India o el caso de una pareja australiana que supuestamente rechazó un bebé en Tailandia por haber nacido con síndrome de Down, pero que se llevó a su hermana melliza a Australia dado que ella estaba sana. Esto ha hecho que algunas clínicas que allí operaban busquen nuevos países donde instalarse. El precio llega a ser 50.000 en Ucrania, 80.000 en Rusia o Kazajistán y unos 150.000 en Estados Unidos. Por  otro lado, el vacío legal en muchos países como China, también favorece la aparición de un amplio mercado negro.

Son las agencias intermediarias las que estipulan un contrato real con el cliente. De la remuneración pactada, a la madre va una mínima parte, pero aunque fuera para la madre el importe total, eso no haría la cuestión menos grave. Si durante el embarazo los controles evidencian anomalías en el feto, el cliente puede, por contrato, obligar a la madre subrogada a abortar sin siquiera consultarle y casi siempre sin pagarle después. A veces, el contrato también incluye la posibilidad de elegir el sexo del concebido. Los agentes intermediarios seleccionan esmeradamente a la madre subrogada: lo que cuenta es que sea una ‘portadora sana’ que esté bien nutrida y que tenga controlado su estado de salud durante los nueve meses de alquiler.

Entre las varias propuestas comerciales también hay quien promete la elección de la donadora de óvulos entre las candidatas disponibles (rubia, ojos azules, etcétera). Una real selección de la “raza”, o en términos mercantiles, una búsqueda de mercado del “producto”, como cuando se compra un objeto de consumo. La madre en alquiler pasa su embarazo en residencias protegidas, para asegurarle una nutrición adecuada y tener bajo control las condiciones higiénicas y sanitarias; se les impide tener relación con su pareja, para evitar el riesgo de que contraiga enfermedades de transmisión sexual  y tener la seguridad de que el producto encargado no pueda averiarse o deteriorarse! Se le separa del niño/a enseguida, después del parto, impidiendo con ello la lactancia a la madre natural, a quien no se le dice ni siquiera si es varón o mujer. Las residencias protegidas también sirven para  evitar que la mujer se escape con el hijo/a apenas parido/a, protegiendo a los/as clientes del riesgo de que la ‘mujer incubadora’ cambie de idea. Es una transacción comercial, por la que los clientes ponen las condiciones del servicio que pagan (la maternidad subrogada) para conseguir el “producto” encargado: el niño/a.

Nuestra posición            

En el coro de voces a favor y en contra, no estamos de acuerdo con quienes defienden la subrogación de la maternidad con el argumento de que en ella la mujer decide sobre su propio cuerpo. No existe verdadera libertad de elección ni solidaridad real en el hecho de que una mujer acepte llevar a cabo dicha transacción económica, para aliviar la situación de pobreza en que vive. Muchas de estas mujeres que son madres de alquiler no tienen derecho al aborto en sus países, no pueden contar con ninguna política social para el apoyo a la maternidad, no conocen o tienen acceso a los métodos anticonceptivos y cotidianamente son víctimas de violencias domésticas y sociales de todo tipo.

Pero también nos distinguimos de quienes se oponen a esta porque atenta contra la familia tradicional, como es el caso de la iglesia católica, ignorando el hecho de que es justo en ese modelo de familia en el que se perpetúa la opresión a la mujer, tanto más en situaciones de crisis económica como la que estamos viviendo.

El mismo deseo de maternidad, que se nos aparece como algo “natural” es en realidad algo que nos viene impuesto por la sociedad capitalista que vivimos, que necesita de la familia para perpetuarse. Un deseo impuesto que empuja a muchas personas hasta la aberración de la compraventa de una maternidad subrogada.

Nuestro NO nace ante todo contra la explotación y la opresión, porque no es aceptable que una mujer venda su propio cuerpo o su útero, para contentar los deseos de otras personas, ya sean estos deseos sexuales, como en el caso de la prostitución, o deseo de la maternidad.

Nuestro NO nace contra el tráfico de cada cosa, personas incluidas, que esta sociedad permite, estableciendo todo y cuanto pueda convertirse en mercancía, todo y cuanto se pueda comprar para mantener con vida un sistema corrupto, que busca beneficio a costa de la miseria y el sufrimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En el sistema capitalista, basado en la desigualdad y la explotación, la autodeterminación del propio cuerpo puede llegar a convertirse en el exacto opuesto, es decir, en la mercantilización del propio cuerpo. Nosotros/as luchamos por una sociedad diferente, socialista, liberada de la propiedad privada de los medios de producción y, por lo tanto, de la conexa necesidad de transmitir el patrimonio a los hijos por la familia: una sociedad de hombres y mujeres realmente libres e iguales, sin diferencias de clase y donde las mujeres tengan total independencia económica y social.

Opinamos que sólo en una sociedad de este tipo las mujeres, l@s homosexuales y l@s heterosexuales, en pareja o solteros/as, tendrán la real posibilidad de disponer libremente de los propios cuerpos y de elegir, si así lo desean, cómo ser madres y padres. Defender la autodeterminación de las mujeres y los derechos del mundo LGBTIQ significa ante todo luchar para derribar el capitalismo.

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