El 20 de marzo se publicaron en el B.O.E. dos decretos-ley del gobierno español para hacer frente a las consecuencias de la agresión imperialista de Trump sobre Irán: el Real Decreto-Ley (RDL) 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que según el gobierno moviliza más de 5.000 millones de euros en “ayudas” y ya ha sido aprobado por el parlamento y el RDL 8/2026, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán.
Por: Corriente Roja
¿La prórroga de los alquileres soluciona la crisis de vivienda?
A pesar de los discursos, este último no es un decreto contra los desahucios en general, ni ampara a quienes se encuentran en situación de ocupación, como insinúan algunos medios y partidos políticos.
El decreto afecta exclusivamente a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos (LAU), con dos medidas concretas: la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de dos años al arrendador, y un límite del 2% en la actualización anual de la renta. Ambas medidas tienen restricciones relevantes: la prórroga solo aplica a contratos vigentes cuya prórroga obligatoria finalice antes del 31 de diciembre de 2027 (con las excepciones del artículo 1.1 del decreto); y el límite del 2% solo opera si el propietario es gran tenedor o no hay acuerdo previo entre las partes —si hay acuerdo, ese límite puede superarse, lo que abre la puerta a presiones sobre el inquilino.
Se trata de unas medidas que probablemente no serán aprobadas por el parlamento, pero que además no sirven para paliar la actual emergencia habitacional por la que la gran mayoría de la clase trabajadora ya pasaba penurias antes de la guerra para pagar el alquiler o le resultaba imposible acceder a una vivienda en propiedad. De hecho, la vivienda volvió a subir con fuerza en 2026 y el euríbor se disparó hasta el 2,565%, anotándose la mayor subida desde octubre de 2022 y afectando a las hipotecas a interés variable.
Los verdaderos beneficiarios del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio
Lo que confunde sobre el carácter progresivo o no del decreto-ley 7/2026 son las supuestas ayudas a muchos de los consumidores de la red eléctrica y del gas, destinadas no sólo a familias vulnerables (como los 90 millones de euros destinados al incremento del bono social térmico), sino también a reducir la carga del coste energético a autónomos y empresas a través de la flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica, a cuyo propósito se destinaran 112 millones de euros.
El decreto también afirma impulsar las energías renovables como vía para reducir la dependencia de combustibles fósiles, con dos instrumentos destacados: un Fondo estatal para cubrir los riesgos de sectores industriales electrointensivos en la transición a tecnologías de bajas emisiones, y el programa Auto+, consistente en ayudas públicas —financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado— para la adquisición de vehículos eléctricos.
Ambos son dos ejemplos de la colaboración público-privada a la que ya nos tiene acostumbradas este gobierno, en la que el Estado corre con los costes mientras las empresas privadas obtienen los beneficios. El programa cuenta con un crédito extraordinario inicial de 400 millones de euros. A estos se suman 300 millones adicionales para el Programa de Compensación de costes indirectos de emisiones de CO2.
En materia fiscal, el decreto introduce deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética, aplicables tanto a propietarios de vivienda habitual como a arrendadores, lo que supone menores ingresos para el Estado. Lo mismo ocurre con las deducciones para empresas involucradas en la transición ecológica y la bajada impositiva a los hidrocarburos para el sector del transporte.
En el ámbito agrario, se subvenciona el gasoil agrícola (0,2 €/litro, crédito de 52 millones de euros) y los fertilizantes (crédito extraordinario de 500 millones). El sector pesquero recibirá ayudas al combustible por 25 millones. El transporte por carretera y el marítimo suman otros 367 y 30 millones respectivamente, también con cargo al Estado.
Como medida de garantías para que las ayudas lleguen a sus destinatarios y por lo que se refiere a los carburantes, el decreto establece medidas de seguimiento de evolución de los precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se supone que para impedir prácticas oligopolísticas y para que el descuento en los carburantes, llegue a los bolsillos de los consumidores. Sin embargo, poco o nada, nos podemos fiar de un mercado monopolísitco acostumbrado a pactar precios más frecuentemente de lo que a la clase dirigente le gustaría reconocer.
Por último, como contrapartida, las empresas beneficiarias de estas ayudas directas “no podrán” despedir trabajadores por causas económicas derivadas de esta crisis hasta el 30 de junio de 2026, bajo pena de devolver las ayudas y que los despidos sean declarados nulos. Algo que no impide que las empresas puedan camuflar estos despidos como si fueran por otras causas como bajas voluntarias o despidos disciplinarios, dejándoles plena libertad para hacerlo a un coste irrisorio.
Los realmente perjudicados por la agresión imperialista de EUA a Irán
La realidad es que todas las medidas aprobadas por el gobierno, correrán a cargo del estado. Según la última infografía pública[1] de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el 91,1% de las declaraciones del IRPF de 2023 corresponden a rentas del trabajo, por un valor total de 588.520 millones de euros. Dado que los declarantes con rentas del capital como fuente principal representan una minoría, es la clase trabajadora quien sostiene la mayor parte de la recaudación por IRPF. Y lo mismo ocurre con el IVA, dado el peso mayoritario de los asalariados en el consumo total. En conjunto, IVA e IRPF suponen más del 75% de los ingresos tributarios del Estado español.[2]
La conclusión es inevitable: somos los trabajadores y trabajadoras quienes financiaremos mayoritariamente las medidas descritas. Cuando esos ingresos no alcanzan, el Estado se endeuda —en beneficio de la banca— y la factura se paga después mediante recortes en sanidad, educación y servicios sociales, y privatizaciones. En cualquier caso, es la clase trabajadora quien acaba cargando con el coste.
Al mismo tiempo, vemos como el aumento del coste de la energía, ha generado un aumento del 1% del IPC llegando al 3,3%, mientras los salarios se estacan y las clase trabajadora pierde poder adquisitivo.
El gobierno no soluciona el problema. ¡La guerra imperialista que la paguen los capitalistas que se lucran con ella!
Mientras tanto, las principales compañías energéticas obtienen beneficios extraordinarios con la guerra. A fecha 2 de abril de 2026, las acciones de Repsol se habían revalorizado un 20,03% en el último mes, Endesa un 13,65%, Naturgy un 8,08% e Iberdrola un 5,49%.
Ante esta situación, el gobierno ha propuesto —junto a otros ministros europeos— un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas, dirigido a la Comisión Europea. Sin embargo, se trata solo de una propuesta en estudio, que llega tarde (los superbeneficios son visibles desde hace más de un mes) y que, aun cuando se aprobase, difícilmente cubrirá los costes ya asumidos por los contribuyentes. Por otra parte, Grecia ha demostrado que, unilateralmente, se puede establecer un tope a los márgenes de beneficio en carburantes y otros productos básicos.[3]
Aunque podamos apoyar cualquier impuesto sobre los beneficios de las energéticas, se trata de una medida insuficiente y muy parcial. El problema de los altos precios de la energía no es algo coyuntural, sino un problema estructural derivado de la privatización de las empresas energéticas públicas (llevada a cabo por el gobierno del PSOE de Felipe González y culminada por el PP de Aznar) que convirtieron al mercado energético en un mercado casi monopolístico.
El oligopolio energético (la producción y la distribución de la energía concentrada en unas pocas empresas privadas multinacionales) lleva a un encarecimiento sistemático de los precios (al contrario de lo que pregonaban los partidos que las privatizaron con la excusa de que la competencia reduciría los precios).
Además, el hecho de que sean sociedades privadas que cotizan en bolsa orienta sus prioridades hacia la rentabilidad para los accionistas, en lugar de hacia el interés público (como ocurre con la Red de Energía Eléctrica, solo participada en un 20% por el Estado).
Todo ello repercute negativamente en el bolsillo de los consumidores, pues los precios se determinan a través de un mecanismo absolutamente especulativo en los llamados <mercados de futuros> según lo cual, lo que va a costar viene dado por el precio más alto entre los diferentes sistemas de producción (eólico, nuclear, térmica, gas, etc.)
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Por lo tanto, la única medida que puede frenar de forma definitiva la escalada de precios de la energía y asegurar esta como un bien público estratégico para toda la población que no puede estar sujeto a las necesidades de lucro de los grandes accionistas, es la nacionalización sin indemnización de las empresas energéticas, poniendo éstas bajo control de la clase trabajadora.
Igualmente, las medidas anunciadas por el gobierno para avanzar hacia una supuesta transición ecológica, que es imposible bajo el capitalismo, no son sino una coartada para subvencionar con dinero público a empresas privadas, especialmente del sector del automóvil, cuyo objetivo, más allá de la propaganda, no es sino diversificar la producción para asegurar las ganancias de las empresas automovilísticas, en un contexto de declive de los combustibles fósiles. Los beneficios de las energéticas deben ser invertidos en una verdadera transición energética planificada democráticamente en base a las necesidad sociales y ecológicas, reconvirtiendo los empleos industriales hoy basados en energías fósiles, en empleos verdes.
Este gobierno que declara su no a la guerra, no ha dejado de aumentar el gasto militar. Frente a la deriva de este y todos los gobiernos de destinar ingentes cantidades de dinero para el rearme, hay que revertir con la presión y la lucha en la calle la necesidad urgente de que ese dinero se destine para necesidades sociales: salarios, pensiones, servicios públicos, vivienda e infraestructuras.
Exigimos un tope a los precios de los combustibles y la electricidad además de transporte publico gratuito. Y ante la amenaza de las empresas que trasladan el coste de la energía al resto de mercancías del mercado, exigimos un tope al precio de alimentos básicos, así como la actualización automática de los salarios con el IPC.
Estas son algunas de las medidas que permitirían controlar la inflación, los precios y garantizar de forma universal los suministros básicos, de forma que la guerra no la paguen las y los trabajadores, sino los multimillonarios que se benefician de ellas.
Los malabarismos del parlamento para ocultar la realidad
Con las medidas de estos decretos (y la falta de ellas) se observan dos mecanismos mediante los cuales el gobierno transfiere recursos de los trabajadores hacia las empresas,
El primero es directo: ayudas explícitas a las empresas para llevar a cabo la mal llamada «transición ecológica» (subvenciones al coche eléctrico, a tecnologías «verdes», etc.). El segundo es indirecto: deducciones y desgravaciones fiscales que reducen los ingresos del Estado y que, a corto o largo plazo (vía deuda pública), se traducen en menores recursos y servicios públicos para la mayoría.
El ejemplo clásico son las desgravaciones por reducir o contener el precio del alquiler de las viviendas, las desgravaciones para la transición de la matriz de las empresas que funciona con combustibles fósiles a renovables o eléctricas. De esta manera, los ricos son cada vez más ricos (siguen con su acumulación de capital) y los pobres son cada vez más pobres.
La socialdemocracia actual (léase también social-liberalismo) en vez de solucionar los problemas generados por el capitalismo enfrentándose a sus responsables (fondos de inversión, multinacionales, bancos, entidades financieras, etc. o sectores privilegiados del propio régimen) sistemáticamente, casi sin variación, endosa el coste de la solución de esos problemas al Estado cuyo aporte financiero es mayoritariamente la clase trabajadora (pues es la que aporta la mayoría de sus ingresos).
Dicho de otro modo, es la clase trabajadora quien paga por los platos rotos de la burguesía, produciéndose con estas políticas “progresistas”, en ocasiones, un trasvase de la riqueza de las clases populares a la parte más rica de la sociedad (al contrario de lo que pregonaba la socialdemocracia clásica con su llamada redistribución de la riqueza) y, en otras ocasiones, meramente una redistribución del salario, de los trabajadores más acomodados a sectores de trabajadores más pobres y normalmente excluidos del mercado de trabajo.
Sin embargo, con estas medidas la supuesta izquierda aparece como el campeón de las políticas progresistas pues los ingresos que sustentan la acción del Estado aparecen como una nebulosa de misterio y desconocidos por la mayoría de la población, cuando en realidad salen de esa misma mayoría.
Por su parte, la bajada de impuestos que reclama el PP solo agravaría el problema pues esta va dirigida a favorecer aún más a los que más tienen, en perjuicio de los demás contribuyentes y de la clase trabajadora en general. Sin progresividad fiscal real —que los ricos paguen más y los trabajadores menos—, el problema de la desigualdad social está aún más lejos de solucionarse, en un sistema que ya saquea a los trabajadores, donde no se cuenta ni con el paliativo de la redistribución de la riqueza. La no intervención que preconiza la derecha extrema y la extrema derecha apunta en el mismo sentido.
En definitiva, las medidas por la guerra de Irán, siguen la misma lógica de las que fueron aprobadas frente a la guerra de Ucrania o la pandemia COVID-19. Estarán costeadas por las arcas públicas, engrosando la deuda, el déficit y generando recortes el día de mañana, mientras los beneficios empresariales suman récords.
Tanto el gobierno actual del PSOE como el PP allá donde gobierna, acaban beneficiando a los de siempre y perjudicando a los mismos, pero por vías distintas. Todo el juego parlamentario se construye sobre la ilusión de que los partidos de un lado y del otro representan los intereses de clases diferentes. Pero ninguno de ellos aplica las medidas que realmente necesitamos la clase trabajadora.
[1] https://sede.agenciatributaria.gob.es/static- files/Sede/Tema/Estadisticas/Estadisticas-impuesto/Irpf-patrimonio/Irpf/Documentacion/Infografia.pdf
[2] En base a datos aportados en https://share.google/aa8bljMYhL2PXT8dg (elEconomista.es) (31/03/2026)
[3] Topes de precios, inspecciones y rebajas fiscales: Europa reacciona al shock energético. Artículo de Vozpopuli.com de 12/03/2026 https://www.vozpopuli.com/economia/topes-de-precios-inspecciones-y-rebajas-fiscales-los-paises-de-la-ue-reaccionan-al-shock-energetico.html
