El 1 de febrero, organizaciones agrarias como Vía Campesina, llamaron a unificar la respuesta a los acuerdos de libre comercio que la UE quiere establecer con el Mercosur, con Nueva Zelanda o Australia, lo que significaría la entrada masiva de productos de bajo precio y con unos estándares de calidad inferiores a los europeos, como ya está sucediendo con los productos marroquís, israelís o egipcios. Esta liberalización del mercado sería, también, la puerta abierta a la entrada de los fondos de inversiones estadounidenses, británicos y europeos, que ya dominan la agricultura en América Latina.
Por: Roberto Laxe
Es obvio que los campesinos no quieren perder la calidad de vida que les ha dado la protección de la UE, y la garantía de unos precios competitivos a través de su subvención con Política Agraria Común, que con estos acuerdos de Libre Comercio ser verían comprometidos.
Lee aquí | Separar el trigo de la paja
La estabilidad de la UE en entredicho
No se puede olvidar que la estabilidad de la CEE, primero, y después, la UE se dio por un pacto social a tres bandas, la burguesía, el proletariado, al que le «concedieron» el estado de bienestar a cambio de renunciar a la revolución (la integración total de los partidos obreros y las cúpulas sindicales en el sistema), y el campesinado, al que directamente compraron a través de los presupuestos de la UE. Destinan al campo el 30% de todo el presupuesto europeo a través de la PAC.
Hasta ahora, las políticas de recortes sociales y de control del déficit que había golpeado sobre los derechos sociales de los sectores asalariados de la sociedad no habían repercutido de una manera tan dura sobre los campesinos, incluso siendo, como es, una PAC profundamente injusta. Como dice la declaración de Vía Campesina, “el 20% de los mayores agricultores europeos, que a menudo ni siquiera trabajan en sus explotaciones, reciben el 80% de las ayudas públicas, mientras que la mayoría de los agricultores de explotaciones pequeñas o medianas reciben poco o nada”.
Pero el mundo actual no es el de hace 50 años, y en la reforma que entró en vigor en enero del 2023 se acordó una reducción progresiva de las ayudas (complementos) en la nueva Política Agrícola Común, por tramos que van desde el 25% hasta el 100% de la renta. Muchos campesinos van a perder las ayudas de la UE o las verán reducidas significativamente; aunque se siga un criterio progresivo en esta reducción, lo cierto es que serán los menos productivos y los más pobres lo que los sufrirán de manera más dura en sus ingresos. Al gran capitalista, con explotaciones altamente concentradas, tecnificadas y productivas no le va a suponer una gran perdida.
La burguesía europea, porque esto afecta a toda Europa, como se puede comprobar con la extensión territorial de las movilizaciones, desde Alemania hasta Italia, desde Polonia hasta Portugal, apuesta abiertamente por la entrada de los fondos de inversión en un sector muy depauperado por la reducción de los precios de los productos agrícolas y el aumento de lo que los propietarios llaman “costes de producción”.
Además, el esfuerzo de guerra que acordaron en la Cumbre de la OTAN de Madrid del 2022, de destinar un mínimo del 2% del PIB a los gastos militares, tiene repercusiones más que obvias en las ayudas a los campesinos, agricultores y ganaderos. El mundo ya no vive en la bola de cristal de los años 60, cuando surgió la PAC, ni la de los años 90 tras la restauración del capitalismo en la URSS y los estados obreros; sino que es un mundo atravesado por una cerrada competencia interimperialista e intercapitalista, y el campo no iba a ser ajeno a estas contradicciones.
La reducción de ayudas y subvenciones al campesinado europeo, la liberalización de los mercados y la entrada de mercancías de bajo coste y con estándares de producción inferiores a los exigidos en la UE, va a empobrecer a un sector social que había sido la garantía de la estabilidad de la Unión Europea, alimentando los ultranacionalismos pequeño burgueses alrededor de los viejos estados nacionales.
Lee aquí | La revuelta de los tractores llega al Estado español
De nuevo, la «alianza obrero campesina»
La nueva Política Agraria Común de la UE, al reducir drásticamente las ayudas que los empobrece, amenaza con devolverlos a la situación de preguerra, cuando se defendía la “alianza obrero campesina” frente al gran capital y la burguesía. A lo largo de estos 70 años esta perspectiva había desaparecido a través de la PAC y las ayudas a la producción y a la renta de la tierra, pero la crisis del capitalismo quiere devolvernos al pasado.
La jornada del 1 de febrero, con campesinos de diversos países ocupando las calles de Bruselas, señalaron un camino que debería ser recorrido por la clase obrera, la unidad continental contra las decisiones de la Comisión Europea, pues es ahí donde se unifican las políticas de los diferentes estados. La PAC es una política de la burguesía europea y así hay que enfrentarla para derogarla; pero no desde las autoafirmaciones nacionalistas del “sálvese quien pueda”. Bajo esa consigna, “aquí no se salva ni dios”.
No es con “más mercado”, aunque este sea controlado y subvencionado; el mercado beneficia a los que producen más con menos “costes de producción”, y esto solo lo pueden llevar a cabo la gran agro industria que tecnifica hasta la ciencia ficción, la producción agrícola. “El pez grande se come al chico” que la PAC actual solo alimenta.
Una retribución justa de los productores agrícolas no se consigue a través del mercado, este empobrece a la mayoría y enriquece a una minoría, sean grandes propietarios o la agro industria ligada a los fondos de inversión y el capital financiero; sino solo planificando en función de las necesidades sociales de alimentación y repartiendo equitativamente la riqueza generada se puede llenar de contenido esa exigencia de “precios justos”; que no es otra cosa que una forma desvirtuada de “retribuciones justas” para los productores reales.
Para ello, hay que establecer un organismo público europeo que garantice el monopolio estatal de la distribución, fijando los precios de origen y final. Un organismo que debe estar bajo control de la clase trabajadora del campo, los pequeños productores y consumidores.
En este camino se acabará con la especulación con los insumos que el productor agrícola necesita, maquinaria, combustible, piensos, etc., así como con las maniobras de las grandes distribuidoras y envasadoras, todas ellas en manos privadas y en casos del mismo capital financiero que se quiere hacer con la producción agrícola. La nacionalización no solo debe ser de la tierra, sino también de los medios de producción, distribución y financieros, acabando con la condena a los bajos ingresos de los productores rurales que permita el establecimiento de un control de los precios de los productos de la tierra.
De esta manera, los sectores productivos del campo, del mar o de la ciudad, la clase obrera y los pequeños productores, se podrán dar la mano frente a los grandes propietarios beneficiarios de la PAC, los grandes conglomerados de la distribución y la producción, y, de últimas, el capital financiero del que los fondos de inversión son una parte.
En la frase “si el campo muere la ciudad no come” hay un elemento de verdad, el capitalismo se basa en la agonía permanente del campo para especular hasta lo indecible con uno de los bienes de primera necesidad de la que la ciudad carece, la alimentación sana. Romper esta división entre el campo y la ciudad es una de las grandes tareas de la revolución socialista.