El Consejo de ministros aprobó el pasado 16 de noviembre el indulto parcial a Juana Rivas, después que el Tribunal Supremo rechazara concederle el indulto total. Como hemos denunciado muchas veces, el caso de Juana Rivas no es un hecho aislado. A ella como a otras muchas mujeres que sufren violencia machista, la justicia y las instituciones, no sólo no le han brindado la protección que necesitaba, sino que se le ha castigado por atreverse a desobedecer una sentencia judicial injusta, castigando con ello también a los dos menores al impedirles ver a su madre.

Lamentablemente, el indulto parcial del gobierno, dejaba la decisión sobre si Juana Rivas podía o no salir ya de prisión, en manos de Manuel Piñar, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que en julio de 2018 condenó a cinco años de cárcel a Juana Rivas. Este ha denegado la petición de su abogado defensor de dejarla en libertad, pese a que reúne todos los requisitos para ello, sólo le falta por cumplir nueve meses del total de su condena y se le ha devuelto la patria potestad sobre sus hijos.

Los motivos son que según él, Juana Rivas «no se ha arrepentido» de lo que hizo. Y que (también según “su” interpretación), dejarla libre “podría representar un grave peligro para sus hijos”, ya que hay “indicios” de que el menor de ellos sufriera abusos sexuales cuando estaba bajo la custodia de Juana. El  juez apoya su decisión, en un procedimiento por posibles abusos al menor de hace cuatro años que finalmente se archivó por falta de pruebas y sobre el que la Audiencia Provincial de Granada dictó en su día el  sobreseimiento provisional. 

Hablamos de un magistrado que desde hace años viene manifestando públicamente y sin ningun pudor, sus posiciones misóginas y machistas, además de racistas. Un juez que rechaza las leyes contra la violencia de género, y que es autor de varias sentencias polémicas en las que lejos de apoyarse en hechos probados, acostumbra a justificar sus decisiones  en base a suposiciones personales o  a sus posicionamientos ideológicos. 

Su señoría nunca ha reconocido el maltrato al que Juana Rivas y sus hijos han sido sometidos por Francisco Arcuri. Recordemos que cuando ésta decidió escapar de Italia y no entregar a sus hijos, denunció en España al padre y que este ya había sido condenado en 2009 por maltrato, lo que con la legislación actual, le hubiera supuesto incluso la suspensión de las visitas. Pero además en 2018 Rivas volvió a presentar denuncia contra  Arcuri por malos tratos a su hijo menor. Existen informes en los que uno de los menores relata golpes e insultos de su padre y su deseo de vivir con Rivas y no con él y era la sexta vez que Rivas lo denunciaba por maltratar a sus hijos, sin que hasta el momento haya habido ninguna respuesta por parte de la Justicia ni la Fiscalía italiana.

¡No basta cambiar las leyes! ¡Una decisión judicial que expresa la podredumbre de este régimen!

Esta decisión judicial aberrante deja dos cosas muy claras. La primera lo que siempre decimos de que de nada sirve cambiar las leyes o aprobar leyes contra una violencia machista que es estructural al sistema capitalista, sin depurar un sistema judicial heredero del franquismo, lo que empieza por inhabilitar a todos aquellos jueces y juezas que dicten sentencias machistas.

La segunda es que estamos ante un nuevo caso en el que decisiones judiciales de un aparato judicial que no hemos elegido nadie, se sitúan por encima de lo que decida cualquier institución democrática y de la propia soberanía popular, sin la cual no existe democracia posible. 

Un sistema judicial que se utiliza como tercer brazo del poder al servicio de la clase dominante y cuyas sentencias reaccionarias se traducen en desahucios, prisión para jóvenes y activistas, recortes de leyes aprobadas por parlamentos o prohibición de referendums, como demostró toda la política llevada desde el poder judicial contra Catalunya. Sentencias que sirven para criminalizar la protesta social e ir recortando las libertades democráticas o para asegurar los beneficios del capital, mientras deja libre a violadores, maltratadores y corruptos.

La  máxima expresión de esto es la cúpula del aparato judicial, compuesta por el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, bunker de la extrema derecha y cuyos jueces y juezas son intocables. Una cúpula judicial que es uno de los pilares en los que se apoya este régimen burgués, machista y corrupto al que llaman democracia y no lo es, que la clase trabajadora y la juventud necesitamos echar abajo para lograr nuestras demandas.

Mandamos todo nuestro apoyo y solidaridad a Juana Rivas y hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de clase a pronunciarse por su libertad.

¡Porque un maltratador nunca puede ser un buen padre y proteger a los menores de ellos no puede ser un delito!

  • ¡Libertad Juana Rivas!
  • ¡Basta de maltrato institucional!
  • ¡Depuración del Sistema Judicial, que es heredero del franquismo!
  • ¡Fuera jueces y juezas machistas!