De la Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana a la Ley Mordaza

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ​ conocida popularmente como “Ley Mordaza”, entró en vigor el 1 de julio de 2015, en sustitución de la anterior Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (1992).

Desde su desarrollo, aprobación y puesta en marcha estuvo rodeada de fuertes polémicas, incluso a nivel internacional. En este sentido, un editorial del The New York Times instó a la Comisión Europea a apresurarse a condenar la nueva Ley, así como a los legisladores españoles a que la derogaran. Una Ley que según el New York Times “le traía recuerdos de los peores días del régimen de Franco”.

Aunque durante su tramitación parlamentaria, el proyecto de Ley recibió numerosas enmiendas, la Ley fue finalmente aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015 con los votos favorables del grupo parlamentario del Partido Popular y la oposición del resto de partidos.

Su aprobación trajo consigo la inclusión de 44 conductas que se dividen en muy graves (cuatro), graves (23) y leves (17) y que, en función de la gravedad del hecho, las sanciones abarcan desde los 100 hasta los 600.000 euros como cuantía máxima. Según datos del Ministerio de Interior, desde 2015 hasta el 2020 se han emitido un total de 1.385.659 sanciones en todo el país, por las que se han recaudado más de 816 millones de euros. A esto hay que denunciar que la gran mayoría de las multas no se produjeron en los tres años siguientes del gobierno de Rajoy sino en los dos últimos años del gobierno “progresista”.

La represión fue en aumento con el Estado de Alarma

Con el Estado de Alarma por la crisis sanitaria del Covid-19, la “Ley mordaza” ha sido la herramienta en la que se han apoyado para imponer cientos de miles de multas y sanciones. Es decir, de las falsas promesas de la derogación de esta Ley se pasó a continuas campañas para criminalizar a la juventud de las consecuencias de la pandemia y castigar a tod@s aquell@s que intentaran frenar el descontento social.

Los barrios obreros fueron testigo de cómo en los momentos más duros de la pandemia el acoso, los cacheos y las multas se pusieron a la orden del día mientras en los barrios más ricos la permisividad y el mirar para otro lado era la tónica general. La prohibición de manifestaciones y la represión fue en aumento como así sucedió con la entrada en prisión de Pablo Hásel, los confinamientos y las concentraciones convocadas contra el asesinato de Samuel.

En resumen, el gobierno de coalición que se presentó en su día como el “gobierno más progresista de la historia”, el del “escudo social”, el que pregonaba a bombo y platillo que no dejaría a nadie abandonado a su suerte y  se postulaba como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, no sólo no ha derogado las lesivas Reforma Laborales cuyas graves consecuencias viene padeciendo la clase obrera en los últimos años, sino que ha aprovechado también el marco de la pandemia para recortar derechos y libertades democráticas.

Para este viaje no hacían falta tantas alforjas

Enrique Santiago, secretario general del PCE y secretario de Estado, presentaba el pasado 28 de noviembre el nuevo acuerdo que en lo sustancial no viene a cambiar nada.

La principal modificación sobre la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2014 por el gobierno del PP, será la eliminación de las sanciones contra manifestaciones no comunicadas, siempre que no generen violencia o desórdenes públicos, así como la toma de imágenes de protestas o intervenciones policiales (siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de los agentes), algo que debería ser básico para protegernos de un estado policial cuyos representantes nos someten a su albedrío con empleo desproporcionado de la fuerza, mentiras y un principio de veracidad que atenta directamente contra la libertad. Es por eso, que no deja de ser sorprendente como hace escasos días tanto el cuerpo de Policía como de la Guardia Civil ponían el grito en el cielo declarando que con esta modificación “se les deja vendidos”. Una queja que viene a confirmar la impunidad con la que dichos cuerpos vienen actuado en los últimos años cometiendo abusos a sabiendas de que estas actuaciones no tendrán un elevado coste ya que no van a estar sometidas a una rendición de cuentas independiente. También se pretende reducir el tiempo de detención sin justificación por la no identificación y acabar en lo posible con el material antidisturbios propenso a lesiones. No consta la prohibición expresa del uso de pelotas de goma, ni de las porras de acero que actualmente se reparten entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni tampoco las llamadas pistolas táser, sino la necesidad de “evitar” los elementos que causen lesiones irreparables. Además, este nuevo acuerdo mantiene las devoluciones en caliente dejándolas pendiente de la negociación de la reforma de la Ley de Extranjería. Una negociación en la que el Ministerio de Interior ya ha adelantado que las modificaciones estarán siempre sujetas a los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado español. Devoluciones en caliente que se vienen produciendo en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla y que suponen una violación de los derechos humanos en toda regla ya que se llevan a cabo sin procedimiento de identificación y sin incoar procedimiento de expulsión.

Como resulta sencillo de comprobar se trata de modificaciones que además de maquillar la actual Ley Mordaza, no van hasta el final y llevan en su propia redacción una ambigüedad calculada que en muchos de los casos dejaría en papel mojado dichos cambios.

Los más de seis años que venimos sufriendo la Ley Mordaza han estado dominados por la arbitrariedad, cercenando libertades como las de reunión, expresión e información. Por no tocar prácticamente, ni siquiera se ha tocado la presunción de veracidad de las fuerzas del orden, que seguirá vigente cuando resulte «coherente, lógica y razonable». Dicho de otro modo, bastará lo que diga un agente, sin más testigos ni soporte documental para condenar a un ciudadano como de hecho ha sucedido con el ya ex diputado de UP, Alberto Rodríguez.

Son ya tres, los años que llevamos esperando para la derogación de la “Ley Mordaza”, y tras todo este tiempo sin haber movido una sola coma del texto, el gobierno despacha este importante asunto en pocos meses. Y es que como muy bien recoge el rico y sabio refranero popular “para este viaje no hacían falta tantas alforjas”, ya que las modificaciones que se plantean siguen recogiendo buena parte del espíritu represivo del PP. El retroceso que supuso la “Ley Mordaza” en materia de libertades fue tan enorme que el margen de mejora era grande, sin embargo, PSOE y Unidas Podemos se han limitado a “suavizar” una Ley que en su día prometieron derogar algo a lo que lamentablemente ya nos tienen acostumbrados.

Entre los puntos más controvertidos que La Ley Mordaza pasó a castigar se encuentran: