El pasado diciembre, el Gobierno publicó un Decreto-ley mediante el cual afirmaba poner punto y final a los desahucios durante el Estado de Alarma. Esta noticia ha sido motivo de alegría para buena parte de las familias afectadas y activistas que vieron como la reivindicación central del movimiento por la vivienda parecía estar a punto de cumplirse.
Según el Decreto-ley, los desahucios provocados por impagos de alquileres e hipotecas quedarían paralizados, así como los derivados de okupaciones, estos últimos si se demuestra que dentro de la unidad habitacional conviven personas dependientes, menores o víctimas de violencia machista. Así mismo, se garantiza el suministro de agua a las consumidoras más vulnerables.
Pero no han hecho falta demasiados días para ver como, una vez más, nos encontramos ante una medida que ni erradica los desahucios ni soluciona la cronificación de la crisis habitacional o cortes de suministros.
Y es que no haca falta indagar demasiado para ver como en Barcelona o Sabadell, se continúan parando desahucios a pie de puerta para frenar la expulsión de familias de sus propias casas en plena pandemia. Unos desahucios que siguen adelante en buena parte por la falta del certificado de vulnerabilidad social (necesario para parar el proceso) que, de media, tarda tres meses en llegar a manos de las familias más vulnerables por parte de los servicios sociales.
Aún así, es cierto que buena parte de los desahucios han sido paralizados. Una medida que ha sido arrancada al Gobierno y Administración gracias a la presión popular del movimiento por la vivienda. Pero, ¡atención! paralizados, no es lo mismo que haber acabado con los desahucios. Es decir, únicamente se han aplazado hasta el fin del Estado de Alarma. Eso quiere decir que, como ya pasó en junio, una vez superada la primera ola de la pandemia, el desconfinamiento se traducirá en una avalancha de desahucios.
Lo mismo ha pasado con los suministros energéticos. El Gobierno ha aprobado prohibir el corte de suministro energético por vulnerabilidad social però no ha movido ni un dedo para evitar y arreglar los cortes de luz en una de las olas de frío más crudas de las últimas décadas. Y aún menos, para regular el precio de la luz, que ha experimentado un pico récord. Entonces es necesario preguntarnos: ¿de qué sirve aprobar un decreto que paralice los cortes de suministros si después en plena ola de frío, miles de familias de los barrios más pobres de ciudades como Barcelona o Badalona, se quedan sin luz durante días o si, para las trabajadoras más precarias, no pasar frío es un lujo?
Por si fuera poco, a cambio de paralizar los desahucios, el autoproclamado Gobierno “más progresista de la historia” se compromete a pagar con dinero público a los bancos, fondos buitres y grandes propietarios de viviendas afectados por la suspensión de los desahucios. En otras palabras, a rescatarlos… a un precio mayor del que conseguirían si los procesos de desahucios siguieran adelante.
Así pues, mientras las familias de trabajadores/as afectadas por EREs y ERTEs o precariedad laboral continúan sin ayudas reales y abandonados a su suerte con un futuro bien negro, el Gobierno “más progresista de la historia” se dedica a rescatar a los especuladores, máximos responsables de la crisis económica y habitacional que estamos viviendo. Además, sabiendo que en unos pocos meses los desahucios se reanudarán. Doble victoria para la banca, fondos buitre y grandes propietarios.
¿Por qué no destinan nuestro dinero en ayudas sociales reales para la clase trabajadora y el pueblo pobre? ¿Por qué no se expropian los pisos vacíos a bancos y constructoras?
Son preguntas que este Gobierno nunca responderá. Porque estamos ante un Gobierno que saca pecho y se autocorona por aparentes medidas sociales que sólo maquillan su esencia: la de un Gobierno lacayo al servicio de la banca y la patronal.
Con estas medidas parciales buscan relajarnos y desmovilizarnos en la lucha por la vivienda. Pan para hoy, hambre para mañana; o mejor dicho, migajas. Es necesario decirlo alto y claro: los desahucios paralizados y los ERTEs de hoy son los desahucios de mañana. Es por eso que es necesario no bajar la guardia, continuar luchando y construyendo las PAH y el movimiento por la vivienda para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Una lucha que pasa por el fin definitivo de los desahucios y los cortes de suministros energéticos y por la constitución de un parque de viviendas públicas bajo control popular mediante la expropiación de las energéticas y las centenares de miles de viviendas vacías al servicio de la especulación bancaria, de los fondos buitres y grandes propietarios.
Solo así acabaremos con los desahucios. Solo así blindaremos el acceso a un techo digno.