Entre otras muchas cosas la pandemia ha puesto de manifiesto dos cosas, una, que los recortes en la sanidad pública y la consecuente privatización de los servicios sanitarios provocó que fueran absolutamente desbordados por la pandemia, y dos, la propiedad privada de las patentes farmacéuticas está frenando la resolución de la crisis sanitaria a nivel mundial.
No pueden ocultar que el 80% de l@s vacunad@s a nivel mundial, lo son en los estados imperialistas, mientras en naciones semicoloniales del tamaño de la India o Brasil el Covid-19 sigue campando por sus respetos, favorecido por unas estructuras políticas corruptas hasta la médula.
Es tan evidente la contradicción entre salud pública y propiedad privada, que lo ocultan con ese binomio de la «colaboración público-privada» como eufemismo que quieren hacer extensivo a un sector tan aparentemente distinto como Alcoa y su plan de cierre de las fábricas en Galiza y Asturias. Frente ello, la política del gobierno ha sido marear la perdiz con la “posible” venta al capital privado como única salvación.
En esta línea el delegado del Gobierno en Galiza definió perfectamente qué entienden por “colaboración público-privada”, «(…) La SEPI -organismo estatal- va a estar ahí para ayudar, para colaborar, para acompañar, para mediar, pero está claro que hay empresas que están interesadas en la compra” (Europa Press, 18/06/21).
Traducido; el estado es el mamporrero de las empresas privadas, sean las farmacéuticas o las alumineras. Tanto les da la mercancía -pues para ellos, todo es una mercancía- de la que se trate, salud, aluminio o alimentación, la cuestión es cómo hacer que las empresas de la salud, del metal, etc., tengan beneficios privados.
El plan 2030, la reconstrucción de la economía y el “mantra”
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, desde la UE (y las demás potencias imperialistas) han elaborado planes/agendas con multimillonarias inversiones públicas. En los EE.UU son billonarias, en la UE, un poco más modestas, mil millonarias.
El PC Chino, por su parte, ha aprobado unos planes que llegan a los años 50, en primer lugar para internacionalizar su economía a través de la llamada “nueva ruta de la seda”, y segundo, para apuntalar su clase media e inversiones en infraestructuras ahora que la “globalización” ha entrado en crisis reduciendo las exportaciones y se están fortaleciendo las tendencias autárquicas de la economía (Brexit!).
Por otro lado, la pandemia, como vimos, ha puesto de manifiesto las consecuencias sociales y políticas de la contradicción entre salud pública y propiedad privada de los medios de producción, que ha generado estallidos sociales desde la 1ª potencia, los EE.UU, hasta países pobres de África como Senegal, pasando por media América Latina.
En esta contradicción, los teóricos de los gobiernos burgueses están retomando parcialmente las recetas que les dio muy buenos resultados en la posguerra mundial, adoptando algunas medidas del keynesianismo sintetizada en la frase de Biden ante las “quejas” de los empresarios de que no encuentran trabajador@s: “pagadles más”. Una queja que parece generalizada, puesto que los empresarios de hostelería españoles dicen lo mismo.
Este rescate del keynesianismo en el marco de un neoliberalismo dominante se traduce, no en la reconstrucción pura y dura del estado del bienestar; no lo necesitan. Enfrente no tienen a un tercio de la humanidad fuera de las cadenas del mercado capitalista en una URSS, una China no capitalista, etc., como ejemplo práctico de sociedades que funcionaban sin capitalistas; sino de una manera intermedia con la llamada “colaboración pública privada”, en la que lo público (o sea, el estado) cumple el papel que el delegado del gobierno de Galiza definió perfectamente: “… ayudar, para colaborar, para acompañar, para mediar, (…)”, no para rescatar, ni mucho menos planificar.
En realidad, no es una “colaboración”, sino poner al estado al servicio de la reconstrucción de la economía para seguir manteniendo la tesis que tanto le gusta al PP y a Rajoy, la teoría del derrame según el cual, si haces ricos a los ricos, la riqueza tarde o temprano se “derramará” por todos los sectores sociales como el champán en una torre de copas.
Los 140.000 millones y el “mantra”
Como si de la lotería se tratara, al Estado español le han “tocado” 140.000 millones de los 750.000 que la UE va a repartir para “reconstruir” la economía tras el desastre de la pandemia.
Una aclaración para que no confundan con la propaganda; la UE no es una “hermanita de la caridad” que “regala” dinero. Al contrario, la mitad de ese dinero se va a sufragar a través de “bonos europeos” creando deuda pública europea en manos de los bancos, que va a tener que pagar la ciudadanía. La creación directa de moneda (euros contantes y sonantes) por el BCE está literalmente prohibido en el Tratado de Maastricht, donde se establece que la emisión de dinero debe hacerse a través de los mercados financieros.
Y segundo, la otra mitad se financiará a través de créditos de los propios estados en las mismas condiciones que los “bonos europeos”, o sea, creando más deuda pública estatal.
Todo este dinero no va a llegar a la población directamente para reforzar los sistemas socio sanitarios, para pagar las pensiones, etc., eso está expresamente excluido de las condiciones de los préstamos y la aceptación de los planes por la Unión Europea, sino para financiar proyectos empresariales que apunten en los objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU; la transición ecológica, la economía circular, la tecnología 5G, el I+D+i, etc.
Es la versión “5G” de la teoría del derrame, darle dinero público a los capitalistas privados para que éstos, con sus inversiones, acumulen más riqueza que con el tiempo se derramará en la sociedad con la creación del empleo; ¿esto es lo que entienden por colaboración “público-privada”? Que los servicios públicos estén cada vez más desmantelados, que las pensiones del estado sean cada vez más magras no es importante, puesto que en un remedo de la frase bíblica de “Dios proveerá”, la “propiedad privada proveerá”.
Que esto suponga que los capitalistas utilicen las leyes para disciplinar a la clase obrera (leyes “mordaza”, reformas laborales, toques de queda bajo la dictadura de la “salud pública”, etc.), empobreciéndola lo suficiente para que las quejas de los empresarios de que “no encuentran trabajadores” se acallen sin necesidad de seguir el consejo de Biden (el “páguenles mejor”), tampoco importa.
Tras la pandemia, ¡el capitalismo ha muerto; viva el capitalismo “5G”!
Esta consigna es la de todos los que se autocalifican “progresistas” (“la modernización de España” dice la ministra Yolanda Diaz), con unos EE.UU que “han vuelto” para poner orden en un mundo que, a decir de los medios occidentales, los capitalistas chinos y sus amigos rusos han desordenado con pandemias y competencias desleales.
Como el capitalismo “5G” debe diferenciarse en algo del “viejo” capitalismo neoliberal que había quedado tocado en la crisis del 2007/2008, y la pandemia hundiera; un capitalismo ligado a los Trump y Bolsonaros, que ponían a la humanidad al borde del desastre, es que rescatan la necesidad del papel de lo público (el estado) en el control de algunas de sus manifestaciones más salvajes.
Frente a la ley de la selva de esos dos presidentes histriónicos y sus padres ideológicos, los neoliberales, los “chicagos boys”, etc., están popularizando la fórmula “colaboración público-privado” como si fuera una superación de los desastres generados por los “miltonfriedman”, anunciándonos un futuro verde, sostenible, con el arcoíris como bandera. El problema es que el capitalismo es, primero y, antes de nada, un sistema que se basa en la expropiación del trabajo humano y el saqueo de la naturaleza.
El capitalismo “5G” no suprime la explotación, sino que bajo una forma tecnológicamente moderna (Ipad, tabletas, móviles, y las aplicaciones correspondientes, etc.), se está volviendo a relaciones laborales más parecidas a las del siglo XIX que a las de finales del XX; ¿o acaso que una persona tenga que estar pendiente de una aplicación de móvil para que lo contraten, no es lo mismo que aquel que bajaba a la plaza del pueblo a esperar que lo recogieran? La diferencia es formal, una aplicación en el móvil sustituye a la plaza (la aldea global de Macluhan), pero el fondo, la venta de fuerza de trabajo por un salario, se mantiene.
Además, al aumentar la capacidad productiva del ser humano y del sistema en general manteniéndose la propiedad y el beneficio privado como objetivos, siendo el mercado el centro para la determinación de la producción de mercancías, las crisis de sobre producción no sólo no desaparecerán, sino que enviarán a más seres humanos a la pobreza y la exclusión.
El capitalismo “5G”, que promete un futuro verde y arcoíris -dice la leyenda irlandesa y celta que al final del arcoíris hay una marmita con un tesoro-, no puede dejar de saquear la naturaleza. Puede que acaben con el carbón y el petróleo, pero serán otros materiales como el litio y las tierras raras, el oro, el coltán, el cobre, etc., lo que provoca/provocaría la destrucción de la naturaleza con la megaminería.
El capitalismo “5G”, al no suprimir las relaciones sociales de producción, mantiene las consecuencias terribles en el ser humano producto de la alienación y la cosificación de las relaciones humanas, sino que las agudiza. Estas seguirán siendo medidas no por las capacidades de las personas, sino por el valor que el capitalismo les da a través del dinero. Las enfermedades mentales y físicas que de ello se derivan no desaparecerán; recordemos a la pasada que el 60% de las enfermedades que hoy se producen, están provocadas por unas relaciones sociales deshumanizadas y el estrés que el trabajo asalariado basado en el enriquecimiento y acaparamiento de cosas produce. En capitalismo “5G” el “tener” seguirá siendo superior al “ser”.
El control del estado y el control obrero
La colaboración “público privada”, incluso en su versión más cutre como la citada más arriba, no deja de ser un reconocimiento explícito de que si se deja todo en manos de la “mano oscura del mercado”, éste lleva a la sociedad a la crisis, al empobrecimiento y al desastre. Es el reconocimiento de que el capitalismo necesita un “control”. Pero ¿es posible que el estado, este estado pueda llevar a cabo ese control?
Desde el “progresismo” insisten en la vieja, viejísima idea de que el estado se sitúa por encima de las clases sociales, como un ente neutral que depende quién esté en el gobierno gestionará “lo común” en un sentido u otro. Esta idea se vio fortalecida a lo largo de la pandemia, cuando a comienzos del 2020 “declararon” la guerra al virus Covid-19. Con ello tapaban su verdadero objetivo, “que la economía no se hundiera”; al “humanizar” el virus como si tuviera voluntad y no fuera solo un agente patógeno que enfermaba a la gente, se desviaba el objeto del miedo de las poblaciones.
La culpa de la pandemia la tenía un “virus” como personificación del mal frente al que los gobiernos -menos los negacionistas de Bolsonaro y Trump, que se limitaron a no hacer nada- querían combatir, acertada o equivocadamente para proteger a la población. Al final el problema no eran unas estructuras económicas y políticas incapaces por definición de defender a la población, sino unos gobiernos que “gestionaban” mal esas estructuras. Se hacía abstracción del carácter de clase del estado y sus instituciones, los gobiernos al frente.
La gestión de la pandemia tuvo un eje común en todos los casos, desde los negacionistas de Brasil y los EE.UU hasta China, pasando por Europa, “que la economía no cayera”. Su gran preocupación como estados no era la salud pública, sino que la crisis sanitaria no afectara demasiado a los beneficios de los propietarios de los medios de producción, distribución y financieros, los viejos “burgueses” o “capitalistas”, y actuaban en función de este criterio.
El estado y sus instituciones, los gobiernos a la cabeza, eran las salvaguardas de esos intereses, lo gestionara quién lo gestionara; fuera Xi con la bandera “roja” o Trump con la de las “barras y las estrellas”, porque el estado no es ese ente neutral, ubicado por encima de las clases; sino que es un conjunto de instituciones que mil hilos personales, políticos e ideológicos le unen a esos intereses. No son precisas las “puertas giratorias” de los políticos para que éstos defiendan los beneficios capitalistas. El control de la economía por el estado burgués como pretenden hacer a través de la colaboración “público privada” está al servicio de esos beneficios, como bien expresa el Delegado del Gobierno de Galiza.
Frente a ese “control” que en realidad es ser el mamporerro del capital, en su acepción peyorativa como “persona que hace los trabajos desagradables, sucios y serviles en nombre de otras personas”, es preciso levantar otra perspectiva radicalmente distinta.
Haciendo un esfuerzo imaginativo por salirse de los esquemas ideológicos burgueses, según los cuales los límites de la economía capitalista son irreformables, incluso para los más progresistas (el objetivo es “mejorar la vida de las personas”, dijo el ex presidente de Uruguay, Mujica, uno de sus ídolos), intentemos ver cómo sería la gestión de la pandemia sin que el problema fuera “que la economía no cayera”.
Por ir a lo más reciente, las vacunas. Según las OMS el 80% de las personas vacunadas pertenecen a estados “ricos” -en términos marxistas, imperialistas-, y solo el 20% en los dependientes. Mientras exista la propiedad privada de la industria farmacéutica, que solo busca aumentar los beneficios, esta relación desigual se va a seguir produciendo. Está claro que hay una relación directa, “causa-efecto”, entre beneficios empresariales y porcentaje de vacunados, por lo que, solo acabando con esa propiedad privada, se podrá vacunar a toda la población de manera equitativa.
Esto, haciéndolo extensivo a todos los ámbitos de la sociedad, nos encontramos con que el problema para la vacunación es la propiedad privada, para el cambio climático es la propiedad privada, para la explotación de l@s trabajador@s es la propiedad privada de los medios de producción y distribución. Resulta que la palabra “problema” se liga como la uña a la carne a la “propiedad privada”.
Demos la vuelta a la idea. Si en vez de propiedad privada establecemos la “propiedad común” nos encontramos que los beneficios inherentes a esa propiedad privada desaparecen, y lo producido por la sociedad con su trabajo es propiedad común, es decir, de tod@s, del conjunto de esa sociedad.
Si ningún individuo tiene la propiedad de esos medios de producción y distribución, los beneficios privados no serán los criterios para la producción de mercancías y su distribución, sino que, en principio, serán las necesidades de ese “tod@s”, es decir, sociales, las que rijan los objetivos económicos. La economía estará al servicio de esas necesidades.
Se puede argüir, y con cierta razón, que esto ya se intentó en la URSS y los estados llamados del “socialismo realmente existente”, y acabó como acabó.
Cierto es. En esas sociedades el control de la propiedad común estaba en manos de un sector de ellas, que por la fuerza se habían hecho con el control de estado. No eran propietarios de nada, puesto que no podían legalmente ni dejárselo en herencia a nadie; al no haber propiedad privada de medios de producción y distribución las leyes de herencia estaban limitadas a consideraciones muy personales. Pero si usufructuaban la posesión de lo que era de todos y todas, y por esa vía se beneficiaban de su situación de poder en la sociedad. No eran capitalistas sino burócratas, en el sentido de los funcionarios de los imperios egipcio o chino, que se beneficiaban de su poder desde las instituciones en nombre del faraón o del emperador, pero no eran propietarios de nada.
El control del estado obrero no estaba en manos de l@s trabajador@s a través de sus organismos democráticos, sino en las de esos burócratas que controlaban los mecanismos del poder físico, el ejército, la policía, o ideológico; se legitimaban como herederos de las revoluciones que habían acabado con el capitalismo y conquistado la independencia nacional.
El control de los recursos de la sociedad estaba en manos de esa casta burocrática que determinaba la producción y distribución de mercancías no en función de las necesidades sociales, sino en base a sus apetencias individuales, sin el control del mercado.
A pesar de sus defectos estructurales, en el capitalismo el mercado limita de manera objetiva las apetencias individuales de los capitalistas como personas, haciendo que inversiones no rentables los conduzca a la ruina. Los burócratas tenían, como los señores feudales, todo el poder político y militar para hacer lo que les viniera en gana, sin ningún control, ni del mercado ni de la planificación democrática.
Como casta intermedia con el control de las instituciones del estado obrero, no tenía limites en su albedrío, lo que terminó desorganizando totalmente las sociedades por ellos dirigidas. Fue el Che, en su carta a Fidel del 26 de marzo de 1965 quien previó las nefastas consecuencias que tiene este papel subjetivo de la burocracia para la transición al socialismo.
El control obrero de la producción y distribución es algo totalmente distinto. En los primeros años de la Revolución de Octubre se dieron muchos elementos de ese control, pero por el atraso de la Rusia de la época, por las tareas que ello conllevaba -resolver muchos problemas de la economía capitalista como el reparto de la tierra, que se rige por las leyes del mercado y no de la planificación-, y las condiciones de guerra civil, aislamiento, etc., ese control fue muy efímero.
El control obrero sobre la producción y distribución, que responda a los criterios de la planificación democrática de la economía y la resolución de las necesidades sociales, solo será posible de manera plena en estadio de desarrollo de las fuerzas productivas muy alto. Hasta ese momento el control es político, es el dominio del sector de vanguardia de la clase obrera sobre la sociedad para romper la resistencia del capital.
Por eso, aunque la revolución pueda darse antes en países atrasados económicamente, donde las contradicciones sociales son más agudas por la inexistencia de una clase media/aristocracia obrera y sus organizaciones políticas y sindicales, que actúa de colchón social; la planificación democrática de la economía en función de las necesidades sociales sólo se dará de manera plena en el socialismo; cuando se haya superado la fase política de la revolución, es decir, en el momento en que la burguesía haya sido derrotada definitivamente.
En conclusión, el “mantra” de la colaboración público-privada desnuda a todas las organizaciones políticas progresistas, social liberales y/o de izquierdas. Todas ellas sin excepción cuando llegan al gobierno de cualquier institución, desde el más pequeño ayuntamiento hasta los gobiernos, tienen en esa colaboración la vía para la prestación de los servicios públicos que por su carácter totalmente estructural deberían estar en manos del estado, y bajo control de la clase obrera.
Sea el transporte colectivo, la sanidad, la educación, el suelo o la dependencia, esa institución entrega a la empresa privada en mayor o menor medida, la prestación del servicio. Pero no solo eso, como se vio al comienzo, ahora que la “lotería” ha caído y la Unión Europea va a regar de millones el Estado español (y el resto), va a ser esta “colaboración” la que haga el reparto de esos millones.
La “colaboración público privada” es la falacia bajo la que se oculta la entrega de todos los recursos económicos y sociales a manos privadas, quedando solo en manos públicas, las que no sean rentables. Todo lo demás es objeto de esa “colaboración”, y desmontar esta falacia se convierte en una necesidad para enfrentar la ofensiva del capital contra los derechos sociales y laborales de la sociedad.