El 6 de julio de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, popularmente conocida como la ley “solo sí es sí”, que entrará en vigor a partir de septiembre, tras la tramitación parlamentaria.

Esta ley, impulsada por el gobierno de PSOE-UP, pretende exigir consentimiento explícito ante las relaciones sexuales, ampliando la antigua Ley de modo que las mujeres tengamos más protección ante una agresión sexual. Lo que quiere decir que el consentimiento será positivo si se ha manifestado con una voluntad clara de la persona. Esta reivindicación junto a la de acabar con la anterior distinción que mantenía el Código Penal entre abuso y agresión sexual, era una de las reivindicaciones más sentidas en las calles y para la que hemos tenido que esperar cinco años desde La Manada de Pamplona en las mismas fechas. A partir de ahora, las víctimas no tendrán que demostrar que se resistieron, sólo que no consintieron.

¿Para cuándo una Educación 100% pública, laica y en igualdad?

La Ley contempla medidas en distintos ámbitos para prevenir, sancionar y supuestamente «erradicar» las violencias sexuales y garantizar la libertad sexual. Así, se vuelve a hablar como en otras leyes, de llevar a cabo una «Educación sexual en igualdad y diversidad afectivo sexual para todo el alumnado, en todos los niveles educativos». Pero esto resulta poco creíble cuando la Ley Celáa no ha supuesto el incremento del presupuesto para la Educación pública que llevamos años demandando. Además, la educación sigue bajo las garras de la Iglesia católica, que continúa omnipresente en las aulas y mantiene sus privilegios e imposiciones, a través de la educación concertada.

Menos recomendaciones y premios y más garantías.

Igualmente, la Ley recoge medidas en el ámbito laboral que no pasan de ser meras recomendaciones («se podrán establecer medidas….la empresa promoverá condiciones de trabajo que eviten»…). Es el colmo que se pretenda que las empresas que adecuen su funcionamiento a la Ley, sean reconocidas con el distintivo de «empresas respetuosas con la libertad sexual». ¡No hay nada que premiar! Todas deben serlo y sabemos que la única forma de garantizar esto es que haya protocolos obligatorios de prevención y actuación frente al acoso sexual con medidas claras, objetivas y evaluables que sean parte de la negociación del plan de igualdad en cada empresa.

Con racismo y xenofobia no hay libertad sexual posible

Especialmente preocupante es la situación de mujeres inmigrantes en situación irregular, muchas de las cuales trabajan en el sector doméstico y de cuidados en el hogar, donde el acoso sexual resulta muy dificil de probar. Se les reconoce el derecho a que no se les abra expediente sancionador o se paralice una órden de expulsión si es el caso y también a un permiso de trabajo y residencia temporal si pueden probar la agresión sexual.

¿Pero qué pasa si no consiguen demostrarlo en el proceso judicial como ocurre en muchos casos? Pues que el procedimiento penal por estancia irregular sigue su curso y pueden llegar a ser expulsadas.

Mientras no se derogue la racista y xenófoba Ley de extranjería, hablar de erradicar la violencia sexual y sobre todo de «libertad sexual» para las inmigrantes, es una pura quimera.

También por primera vez, será delito el acoso callejero, como los silbidos y “piropos”. Pero, ¿tenemos forma de demostrar esto? Cuando alguien nos está acosando en la calle, la única forma que tenemos de demostrarlo es mediante testigos o documentos audiovisuales, lo cual es bastante complicado de conseguir.

Otra de las novedades es que se incluyen medidas para la protección de la libertad sexual de mujeres trans y las personas no binarias. O la penalización de la violencia digital que especialmente las jóvenes sufrimos por las redes sociales y que se ha ido incrementando en los últimos años. También se habla de la necesidad de tener profesionales formados que acompañen a las víctimas y ayuden a determinar la sentencia junto con el juez. Estas figuras servirán también de intermediarias para que éstas no se vean obligadas a testificar frente a su agresor.

¡No basta con cambiar las leyes!

La Ley se limita a recoger la formación en igualdad en la judicatura y la carrera fiscal y la obligación de incluir en la formación continua de jueces y fiscales, «temas dedicados a la perspectiva de género». Así, el sistema judicial español que es heredero de la dictadura franquista, heredando incluso la jurisprudencia y altos cargos, se mantiene intocable y no se cumple con otra de las reivindicaciones más sentidas en las calles estos años, que es la Depuración del Sistema judicial, lo que empieza por inhabilitar a todos aquellos jueces y juezas que dicten sentencias machistas.

¡Tampoco con limitarse a cerrar burdeles! ¡Necesitamos alternativas reales de vida!

Por otro lado se habla por fin de perseguir a los proxenetas, uno de los principales focos del machismo, ya que se lucran vendiendo y explotando el cuerpo de mujeres. Nos alegramos que el gobierno haya decidido atacar la industria proxeneta, penalizando » a quienes destinen un local o establecimiento a la explotación sexual de la prostitución». Pero esto no puede hacerse sin ofrecer una alternativa real para las mujeres prostituidas (en su mayoría inmigrantes).

Una Ley que persiga el proxenetismo sin garantizar alternativas habitacionales, condiciones de vida y de trabajo para estas mujeres (algunas de las cuales también alquilan y comparten pisos entre ellas para ejercer la prostitución por lo que con esta Ley podrían ser multadas), sólo servirá para perseguirlas y criminalizarlas, en vez de ofrecerles una solución.

Además, no se habla de la otra cara de la moneda, la pornografía, ya que nadie comprueba si detrás de las cámaras se aplica la Ley del solo sí es sí, y encima educa a nuestra sociedad a tener relaciones sexuales más violentas, sobre todo teniendo en cuenta que no se imparte a nuestros jóvenes una asignatura de educación sexual en los institutos.

¡De promesas tenemos bastante! ¡Exigimos presupuesto para hacerlas reales!

Hay que explicar que pese al avance que supone esta Ley, muchas otras reivindicaciones de las mujeres se han quedado también en el tintero. La Ley no prevé mecanismos para agilizar los procesos judiciales, de manera que las víctimas continúan esperando años antes de poder llevar su caso a juicio. Es urgente revertir esta situación para permitir a las víctimas avanzar cuanto antes en su proceso de sanación. No podemos permitir que continúe sucediendo lo que ocurrió en el caso de La Manada, en el que el caso no llegó a sentencia hasta 3 años después de la denuncia, obligando a la víctima a revivir aquel momento.

Esta Ley, en sus partes más progresivas y con todas sus carencias, estará como todas las leyes en favor de la igualdad, completamente condicionada por los recursos que se inviertan. Más aún con una crisis económica que se profundiza tras la pandemia. Es por ello que debemos exigir un aumento de los presupuestos del estado en materia de violencia de género para asegurar que cada una de las medidas de esta Ley no quede en papel mojado. Un ejemplo son los «Centros Crisis» que recoge la norma como espacios especializados para atender a estas mujeres y para la que se han destinado 20 millones de euros de los fondos europeos. Pero tendremos que esperar al menos hasta 2023 para que haya uno en cada capital de provincia, lo que seguirá dificultando su acceso para quienes viven en entornos rurales.

Hablamos de un gobierno que ha sido incapaz de priorizar la vida, incapaz de invertir en educación o sanidad durante una pandemia mundial, incapaz de revertir los recortes al sector público que se acumulan desde hace años y desangran a la clase trabajadora; ¿por qué deberíamos creer que realmente invertirá recursos para proteger a las mujeres?

Esta Ley no es, en ningún caso, un regalo del gobierno “más progresista de la historia”, es una victoria arrancada a la fuerza por el movimiento feminista. Sin las manifestaciones en contra del juicio de La Manada, sin los ochos de marzo masivos y sin la lucha incansable de todas las mujeres trabajadoras que han tomado las calles una vez tras otra en los últimos años, esta Ley no habría visto nunca la luz.

Desde Corriente Roja celebramos la Ley del solo sí es sí como una primera victoria para las mujeres y para toda la clase trabajadora, y creemos que el camino debe continuar por la lucha, sin confiar en que ningún gobierno vaya a regalarnos nada.

  • ¡Depuración ya del Sistema judicial! ¡Fuera jueces y juezas machistas! 
  • ¡Agilización de procesos judiciales ¡Todos los violadores a prisión!
  • ¡Educación sexual como asignatura curricular!
  • Protocolos obligatorios de prevención y actuación frente al acoso sexual por razón de sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género.
  • ¡Aumento drástico de recursos y presupuesto para Servicios de prevención, atención y protección a las víctimas! ¡No al pago de la deuda!
  • ¡Abajo la Ley de Extranjería!
  • ¡Alternativas habitacionales y laborales para mujeres maltratadas y prostituidas!
  • ¡Gobierne quien gobierne, los derechos de las mujeres se defienden!