Si algo ha caracterizado al gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos a lo largo de su legislatura es la enorme publicidad y propaganda que han rodeado cada una de las medidas que han ido anunciando.
El 29 de mayo de 2020 se aprobaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV), calificado por el ex vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz como “el mayor avance en derechos sociales desde la ley de dependencia”. Pero pocos meses después, la realidad desmintió a la propaganda. La UGT, sindicato nada sospechoso de posiciones anti-gubernamentales, declaraba que de las casi 715.000 solicitudes presentadas solo se habían resuelto 32.629 y, de estas últimas, más de 28.000 habían sido denegadas.
En diciembre del mismo año se acordaba la nueva Reforma Laboral que en boca de Yolanda Díaz no se trataba de “un retoque”, sino de “un cambio de paradigma fundamental”. «Hemos conseguido en un año de Reforma Laboral lo que no se consiguió durante los 40 años anteriores». Con la nueva Reforma (que finalmente no se derogó a pesar de ser parte del acuerdo de investidura) nos trataron de convencer que la precariedad y la temporalidad iban a desaparecer. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó sobradamente demostrado que las empresas siguen teniendo en sus manos diferentes mecanismos para seguir perpetuando esa temporalidad bajo la máscara de un contrato fijo: los contratos fijos discontinuos. Este tipo de modalidad, aunque sea considerada indefinida porque no tiene una fecha de término, en realidad no lo es. En la práctica, realizan una actividad estacional durante algunos meses y están sin trabajo durante una gran parte del año. Otra conclusión que podemos extraer de dicha reforma es que se ha incrementado la segunda causa de pobreza en el empleo: la parcialidad. Lo que nos lleva otra vez a pensar que la precariedad laboral simplemente se está trasladando de una modalidad a otra.
La Ley de Memoria Democrática que según el ministro Félix Bolaños «Pasaba definitivamente página de la etapa más negra de nuestra historia, de la Dictadura y de la Guerra Civil, y abrazamos y reivindicamos lo mejor de nuestra historia, a las personas que lucharon por la democracia, por la Transición, por la Ley de Amnistía y por la Constitución». Y que en opinión de la mayoría de colectivos memorialistas sigue sin resolver el principal escollo: la derogación de la Ley de Amnistía que fue una ley de punto y final para absolver los crímenes de la dictadura y proteger a esos criminales que hoy siguen en posiciones de enorme poder. Una ley que a día de hoy sigue siendo uno de los principales obstáculos para facilitar verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
O La Ley de Vivienda y la subida del SMI que también vendieron como un enorme avance para la clase trabajadora y no han sido más que migajas y un nuevo incumplimiento de otra de sus promesas estrellas como era la cuestión de la vivienda donde el número de desahucios no ha dejado de crecer.
En este sentido y como parte de ese balance triunfalista del gobierno, hemos asistido en estos últimos días a un nuevo pacto alcanzado entre el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, y el nuncio apostólico para acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia en el Estado español: “Ya nadie podrá decir que la Iglesia está en una situación privilegiada» declaró el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal.
Pero, ¿es cierto que se ha puesto fin a los privilegios fiscales de la Iglesia en el Estado español? o por el contrario, ¿asistimos una vez más a una nueva campaña de autobombo a la que ya nos tienen acostumbrad@s? Veamos:
El gobierno se comprometió en su programa a revisar la fiscalidad de la Iglesia y a quitar la exención del IBI en los edificios no dedicados al culto, pero lejos de ese compromiso lo que el gobierno y la institución católica ha pactado es la renuncia a la exención de dos pequeños impuestos de carácter local que en realidad son «el chocolate del loro« (1). Para Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica se trata de “una cortina de humo para ocultar otros temas más importantes a resolver sobre la relación Iglesia-Estado». Su organización exige la derogación de todos los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede «como condición inexcusable y democrática para avanzar en la libertad de conciencia y la laicidad del Estado».
En realidad, la Iglesia comenzará a pagar dos impuestos de los que había estado exento durante las últimas décadas: el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Contribuciones Especiales, que según cálculos del Gobierno, aportarán a las arcas unos 16 millones de euros al año. Es decir, la Iglesia tendrá que abonar la tasa correspondiente cuando realice obras en los inmuebles de su propiedad o en zonas o elementos de titularidad municipal pero que son privativos de esta entidad. La escenografía que hicieron Iglesia y Gobierno donde resaltaban que el impuesto ICIO ahora sí se va a pagar, oculta que este asunto ya estaba cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia de 2017 que obligaba a los obispos a pagar dicha tasa debido a unas obras de ampliación en un colegio de Getafe tras una denuncia del propio consistorio.
En cambio, la Iglesia continuará sin pagar por sus inmuebles tributos como el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, lo que certifica que la Iglesia sigue manteniendo en el Estado español enormes ventajas fiscales. Algo que el Ejecutivo se planteó modificar en 2018 pero que no se ha llevado a cabo durante todo su gobierno. Para Europa Laica, solamente del IBI, son más de 700 millones de euros al año los que se dejan de ingresar en las arcas públicas, incluyendo bienes rústicos y urbanos, destinados al culto o no. Concretamente en las cinco mayores ciudades españolas, según datos de los propios ayuntamientos, superan los 15 millones al año. Hay que tener en cuenta que entre 1998 y 2015, las inmatriculaciones de bienes realizadas por la Iglesia fueron 34.961. De éstas, 20.014 eran templos o dependencias complementarias y 14.947 de otras características (terrenos, solares, viviendas, locales, etc.). La inmensa mayoría (30.335) se llevaron a cabo únicamente con «la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente». Es decir, la de certificar la propiedad de cualquier inmueble sin necesitar un título de propiedad.
La Iglesia se escuda en que todas las entidades no lucrativas, se benefician de un régimen fiscal especial establecido en la famosa Ley de mecenazgo (2), al considerarse que prestan un servicio a la sociedad y contribuyen al bien común. Un argumento que carece de peso ya que no se puede equiparar el inmenso número de bienes que posee la Iglesia a lo largo de todo el territorio español con el de organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones de partidos o sindicatos, que también disfrutan de esta ventaja fiscal. La Iglesia sigue siendo actualmente uno de los mayores propietarios de inmuebles en el Estado español.
Por último, señalar que el pasado mes de febrero, la Conferencia Episcopal informó que el importe total asignado a la Iglesia a través de la Declaración de la Renta 2022 se situó en los 320.723.062 euros, un 8,5% más que el año anterior. El IRPF es un privilegio que sigue teniendo la Iglesia Católica en contra de la aconfesionalidad del Estado.
(1) «El chocolate del loro»
Es una expresión que se utiliza para designar aquella situación en la que tratan de equilibrar la economía doméstica prescindiendo únicamente de pequeños gastos, sin entrar en los grandes.
En el Madrid dieciochesco, un agasajo no era tal si no había una taza de chocolate como parte del mismo. El producto era caro y así, habitualmente los indianos, hacían alarde de sus riquezas. Alguno de estos indianos se habían traído un loro de su época en América, que mostraban orgullosos en el salón de su casa. El loro, dentro de su lujosa jaula, tenía un recipiente con chocolate para que picoteara, a pesar del coste del manjar.
Cuando alguno de estos acaudalados que había ofrecido chocolate por doquier, incluso a su loro, comenzaba a decaer económicamente, privaba al pobre animal del capricho. Pero seguía ofreciendo chocolate a los invitados a sus fiestas, ya que de otro modo quedaría de manifiesto su penuria.
(2) Ley de mecenazgo
Esta Ley tiene por objeto regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos definidas en la misma, en consideración a su función social, actividades y características. De igual modo, tiene por objeto regular los incentivos fiscales al mecenazgo.