La investidura de Pedro Sánchez del pasado 16 de noviembre consiguió los votos de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria (179 votos), pivotando claramente en la nueva Ley de Amnistía y en el “café para todos” del autonomismo al que se aferran los partidos nacionalistas.
Por: Corriente Roja
Todo ha girado en torno a encontrar una salida en el marco de la actual aritmética parlamentaria que permita seguir aplicando los planes de la UE, aunque para ello haya que defender los maridajes más insólitos, como el repentino “progresismo” del PNV, Junts o Coalición Canaria.
Si hoy el PSOE representa la carta más segura del IBEX y la Troika, es por haber reconducido a la vía muerta de las instituciones las distintas crisis abiertas desde el 2008, logrando además la cooptación total de Podemos al Régimen del 78.
También ha jugado un papel crucial en la reconducción de los partidos independentistas catalanes a la vía de la “convivencia” para acabar de cerrar el proceso de desestabilización del Régimen monárquico que supuso el 1-O y la lucha post Sentencia.
Además, su gestión neoliberal de la pandemia consistió en transferir dinero público a las grandes empresas, mientras la economía de la clase obrera mermaba al son de los aclamados ERTEs y la posterior creación de empleo basada en jornadas parciales y contratos temporales.
Los acuerdos de investidura
En los acuerdos de gobierno para la investidura, Sumar ha prometido mantener el aumento del Salario Mínimo hasta llegar al 60% del salario medio, reducir la jornada laboral hasta 37,5h semanales y recaudar el 15% efectivo sobre los beneficios de las grandes empresas a través de los impuestos de sociedades.
La CEOE no ha tardado en denunciar estos acuerdos de “atropello constitucional”. Pero más allá del relato de la Ministra de trabajo, lo que han pactado ha sido seguir legislando al son de los dictados de la UE, tal como admitió la misma CEOE ante la aprobación de la última Reforma Laboral llevada adelante por Díaz.
Lee aquí | Acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos, ¿realmente se deroga la Reforma Laboral?
Con el PNV se ha acordado abrir la puerta a la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco. Acuerdo muy útil para el estado central, al que se ha sumado EH Bildu a cambio de promesas abstractas como “la ampliación de los derechos sociales y económicos de los trabajadores vascos y del Estado, en la consolidación de políticas que fomenten la paz y la convivencia democrática en Euskal Herria, y en la apertura de un debate en torno a la plurinacionalidad del Estado y los derechos nacionales de nuestro pueblo”.
La negociación con los partidos catalanes, ERC y Junts, ha sido el centro del pacto de investidura con el eje en una Ley de Amnistía, que solo se ha podido conseguir gracias al fuerte movimiento que se alzó al calor del Referéndum del 1-O y la Huelga General catalana del 3-O que hizo temblar los cimientos del Régimen y, posteriormente, con las masivas movilizaciones post Sentencia en 2019.
La realidad es que esta Ley de Amnistía, que ha sido elaborada y negociada a espaldas del pueblo catalán, deja mucho que desear, ya que, afectará a poco más de 300 encausados y encausadas de los más de 3000 represaliados/as.
También han pactado algunas migajas económicas y de “soberanía”, abanderadas por ERC: el impulso hacia la cesión total de los impuestos que se pagan en Catalunya, un pequeño avance en el traspaso de Rodalies a la Generalitat y la condonación de 15.000 millones de deuda catalana con el Estado, de un total de 98.730 millones; una deuda que las administraciones arrastran desde el rescate bancario y que nada tiene que ver ni con el pueblo trabajador catalán ni con el pueblo trabajador del resto del Estado, pero que seguimos pagando a golpe de recortes y privatizaciones. Además, dentro de la lógica del “café para todos”, se negociará la condonación de deuda con todas las CCAA.
El choque entre el discurso PSOE-Sumar y la realidad
No podemos dejarnos seducir por los cantos de sirena del discurso de investidura de Pedro Sánchez: las 183.000 viviendas que promete “habilitar para alquiler asequible”, sea lo que sea que signifique eso, son más que insuficientes —harían falta 1.400.000 viviendas públicas para llegar a la media europea—. Además, su anuncio de avales del 20% a nuevas hipotecas augura su política de vivienda: traspasar dinero (o suelo) público a la Banca y constructoras.
Lee aquí | ¿Qué hay detrás de los anuncios electorales del PSOE en materia de vivienda?
El anuncio del transporte público gratuito para jóvenes y desempleados en 2024, de llevarse a cabo, no es sino una medida temporal que no acaba con el problema de la desinversión y privatización del transporte público.
Tampoco plantea, cuando habla de mejorar la Sanidad, la derogación de la Ley 15/97, que el mismo PSOE apoyó junto al PP, para dar entrada a las empresas privadas a los hospitales públicos.
Es precisamente esta situación en la que la izquierda parlamentaria solo ofrece medidas parciales o cosméticas, mientras se jacta de ser los grandes salvadores del pueblo, la que genera el caldo de cultivo ideal para que penetren en las filas obreras, y no tan obreras, todo tipo de ideas reaccionarias.
Los sectores herederos del franquismo se movilizan en Ferraz
Durante los pactos de gobierno se han movilizado mostrando su rechazo los sectores del aparato estatal más vinculados a la herencia del franquismo: jueces, fiscales, altos mandos del ejército, e incluso la policía, que contenía con desgana a los manifestantes en Ferraz y que llegó a escoltarles en su bloqueo, sin autorización, de la Gran Vía.
En estas movilizaciones también hemos visto grupos neo-fascistas como Desokupa, que no es casualidad que aparezcan en el mismo bando que Aznar. A fin de cuentas, un importante sector de la burguesía que medró bajo el PP, la de la especulación inmobiliaria y la privatización del suelo público los une, unos como propietarios y los otros como matones que hacen el trabajo sucio de sus políticas criminales de desahucios. Del mismo modo que la burguesía del barrio Salamanca, vinculada a la baja presión fiscal madrileña y al turismo, arrastra a parte del pequeño empresariado que no encuentra en el “progresismo” solución a su empobrecimiento y encuentra en el españolismo una salida a sus frustraciones de clase.
El bloque PP-VOX apuesta por una liberalización de la economía sin tapujos, por el monopolio centralizado del mercado interior y el control parlamentario a través del aparato judicial, es decir, el endurecimiento del Régimen, dejando ver su lado más trumpista.
¡La clase obrera no puede ser furgón de cola de ningún bloque!
Los trabajadores/as, activistas, oprimides y pobres no podemos permitir que estas organizaciones sigan campando a sus anchas, muchas veces con la complicidad de la policía, por nuestros barrios, atemorizando y agrediendo a l@s más vulnerables y a l@s que luchamos contra sus negocios, ya que son organizaciones ligadas al tráfico de droga, proxenetismo o matones al servicio de empresas.
Ante esas movilizaciones reaccionarias contra los derechos democráticos elementales, PSOE-Sumar mira hacia otro lado, no sin antes vanagloriarse de ser el dique de contención del fascismo, sin realmente hacer nada al respecto, y da espacio político a todo tipo de organizaciones neo-facistas.
Junto con las burocracias sindicales, se presenta como el que opta por la “paz social” mientras aplica progresivamente y desde el “relato progresista” medidas antiobreras, privatizaciones, “escudos sociales” (transferir dinero público al sector privado) … Aparecen como los defensores de los derechos democráticos elementales, pero, a la hora de la verdad, solo los aplican a quienes les interesa. Mientras a los sectores burgueses les concede indultos, al pueblo nos aplica la Ley Mordaza (otra Ley que, por cierto, Sánchez prometió derogar durante la anterior legislatura y a día de hoy seguimos esperando). En cualquier caso, la clase trabajadora es la que sale perdiendo.
Es preciso volver al sendero que Podemos, IU y la burocracia sindical paralizó: el de la calle, las Mareas, las huelgas, la protesta social… romper sus reglas del juego y poner en el centro los verdaderos problemas que acechan las vidas de los trabajadores/as y liquidan los derechos democráticos.
Si algo nos enseña el derrumbe de Podemos tras su paso por el gobierno es que no se puede desenmascarar al PSOE simplemente descalificándolo. Por el contrario, hay que confrontarlo ante los ojos de millones de trabajadores/as. Para ello sólo podemos contar con nuestra propia independencia de clase frente quienes cuyos intereses son opuestos a los nuestros. Ningún partido ni sindicato que diga representar los intereses de los trabajadores/as o la mayoría social puede poner trabas a la movilización y autoorganización, sino alentarla. La clase trabajadora tenemos que aparecer con nuestras propias demandas para hacer frente a la reacción. Es necesario construir una movilización masiva, unitaria, de clase, que abrace las demandas democráticas y que enfrente a la derecha y ultraderecha sin ser furgón de cola de nadie, porque la autoorganización independiente de la clase trabajadora es la única forma de hacer frente a la reacción. GOBIERNE QUIEN GOBIERNE: ¡LOS DERECHOS SE DEFIENDEN!