La reacción española, aparatos del Estado al frente, llaman a la rebelión

Encabezada por Carles Puigdemont, Junts per Catalunya y el PSOE han firmado finalmente el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo, que incluye el apoyo en “la estabilidad de la legislatura”, se ha sustentado en la aprobación de la Amnistía de las causas vinculadas al proceso independentista.

Por: Corriente Roja

El acuerdo Junts-PSOE

A pesar del intento de Junts para diferenciarse de Esquerra Republicana (ERC), su acuerdo con el PSOE sigue la misma estela. Acepta el marco de la Constitución monárquica, renuncia a la unilateralidad y entierra el Referéndum del 1-O de 2017.

Dicho esto, no hay duda de que la Ley de Amnistía es una importante victoria democrática reclamada por el movimiento independentista desde 2017, aunque parcial. Todavía tenemos que ver cómo quedará para calibrar su alcance preciso, pero, en todo caso, queda claro que cualquier persona u organización que se reclame de la democracia tiene el deber inexcusable de defenderla ante la brutal ofensiva en contra que han puesto en marcha los aparatos del Estado y las fuerzas reaccionarias que los representan.

Aun así, esta Amnistía tiene profundas carencias, empezando porque afectará a 309 encausadas y en Catalunya hay más de 3.000. Además, otro factor de la Ley completamente inadmisible es que amnistía también a 73 policías, a excepción de los cinco agentes responsables de herir el ojo de Roger Espanyol (¡faltaría más!). No se puede amnistiar a víctimas y verdugos. No se pueden igualar a quienes defendieron el derecho legítimo a votar y lo defendieron con uñas y dientes, con los que lo impidieron a golpes de porra.

Además de la Amnistía, el pacto PSOE-Junts no recoge ningún acuerdo concreto, más allá de una “apuesta por la negociación y los acuerdos como método de resolución” del “conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”. También establece un “mecanismo internacional de verificación” de las negociaciones entre ambos partidos.

El texto parte de reconocer “profundas diferencias” entre ambos partidos, que afectan a todos los puntos relevantes: Junts propone un Referéndum de autodeterminación (¡en base al artículo 92 de la Constitución monárquica!) mientras el PSOE se opone y defiende “desarrollar el Estatut d’Autonomia de 2006. Junts propone la recaudación de todos los impuestos por la Agencia Tributaria catalana y PSOE se limita a tener un “diálogo singular” con Catalunya.

En verdad, más allá del discurso, volvemos a la política de las migajas, tantos años protagonizada por Pujol y ahora por ERC. El pacto no supone ninguna ruptura con el Régimen monárquico español, no alimenta la lucha por la autodeterminación y, en cambio, contribuye a reconducir muchos años de lucha dentro de los límites de la legalidad española. No es extraño, pues, que la Asamblea Nacional Catalana se haya manifestado contra el acuerdo o que ERC y Junts se hayan abstenido en la votación sobre la propuesta de la CUP de promover un nuevo Referéndum unilateral.

La reacción de los aparatos del Estado y los partidos que los representan

Las manifestaciones contra la Amnistía, en particular las celebradas ante la sede madrileña del PSOE, con representación del PP y Vox y con presencia de grupúsculos neonazis, son la expresión en la calle de la brutal reacción que tiene lugar en el seno de los principales aparatos del Estado, encabezados por el sistema judicial y que atraviesa la Guardia Civil, la Policía, altos cargos de la Administración y el propio Ejército, a pesar de que hasta ahora éste último se mantenga silencioso.

Para estos aparatos de Estado, que se consideran la garantía de la “indisoluble unidad de la nación española” (art. 2 de la Constitución), la amnistía para los encausados por el proceso independentista es un ataque directo a su razón de ser y a la fuente de sus enormes privilegios como núcleo del Estado centralista. Esto explica la virulencia de su respuesta y nos señala que, lejos de apaciguarse, harán de la nueva legislatura una batalla campal. Herederos como son del régimen franquista, no aceptan ninguna concesión al independentismo y se niegan a reconocer que la política del PSOE no es, en realidad, sino un instrumento para reconducir el movimiento independentista al cuadro constitucional.

¿Y ahora qué?

Vamos a una legislatura marcada por una enorme polarización y donde no está nada asegurada la estabilidad institucional y política.

En esta situación es clave defender con todas nuestras fuerzas una política de independencia de clase, sin sumisión al “campo progresista” del nuevo gobierno ni al independentismo oficial, y sin sometimiento a las directrices de las direcciones obreras oficiales de CCOO-UGT.

Si ha faltado algo en la lucha por la autodeterminación, la Amnistía y otras reivindicaciones democráticas, es una presencia independiente de la clase trabajadora organizada. Por eso es importante que avancemos en la construcción de un movimiento fuerte y unitario por:

-Defender la Amnistía contra la reacción españolista. Y también para ampliarla a todas las personas represaliadas por luchar, perseguidas por sus ideas, militancia política o cerradas en los CIEs. Ver manifiesto Sindicalistas por la Amnistía total.

-Continuar la lucha por el derecho a la autodeterminación.

-Luchar por una Asamblea Constituyente que dé voz al pueblo, ponga fin a la Monarquía corrupta y sus aparatos estatales antidemocráticos y elabore una nueva Constitución en base al reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Con el actual Régimen monárquico nunca tendremos ni autodeterminación ni libertades plenas.

-Y no olvidar nunca que “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”.