El Real Decreto de Iceta pasará a la historia como el decreto que le pudo costar una crisis al gobierno, si no fuera porque está condicionado a los fondos europeos.
El famoso Icetazo, que aspiraba a ser convalidado en el Congreso de los Diputados sin ningún tipo de problema, tras haber recibido el visto bueno de los sindicatos de la mesa (CCOO, UGT y CSIF) y los responsables de función pública de todas las CCAA de manera previa a su publicación en el BOE, se encontró de bruces, unos días antes de su aprobación, con el posible voto negativo de la oposición y la división en las filas del propio gobierno.
La noche previa a su convalidación, fue de intensas negociaciones. El gobierno tuvo que aguantar que le recriminaran la falta de diálogo y negociación previa en esta cuestión y resignarse a introducir algunos cambios y a su tramitación como proyecto de ley, lo que fue un verdadero varapalo.
Lograr que se tramitase como proyecto de ley ha sido una pequeña pero importante victoria para el personal temporal en fraude de ley porque ganamos tiempo. Esto no hubiese sido posible sin la lucha en la calle que hemos intensificado y llevado a cabo de forma unitaria y coordinada desde hace varios meses en todo el Estado y con la que hemos logrado romper el cerco mediático y ganar visibilidad. Aunque también hemos tenido que seguir dando la batalla en las redes sociales para desmentir las informaciones falsas o medias verdades de lo que a veces estos mismos medios publican.La presión política a todos los partidos parlamentarios por parte del movimiento días antes de la votación, fue también vital para evitar que este Decreto se aprobase sin pena ni gloria como pretendía el gobierno. Podemos decir que ganamos una batalla, pero no aún la guerra. Pudimos tomar aire, pero la solución de miles de familias se prorroga como poco tres meses más y el panorama sigue siendo muy convulso.
También la votación del Decreto ha dejado al desnudo y fue un auténtico costalazo a los sindicatos mayoritarios. Cada vez queda más claro que aunque tengan la representación legal en la mesa general, no tienen ni la representación moral ni la representación práctica del colectivo. Tenemos que dejarles claro que no habrá solución a este conflicto si no cuentan con el colectivo. No han sido ELLOS, sino nosotras y nosotros, el personal en abuso de temporalidad, quienes destapamos y hemos hecho visible este escándalo laboral y este fraude que con su complicidad, los distintos gobiernos han mantenido.
El mundo al revés
Con el intento de aprobación forzosa de este Decreto por la vía de urgencia, el gobierno ha terminado por echar a una parte del personal interino en brazos de la derecha y la ultraderecha que oliendo la sangre, votó en contra del mismo cuando vio la oportunidad de utilizarlo como un arma de desgaste contra el gobierno. Mientras el bloque de la supuesta izquierda votaba a favor o se abstenía en la aprobación de una norma que por la puerta de atrás y casi con nocturnidad y alevosía, pretende echar a la calle a miles de de empleadas y empleados públicos. Una norma que supone el mayor ERE de la historia de este país y sienta las bases del desmantelamiento total de los servicios públicos ¿Es así como este gobierno pretende frenar a la ultraderecha?
Igual que denunciamos la utilización torticera del voto de una parte de la izquierda para sus pactos de gobernabilidad, denunciamos el cinismo y la hipocresía del PP al oponerse a un Acuerdo para bajar la temporalidad en la Administración pública, que es casi un calco a la del ministro Montoro del gobierno de Rajoy. Y no nos creemos ni por un minuto, en la sinceridad ni la lealtad en su apoyo, de quienes están utilizando nuestra lucha en su particular campaña de acoso y derribo a este gobierno y en su presión electoralista al PP. Vox ha dejado muy claro en muchas ocasiones, que están a favor de privatizar los servicios públicos y que sobre todo, son enemigos de otorgar derechos a la clase trabajadora, ya sea en la pública o en la privada.
Hay que recordarles, a unos y otros, que la precariedad, los contratos en fraude de ley y la pérdida de puestos de trabajo se producen en toda la administración, sea la central, autonómica o municipal, es decir donde ellos gobiernan o cogobiernan.
A todos ellos les decimos: ¡el personal temporal en fraude no somos moneda de cambio en sus intereses electoralistas ni en sus pactos de gobierno!
La UE no nos va a salvar
Junto a la exigencia de bajar la temporalidad en la Administración pública al 8%, es precisamente la UE quien exige al mismo tiempo al Estado español, la reducción de su gasto público en determinadas partidas, como condición y garantía para la entrega de los fondos europeos. Unos fondos europeos que irán destinados a financiar la inversión en el sector privado, lo que implica que se utilizarán todos los medios para llevar a cabo ese propósito. Expulsar de la Administración a casi un millón de trabajador@s temporales de la Administración y desarrollar los mecanismos para reducir la plantilla actual a momentos nunca vistos para posteriormente privatizarlos, es por tanto una cuestión crucial para cualquier gobierno que tenga que cumplir con los mandatos de la Europa de los Mercados.
Para vencer los obstáculos, la lucha y la unidad son el único camino
Como hemos dicho, ahora las espadas están en todo lo alto y el panorama es convulso. Los intereses para cooptar y desmontar una lucha, que de momento es de los trabajadores/as temporales de la Administración son muchos, por no decir, una cuestión de mera supervivencia del Estado dentro de la UE.
Igualmente nos enfrentamos al bloqueo judicial por parte de los diferentes agentes para defender sus intereses económicos. Es el caso de los sindicatos de la mesa de negociación, que no van a permitir que se ponga en peligro una parte importante de sus fuentes de ingresos, obtenida con el jugoso negocio de la formación para las oposiciones. Unas pérdidas que no dudamos serán compensadas en todo caso por el gobierno, con el aumento de subvenciones.
Tampoco podemos permitir la irrupción de agentes desmovilizadores y disruptivos, que sólo buscan dinamitar la lucha, erigiéndose en portavoces de un colectivo sin que éste les haya elegido y en interlocutores entre el personal en fraude de ley y los grupos parlamentarios. Y esto con el claro propósito de buscar algún hueco dentro del mundo de la política.
En esta situación, la única salida que tenemos los y las trabajadores/as temporales de la Administración para continuar una lucha que ha puesto en jaque al gobierno y los designios de la UE y en la que tenemos en frente a todos los gobiernos, es mantener la pelea en la calle como hemos hecho hasta ahora.
Y hacerlo en unidad con el conjunto del sindicalismo combativo y de clase que como Cobas, siempre han estado al lado apoyando, dando cobertura y sumando fuerzas con el conjunto de asociaciones, Plataformas y Coordinadoras que se han ido creando. Las y los trabajadores somos l@s únicos protagonistas de esta pelea y así debemos exigirlo cuando se lleve a cabo cualquier negociación que ataña a nuestro futuro.
Si hemos llegado hasta aquí, es gracias al trabajo colectivo. Las medallas son para los trabajadores y trabajadoras temporales de la Administración y no para gurús de lo jurídico, que tras el fracaso de su negocio en base a falsas expectativas, ahora pretenden irrumpir como sindicalistas de manera grotesca. No permitamos que nada ni nadie nos distraiga de nuestro objetivo.