Las últimas elecciones catalanas certifican un cambio profundo en la estrategia de la CUP. En estas, ha recuperado la fuerza parlamentaria que consiguió en 2015, en el Parlamento de Cataluña, obteniendo 10 diputadas (1 menos que el 2015), a pesar de que lo hizo con 6.159 votos menos.

Por primera vez, de una manera explícita, la CUP hace una campaña con una clara voluntad de querer ser parte del “bloque de gobernabilidad” del independentismo oficial, del que ha sido incapaz de desvincularse en los últimos años. Esto tiene una expresión en la mesa del Parlamento, en el protagonismo de Dolors Sabater como cabeza de lista y en el acuerdo de la CUP con ERC, para apoyar y dar estabilidad parlamentaria al próximo Gobierno Aragonés.

Pero ¿esta ha sido siempre la estrategia de la izquierda independentista representada por la CUP? ¿Cómo ha evolucionado la política de la CUP, después de 8 años de su irrupción en el Parlament? En este artículo queremos hacer un análisis crítico que queremos compartir con muchas militantes de la izquierda independentista, que tantas horas y esfuerzo le han dedicado a este proyecto.

Del proyecto municipalista a la irrupción en el Parlament

El proyecto de la izquierda independentista, que tiene años de historia y ha logrado un significativo arraigo popular y territorial, fue relanzado en el año 2.000 a través de la Candidatura de Unidad Popular. En 2.011, el trabajo local de las Candidaturas de Unidad Popular tuvo su primera irrupción electoral, con 67.000 votos, 104 regidor@s y 4 alcaldías.

En junio del 2.010 la sentencia del Tribunal Constitucional se cargó el Estatuto de Autonomía y, a partir de aquel año, eclosiona con fuerza el movimiento independentista con la gran manifestación en el Passeig de Gràcia en la Diada de Cataluña, en 2.011.

En el año 2012, la Asamblea Nacional de la CUP celebrada en Reus decide concurrir a las elecciones en el Parlament de Cataluña. La eclosión masiva del movimiento independentista obligó la CUP a superar los límites del municipalismo y lo hizo presentándose como una alternativa frente el independentismo oficial, el gobierno de Mas de los recortes y las privatizaciones y la izquierda tradicional. Por primera vez, la CUP estaba en el Parlament de Cataluña con 4 diputad@s, 126.219 votos y 27.111 avales recogidos.

David Fernández lo definía como “voluntad de Caballo de Troya” y Quim Arrufat como “enviar una delegación de astronautas al Parlamento a alterar el discurso dominante, a abrir rendijas a la institución, a impulsar los cambios políticos más urgentes y, sobre todo, a habilitar con fuerza la concepción de que el poder es del pueblo y el pueblo lo puede tomar si lo quiere”.

Durante el proceso de investidura en el Parlament de aquel mismo año, los votos de la CUP-AE se contabilizaron como nulos porque, simbólicamente, escogieron personas no electas que representaban algunas de las luchas de las cuales se reclamaba la CUP: a la presidencia del Parlamento votaron a Manuel G.B., vecino de Burjassot que intentó suicidarse antes de ser desahuciado; a la vicepresidencia votaron a Pedro Álvarez, asesinado hacía veinte años por un policía de paisano en l’Hospitalet de Llobregat, que todavía no ha sido procesado en el caso; a Guillem Agulló, joven asesinado hace 28 años en el País Valencià por un grupo fascista y a Idrissa Diallo, joven guineano migrante que murió en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. A la Mesa del Parlament votaron a Ester Quintana, que perdió un ojo víctima de una pelota de goma de la BRIMO, a Andreu del Cabo, sindicalista de TMB despedido y a Blanca Serra, independentista detenida y torturada a principios de los años ochenta.

Pero, ¿qué ha quedado de aquella CUP que era oposición nítida al independentismo pactista y autonomista y a los gobiernos de los recortes, que se reclamaba de las luchas sociales y que se proponía construir una organización de lucha?

 
La investidura de Puigdemont

Corrent Roig, la organización catalana de Corriente Roja (sección de la LIT-CI en el Estado Español), decidimos en enero de 2.015 integrarnos al espacio político Por la Ruptura, en el cual la CUP confluía con otras organizaciones de la izquierda anticapitalista y agrupamientos municipalistas de izquierda y donde se apoyaba la candidatura CUP-Crida Constituent (CUP-CC).

Un año después, en enero del 2.016, tras la investidura del entonces convergente Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y la constitución del nuevo gobierno- una coalición entre Convergencia y Esquerra- con apoyo externo de la CUP, Corrent Roig anunciábamos nuestra ruptura con la CUP-CC para continuar con nuestro trabajo político independiente.

La CUP-CC representaba un espacio de reagrupamiento del activismo y, con un programa democrático-radical de ruptura con el régimen español y con la Unión Europea, era la única fuerza rupturista en las instituciones catalanas. Pero podemos situar dos problemas capitales, íntimamente ligados, en su evolución en los últimos años: por un lado, una deriva política a favor de integrarse, cada vez más, en el “bloque de gobernabilidad” con ERC y JxCAT, y, por otro lado, la institucionalización, cada vez más pronunciada, de la organización.

Discursivamente, la CUP sigue actuando como una fuerza rupturista y vinculada a las luchas y movimientos sociales, pero del dicho al hecho hay un trecho. Repasamos algunas de las posiciones de la CUP más polémicas que, a nuestro juicio, han ido erosionando su proyecto inicial:

  1. La primera de ellas es justamente la que provocó la ruptura de Corrent Roig con la CUP-CC. En un contexto español de graves problemas de gobernabilidad, en 2.016 la política catalana estuvo marcada por tres hechos interconexionados: el pacto de Junts pel Sí y la CUP, la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y la constitución del nuevo gobierno, una coalición entre Convergencia y Esquerra, con apoyo externo de la CUP.
  2. La CUP vendió como una victoria esta decisión, pues “envió a Artur Mas a la papelera de la historia”. Pero a pesar de que Puigdemont simbolizaba una ruptura con la vieja Convergencia, seguía siendo heredero de un programa neoliberal que representaba a la mediana burguesía catalana, incapaz de llegar hasta el final en la lucha contra el Estado y enemiga de los derechos e intereses del pueblo trabajador. La inconsistencia política mostrada y la capitulación final ante Convergencia y Esquerra desacreditaron a la CUP ante un sector de activistas y la acabaron convirtiendo en el ala izquierda del gobierno burgués pseudoindependentista, alejándola de las barriadas obreras del área metropolitana.
  3. En esta línea, en 2.017, dos diputad@s de la CUP votaron a favor de los presupuestos de Junqueras, irremediablemente parecidos a los anteriores presentados (rechazados por la CUP) y que la misma diputada Eulàlia Reguant aseguraba que “no son unos presupuestos sociales”.

 
La actuación ante el 1 de octubre

En 2.017 el pueblo catalán expresó su voluntad política en el referéndum del 1 de octubre, donde asistimos a un levantamiento popular masivo, enfrentando una salvaje represión, y en la huelga general del 3 de octubre, contra la represión y por las libertades democráticas. El Gobierno de la Generalitat de Puigdemont-Junqueras hizo un llamamiento exprés a la desmovilización, aceptó el 155, entregando las instituciones sin ofrecer resistencia y dejó a los Mossos en manos del gobierno central de Rajoy. En definitiva, traicionó la voluntad popular y el mandato del 1 de octubre, sometiéndose a los representantes de la UE y la patronal.

Pero la CUP, lejos de denunciar esta traición y enfrentarla, trabajando para levantar una alternativa política de lucha, se sumó, añadiéndose a la humillante DUI de Puigdemont, suspendida 8 segundos después de declararla, apelando a una mediación internacional inexistente y a un diálogo imposible con un régimen heredero del franquismo que no admitía otra cosa que la rendición incondicional y que solo buscaba venganza y una humillación ejemplarizante. Una DUI firmada por l@s diputad@s de la CUP que, además de no tener valor jurídico, asumía, entre otras cosas, “de manera unilateral” toda la normativa de la UE y los tratados internacionales de España, en primer lugar, la OTAN.

 

En continuidad con todo lo anterior, en lugar de dar la batalla para boicotear las elecciones del 21 de diciembre impuestas por el 155 de Rajoy y la Monarquía y exigirlo a todos los partidos soberanistas, se plegaron. A pesar de que Anna Gabriel confesó que “la opción natural habría sido hacer boicot a los comicios”, acabaron entrando para “materializar la República Catalana». No podemos criticar su participación final en los comicios pero sí que lo hicieran en nombre de materializar una república ficticia que formaba parte de la patraña de ERC y JxCAT, que la CUP se apropió como suya.

Así mismo, en mayo del 2.018 la CUP se abstuvo para permitir la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat justificando que sus votos obedecían a “una excepcionalidad antirrepresiva y democrática ante el embate del Estado” y que “no significaban un apoyo político“. Carles Riera añadió que si el nuevo gobierno se dedicaba a “normalizar la gestión del autonomismo o a gestionar migajas que solo permiten hacer políticas neoliberales“, harían una “oposición activa“. Por contra, si desobedecía al Estado, le apoyarían y estarían preparados para “asumir su responsabilidad” y, si hacía falta, entrar al gobierno.

Pero la realidad es que, después de las elecciones no hicieron nada más allá de pequeños gestos. Y cuando han hecho denuncias – parciales y con la boca pequeña – de las traiciones de la dirección independentista y del Gobierno, éstas no han tenido consecuencias políticas en sus alianzas.

 
La lucha contra la sentencia

En la lucha contra la sentencia a los dirigentes independentistas, con miles de personas diariamente movilizadas en las calles, volvieron a abandonarlas, alabando la estrategia de Tsunami Democrático basada en el #SpainSitAndTalk (Sentarse y Hablar) y renunciando a organizar asambleas populares y un plan de lucha colectivo, quedando las movilizaciones reducidas a esperar “órdenes de arriba”. La CUP, en lugar de poner sus parlamentari@s al servicio de la lucha, se sumó a la Asamblea de Cargos Electos que solo existía sobre el papel y con la que Puigdemont intentó canalizar el movimiento.

El problema de la CUP es que, por mucho que haga declaraciones formales, es incapaz de romper la subordinación política al bloque independentista oficial. No se ha cansado de emplazarlo, una, otra y otra vez, a “no hacer autonomismo“, a “desobedecer” y “hacer república“. Pero no hay que ser un genio para saber que JxCAT y ERC no desobedecerán: porque no quieren un levantamiento popular, son respetuosos con el actual orden social, son ajenos a las reivindicaciones de la clase trabajadora y lo subordinan todo a buscar una mediación futura de la UE.

 
Ligada de pies y manos a las instituciones

A lo largo de la historia el parlamentarismo ha sido una fuente de cooptación de organizaciones de la izquierda, activistas y luchador@s, puesto que, con el paso del tiempo, los privilegios, recursos y visibilidad que ofrecen las instituciones y, concretamente, los Parlamentos, acaban desviando el foco de atención de la actividad extraparlamentaria.

El parlamentarismo es un arma potente para desviar e integrar el movimiento obrero y los procesos de lucha en el sistema capitalista. El Parlamento es una maquinaria con vida propia y ritmo frenético que te arrastra a los intereses de la misma institución, que no tiene nada que ver con los propios ritmos y leyes de las luchas de la clase obrera y las clases populares.

Solo un partido con una claridad política y estratégica y que subordine su trabajo parlamentario en la lucha extraparlamentaria, puede salvarse de esta deriva, a pesar de que no podrá eludir las presiones en este sentido. Ninguna organización es inmune y la CUP no se escapa de esta ley.

La incapacidad ya mencionada de la CUP de desvincularse del “bloque de gobernabilidad” independentista está, en un grado u otro, asociada a su adaptación a las instituciones. Su presencia en ellas conlleva el peligro de acabar dependiendo de estas mismas, puesto que los liberad@s, la infraestructura y la visibilidad política, está directamente vinculada a la cantidad de cargos públicos en las instituciones.

Dentro de la CUP hay corrientes y estrategias abiertamente enfrentadas – como es el caso de Endavant y Poble Lliure – que, en los últimos años, han tensado mucho la organización, como la etapa del “Mas o marzo”. Son, probablemente, diferencias que harían imposible la convivencia en una misma organización si no fuera por el cemento institucional que las sostiene.

Un ejemplo de ello fue la última campaña electoral, en la que, a pesar de que el Consejo Político de la CUP aprobó tres documentos que cuestionaban puntos claves de su propuesta electoral, se acabó imponiendo la lógica de Sabater y de un sector de la CUP. ¿Quién manda, pues, l@s candidat@s y quienes tienen peso institucional o los organismos de decisión? Esta lógica no se explica si no es por el grandísimo peso de las instituciones en el interior de la CUP.

Esta institucionalización los ha conducido, también, a dejar de lado la desobediencia a una legalidad injusta para poner el centro, no en la movilización social, sino en la gestión institucional para “mejorar la vida de la gente”. Cuando han tenido la ocasión de plantear una alternativa política, como en el otoño de 2.017 y en 2.019, es cuando han sido más “gubernamentalistas“ y cuando más se han plegado al gobierno y a la institución. Nunca han levantado una alternativa real al independentismo oficial, nunca se han planteado luchar para desplazarlos y sustituirlos, sino que han hecho alianzas estratégicas.

 
La falta de una estrategia revolucionaria

Defender la proclamación de la República catalana independiente es una base desde la cual defender la libre unión entre los pueblos del Estado y más todavía, forma parte de la lucha por unos Estados Unidos Socialistas de Europa. Quienes nos reclamamos del marxismo revolucionario somos partidarios de la unión, pero rechazamos con todas nuestras fuerzas una unión forzada. La lucha por la autodeterminación y, en concreto, por la República catalana es una batalla que pertenece también a la clase trabajadora de todo el Estado.

Para nosotr@s, la lucha por la autodeterminación en particular y por la democracia política en general forma parte sustancial de la lucha para acabar con el régimen monárquico y por la revolución socialista. Para nosotr@s, la liberación nacional y la liberación social son indisociables y no es posible concebir la una sin la otra. Todo tiene que ser considerado desde una óptica de clase, no desde un punto de vista “nacional”; desde el impulso de la movilización directa de masas, que no se adapta a la legalidad injusta y opresora del régimen sino que la desafía y cuestiona.

La estrategia de la CUP y de la Izquierda Independentista, en cambio, hace de la independencia de los Países Catalanes su centro absoluto, donde el socialismo queda relegado a un referente ideológico, y no a una estrategia y un programa que guíen su actividad.

El proyecto de la CUP se basa en una estrategia reformista de “transformación” que no va a la raíz de los grandes problemas sociales y estructurales de la sociedad capitalista y del régimen monárquico. A pesar de que compartimos su afirmación de que “nos enfrentamos a un capitalismo irreformable que plantea una ofensiva general sobre las condiciones de vida y de trabajo y sobre los recursos existentes”, pensamos que la “transformación social” no vendrá de la construcción de espacios de “contrapoder popular“ y de “conquista de soberanías“ mediante las cooperativas y la economía social y solidaria con ayuda de los Ayuntamientos. No habrá ningún cambio significativo, de raíz y permanente si no es de la mano de una ruptura revolucionaria, donde la clase trabajadora, con el apoyo y alianza de una mayoría social y popular, irrumpan en la escena política masivamente y, a través de sus propias organizaciones y de su autoorganización, tomen el poder, construyan un nuevo Estado y expropien a la banca y a las grandes empresas y sectores estratégicos, para dar paso a una economía planificada democráticamente.

 
Es urgente construir una fuerza revolucionaria

La CUP ha pasado de defender la ruptura con el régimen y sus instituciones a luchar desde dentro para “mejorar la vida de las personas”, asumiendo la adaptación a la democracia burguesa como horizonte estratégico. Esta mejora se sintetiza en adaptar sus exigencias y su programa a la lógica del posibilismo, dejando la lucha por la revolución y el socialismo para las proclamas. En plena campaña electoral, mientras la situación exigía un programa que hiciera frente a la patronal y la banca, la CUP defendió “desarrollar una banca pública a través del Instituto Catalán de Finanzas”, en vez de luchar para nacionalizar la banca privada sin indemnización.

La CUP ha entrado en la lógica defendida por Poble Lliure y La Forja, de entrar al gobierno para “controlarlo desde dentro, hacerlo mover hacia la izquierda y fiscalizar la hoja de ruta desde dentro”. Es la misma lógica de Unidas Podemos con el PSOE que ya sabemos dónde los lleva.

Esta política, en nombre de la lucha por la autodeterminación y la soberanía nacional, acaba supeditada a la burguesía catalana que, a pesar de sus contradicciones y enfrentamientos con el régimen monárquico y la gran burguesía española, es incapaz de llevar adelante una lucha consecuente por la República Catalana y es partidaria de mantener el dominio económico de una minoría sobre la gran mayoría, aplicar los planes de austeridad y los recortes que mande la UE y reprimir a golpe de porra cualquier síntoma de rebelión popular.

 

L@s militantes de Corriente Roja pensamos que no hay atajos en la lucha por la revolución y el socialismo y se hace urgente construir una organización que tenga como horizonte la batalla por la libertad nacional de Cataluña, la ruptura revolucionaria con las actuales instituciones y un gobierno de l@s trabajador@s. Una fuerza revolucionaria que, seguro, se construirá al calor de la movilización y a partir de rupturas, acuerdos y fusiones con otr@s activistas, tendencias y organizaciones. Por nuestra parte estaremos codo a codo con tod@s l@s compañer@s de la CUP que luchen contra su actual deriva.