La nueva factura impulsada por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, que supondrá de aquí en adelante un notable incremento en la factura de la luz; la regulación de los precios de los alquileres; la derogación de las Reformas laborales; el aumento de los desahucios o la Ley Mordaza, forman parte ya de los incumplimientos del acuerdo que en su día alcanzaron el PSOE y Unidas Podemos para conformar el actual Gobierno de coalición.

En el caso de la tarifa eléctrica con el beneplácito y visto bueno de Unidas Podemos. Hay que recordar que la alianza firmada entre PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno recogía que las tarifas eléctricas tendrían un precio más bajo para los primeros kWh de energía consumida. El coordinador de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, así como la ministra de Trabajo han acatado disciplinadamente esta subida y no hacen mención alguna a la cada vez más imperiosa necesidad de la nacionalización de las eléctricas. Atrás queda aquel tuit del ministro Garzón el 24 de enero de 2017, cuando el coste del recibo medio de electricidad se había disparado en un 29% aquel mismo mes, respecto del año anterior. Garzón abogaba entonces por “nacionalizar” para que la oligarquía no volviese a “meternos mano”. También el 13 de marzo de 2019 con la vista puesta en las Elecciones Generales del 28 de abril de ese año, Irene Montero declaraba: “Imagina una reunión de Pablo Iglesias con las eléctricas, y una de Pedro Sánchez. ¿De cuál de las dos sale un acuerdo para bajar la factura de la luz? La gente tiene que ser consciente del poder que tiene para cambiar este país y de lo que realmente se vota el 28 de abril”. Es decir, Montero venía a asegurar que con Unidas Podemos en el gobierno la bajada de la factura de la luz estaba garantizada.

Las Asociaciones de consumidores muestran su rechazo a la nueva factura

Las asociaciones de consumidores han sido de las primeras en denunciar la nueva factura de la luz ya que consideran que castiga a los hogares más vulnerables. Según cálculos de la OCU pueden suponer subidas de hasta el 27% en la factura de la luz del mes de junio. Para FACUA, pedir que se desplace el consumo a la madrugada es “denigrante” para l@s consumidores más vulnerables. “No se puede hacer responsable al consumidor de que su factura es cara porque no ha planchado o puesto los electrodomésticos en los horarios más económicos, que precisamente coinciden con los momentos que deberían dedicarse al descanso”. Asimismo, critica que se traslade a las familias la responsabilidad de no tener instalaciones y electrodomésticos eficientes, mientras se libra a las eléctricas de realizar las inversiones necesarias para la mejora de las redes de distribución.

El negocio de la luz: los beneficios de las eléctricas y las puertas giratorias

La factura eléctrica encadenó en mayo su tercer ascenso consecutivo en el año, lo que la ha convertido en la más cara de todo el 2021. Y es que mientras las familias obreras siguen sufriendo en sus propias carnes la subida de la luz, las grandes compañías eléctricas continúan forrándose. Iberdrola aumentó un 4,2% sus beneficios el pasado ejercicio. Los beneficios de la energética, especializada en renovables, se sitúan en 3.800 millones de euros, cien más que en el ejercicio anterior. En el caso de Endesa, la eléctrica ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un beneficio de 2.132 millones de euros. Naturgy, la empresa suministradora que cortó el suministro eléctrico en la Cañada Real en plena ola de frío, logró alcanzar un beneficio neto de 383 millones de euros en el primer trimestre del año, casi el doble (92,5%) de los 199 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

Los suculentos beneficios de estas compañías van estrechamente ligadas al uso de las puertas giratorias que está en el corazón mismo del modelo eléctrico español. Desde los inicios de la privatización de este sector cientos de altos cargos públicos acabaron en los consejos de administración de las empresas que controlan el negocio. De siete presidentes del gobierno desde la muerte de Franco, tres de ellos acabaron a sueldo de las eléctricas: Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar. Más de 20 ministros, tanto del PSOE como del PP, y muchos secretarios de Estado. Además, los grandes responsables de la economía española terminaron también trabajando para los intereses de las eléctricas: Boyer, Solbes, Guindos, Elena Salgado y Rodrigo Rato que no fue parte de la plantilla pero eso no le impidió facturar a Endesa 25,8 millones de forma ilegal. Según datos de El Economista, la remuneración de un consejero externo independiente, una figura muy utilizada entre los políticos retirados, es de 240.000 euros anuales en Endesa, de 374.000 euros en Iberdrola, de 178.000 euros en Red Eléctrica Española y de 225.000 euros anuales en Naturgy. El propio Felipe González llegó a cobrar cerca de medio millón de euros de Gas Natural (hoy Naturgy) en cuatro años de trabajo antes de abandonar la compañía porque el trabajo le resultaba “aburrido”.

Un “tarifazo” en toda regla que afectará a l@s consumidores más vulnerables

Desde que el pasado 1 de junio el Consejo de Ministros acordara iniciar la tramitación urgente de un anteproyecto de ley para reducir la sobrerretribución que perciben en el mercado mayorista las centrales no emisoras de CO2 anteriores a 2005, (los llamados «beneficios caídos del cielo», que según el gobierno supondría un recorte de unos 1.000 millones de euros en los beneficios que reciben las eléctricas), se ha puesto en marcha una campaña que trata tratar de convencernos de las bondades de dichas medidas. Lo que Garzón denomina un “ejercicio de pedagogía”. El eslogan del gobierno “ahorrar te será fácil” apenas resulta creíble cuando es el propio ejecutivo el que ha confesado que el objetivo de la reforma no es reducir el precio de la electricidad de manera inmediata sino buscar un consumo más eficiente y distribuido. En realidad, no se trata de pedagogía ni de un problema de comunicación. Lo que hay detrás de todo esto es un “tarifazo” en toda regla que afectará a l@s consumidores más vulnerables y beneficiará sobre todo a las grandes eléctricas. Un “tarifazo” que viene de antes del 1 de junio y que ya en el mes de mayo la factura creció un 45% con respecto al mismo mes de 2020.

La nueva factura y los tramos horarios (ligados al precio de la electricidad), tratan de situar la responsabilidad en las familias y no en el modelo energético y sus deficiencias. Unos periodos horarios que en absoluto tienen en cuenta la realidad social del pueblo trabajador. Se trata de la clásica medida tomada en los grandes despachos sin tener en cuenta la realidad que se vive en algunos barrios (precariedad, paro, pobreza, etc…). En definitiva, que en vez de tocar los beneficios de las grandes eléctricas, que se han hecho de oro durante estos últimos años, la población somos l@s que estamos obligad@s a hacer un esfuerzo y poner la lavadora a partir de las doce de la noche, dar la luz lo menos posible, cocinar a altas horas, etc…

La única solución: nacionalización de las compañías eléctricas y energéticas y ponerlas bajo el control de l@s trabajador@s

Asistimos de nuevo a una estafa y en esta ocasión de manos del gobierno de coalición más “progresista” de la historia. Los que prometían que cuando llegaran al gobierno iban a poner firmes a las eléctricas nos hablan ahora de nuevos hábitos y nos hacen una serie de recomendaciones para “ahorrar” en el uso de la energía, como si el problema fuera de despilfarro individual, y no de un sistema absolutamente liberalizado, que deja en manos de las empresas fijar los precios. Ya en enero de este año en plena ola de frío y con unas nevadas históricas en gran parte del Estado español, las compañías no tuvieron el menor reparo en subir el recibo de la luz un 27%. Una subida que en plena pandemia tenía a cientos de miles de personas en sus casas afectad@s por ERTEs y sin cobrar o en el peor de los casos despedid@s.

Tras la privatización y liberalización del sector eléctrico –iniciada por el Gobierno de Felipe González y culminada por el de José María Aznar–, cinco grandes empresas eléctricas –Endesa, Iberdrola, Naturgy, la filial española de EDP Energía y Viesgo/Repsol– poseen la inmensa mayoría de la capacidad instalada y de la energía que se produce en el Estado español y controlan todas las redes de distribución y la inmensa mayoría de la electricidad vendida a los consumidores. Las cinco –y sobre todo las tres primeras: Endesa, Iberdrola y Naturgy– dominan tanto los mercados eléctricos –mayorista y minorista– como todos los segmentos –producción, distribución y comercialización– del sistema eléctrico, constituyendo así un oligopolio que controla un negocio de dimensiones colosales que les reporta cuantiosos beneficios garantizados por el Estado y financiados por el usuario.

Por esta razón, hay que exigirle al actual gobierno (PSOE-Unidas Podemos) que  cumplan de una vez por todas el acuerdo alcanzado, que según ellos situaría al Estado español como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.

Ya no valen excusas ni medias tintas y sobra tanta palabrería. La única solución frente a la subida de la luz… es la ¡Nacionalización de las compañías eléctricas y energéticas! y ponerlas bajo el control de l@s trabajador@s y el pueblo. De lo que se trata es de poner un bien básico como es la electricidad al servicio de las necesidades sociales y no de los beneficios empresariales.