Desde que finalizó el Estado de Alarma, hemos visto un repunte atroz de los crímenes machistas, especialmente en  mayo, que algunas voces achacan al fin de las restricciones a la movilidad, lo que ha mermado el control que los agresores mantenían hasta ahora sobre sus víctimas. Recordemos que durante el confinamiento de la primera ola se produjo a su vez un descenso de asesinatos, pero no así de denuncias, que tras el silencio de los primeros días se dispararon por medios telemáticos o en la atención telefónica. La mayoría de asesinadas en estas últimas semanas no había denunciado. Pero desgraciadamente a las pocas que sí lo hicieron, tampoco les sirvió de nada.

Es entonces cuando tras convocar de urgencia el Pacto de Estado contra la violencia machista, se ha impuesto una reflexión en distintos ámbitos, de qué es lo que está fallando u ocurriendo. En ese terreno, no faltan las voces que denuncian que sigue sin haber voluntad política, porque la mayor parte de las medidas de la Ley o del Pacto de Estado que proponen hacer permanente cuando expire el próximo año, no han sido puestas en práctica. Señalan que hacen falta más recursos en la llamada coeducación que sigue sin ser una realidad. Lo cual empieza,-añadimos nosotras- por destinar más recursos a la Educación pública, acabar con la concertada y arrancar la Educación de las garras de la Iglesia.

Se denuncia igualmente la necesidad de más recursos para sensibilizar a los distintos actores que intervienen ante esta lacra social. Para poder detectar antes esta violencia, para que los protocolos se apliquen o se revisen. Para corregir los fallos por donde «se cuelan» las víctimas.

Otras reflexiones feministas señalan que «hay que dejar de poner a las víctimas en el foco de las medidas y empezar a ponerlo en el agresor”. Y otras, apuntan más allá y denuncian que se trata de una violencia estructural, donde ya sabemos que los feminicidios son apenas la punta del iceberg, pues la mayoría de esa violencia machista nos pasa desapercibida. Un solo ejemplo: una de cada cinco mujeres es acosada sexualmente en el ámbito laboral y el 72%  no lo denuncian por temor a represalias.

Igualmente, los prejuicios y estereotipos machistas con los que se termina revictimizando cuando no  castigando directamente a las mujeres que se atreven a denunciar esta violencia sobre ellas y sus hij@s, son  la muestra de que esta Justicia es heredera del franquismo. Un ejemplo entre muchos de esta violencia institucional, es la sentencia contra Juana Rivas. Condenada a dos años y medio de cárcel y al pago de 12.000 euros y para la que se ha solicitado un indulto. Pero su único «delito» fue proteger a sus hijos en la forma que mejor supo, de un padre maltratador. Aunque fuese desobedeciendo una sentencia injusta. Y esto es lo que no le perdonan; más aun siendo mujer.

Y entonces las voces concluyen, una vez más que, ¡cómo no, el problema es el Patriarcado, hermanas!

Una violencia estructural que genera muchos beneficios

Vamos por partes. Corriente Roja siempre defenderemos la necesidad de exigir más recursos de todo tipo para proteger a las víctimas y que el combate a la violencia machista sea una prioridad. Pero sabemos que ni la Ley 1/2004 ni todas las medidas del Pacto de Estado serán capaces de acabar NUNCA con esta violencia machista, porque no van a la raíz del problema ni a las bases materiales en las que se sustenta la opresión contra las mujeres.

Estamos de acuerdo en que se trata de una violencia estructural. Pero esta  no es ejercida de manera abstracta por un “ente» que está por encima del bien y del mal como si de un dios se tratase. Planteado de esta forma, el Patriarcado se convierte en un «significante vacío».

Hablar de patriarcado, sin denunciar al servicio de qué y sobre todo de quién, se articula la opresión que sufrimos las mujeres en esta sociedad, es engañar a las trabajadoras sobre las verdaderas causas y los culpables de esa violencia estructural que sufren cotidianamente, que tienen rostro, nombres y apellidos.

Hay que preguntarse ¿quién saca un beneficio económico de lo que algunas llaman «cultura de la violación»? La cosificación de las mujeres en la publicidad, la prostitución disfrazada o encubierta y la trata, que son dos caras de la misma moneda.
¿Quiénes se ahorran miles de millones de euros con el trabajo gratuito e invisible que las mujeres hacemos en el ámbito del hogar? De esa doble o triple jornada laboral que la mayoría nos vemos obligadas a llevar a cabo. O de nuestra discriminación salarial y en pensiones.
¿Por qué es tan difícil acabar con el discurso misógino y machista de una Iglesia católica, que es en realidad un lobby financiero muy poderoso en todo el mundo?
¿A quién rinde pleitesía esta justicia que en la calle llaman «machista y patriarcal»?
¿Por qué, 11 años después, el aborto sigue sin estar garantizado en una Sanidad cada vez más privatizada?

¿A quiénes, en fin, les interesa mantener  la desigualdad y la discriminación, para enfrentar y dividir a la clase trabajadora entre sí? Nativa contra extranjera, fijas contra precarias ¡y desde luego, hombres contra mujeres! No son preguntas sin respuesta.

Aunque durante el Estado de Alarma y más aún en el confinamiento de la primera ola, hubo un descenso de los asesinatos, la violencia machista aumentó considerablemente con la pandemia  porque la respuesta de los gobiernos a la crisis sanitaria de la Covid  ha generado más sufrimiento y violencia hacia nosotras.

La violencia hacia las mujeres es la expresión de la decadencia y la barbarie del sistema capitalista y la incapacidad  de los gobiernos al servicio de la banca y la patronal, para garantizar la igualdad, los derechos y el fin del machismo y la violencia hacia las mujeres. La pandemia y sus consecuencias, sólo ha agravado una situación que ya era desesperante para millones.

La realidad es que cualquier gobierno y sus instituciones en este sistema capitalista, por más «feminista y progresista» que se llame, es y será siempre un gobierno burgués. Al servicio de mantener los privilegios de una minoría y de que los capitalistas sigan ganando, aunque sea a costa de millones de vidas. No  alcanza con cambiar las leyes, ni con aplicar la llamada «perspectiva de género”, sino que hay que romper con este sistema judicial machista y reaccionario que no es neutral, sino que siempre estuvo y estará al servicio de los poderosos. No es posible abolir la prostitución, acabar con la división sexual del trabajo, socializar el trabajo reproductivo y de cuidados, o garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos, sin derribar este régimen y este sistema económico.

Las trabajadoras no podemos confiar en las caras femeninas de estos gobiernos, ni en las trampas electorales que sólo favorecen a los poderosos. Debemos confiar en nuestras propias fuerzas, en saber que para terminar definitivamente con la violencia machista y la opresión, hay que luchar contra este sistema que nos explota y oprime. Y en esa batalla, llamamos a los hombres de nuestra clase a que rompan con su propio machismo y vengan a luchar con nosotras.

¡Plan de emergencia para combatir la Covid-19 y la violencia machista! ¡Exigimos ingresos garantizados y alojamientos dignos y seguros para todas! ¡Aumento drástico de recursos y presupuesto para Servicios de prevención, atención y protección a las víctimas! ¡No al pago de la deuda!

La lucha contra la opresión de las mujeres y contra todas las opresiones, es parte y se subordina a la lucha de clases y a la revolución socialista. Nosotras llamamos a todas las mujeres trabajadoras, desempleadas o en precario, estudiantes o jubiladas, a construir con nosotras Corriente Roja y la LIT-ci. Un partido y una Internacional que está al lado de la mujer trabajadora, que hace parte de sus luchas y que está al servicio de esa tarea que tenemos por delante.