El reciente apagón en el Estado español no solamente se ha convertido en el mayor de su historia, sino que también se sitúa, entre los más grandes del mundo por población afectada en los últimos años.
Por: Antonio Rodríguez
Como señalaba el físico e investigador del CSIC Antonio Turiel, el apagón sería la consecuencia directa de un modelo energético donde la lógica del beneficio a corto plazo se impone a la responsabilidad estructural. Lo sucedido el pasado 28 de abril fue, en realidad, un accidente anunciado fruto del resultado de una red eléctrica descompensada, vulnerable, y finalmente colapsada. Pero lo más grave no es el fallo técnico. Es la falta de previsión y responsabilidad de las grandes compañías eléctricas Iberdrola, Endesa, Naturgy, etc., en un mercado donde lo que prima es la maximización de beneficios.
El episodio revela también su dimensión política. Tanto la exministra Teresa Ribera –ahora comisaria en Bruselas, como el presidente Pedro Sánchez son conscientes de la naturaleza del problema. Las declaraciones posteriores de Sánchez apuntaron inmediatamente a que el apagón fue, en gran medida, responsabilidad de las grandes energéticas. Pero, una vez más la cobardía del gobierno y sus decisiones políticas posteriores volvieron a demostrar que cualquier medida futura pasa por no incomodar a compañías que tienen poder, y mucho. Poder para condicionar políticas, para silenciar medios de comunicación y para moldear el discurso público si es necesario.
El apagón fue real y la codicia también. Y si no queremos que se repita, la solución pasa por frenar la impunidad de quienes gestionan las energías como si fueran su cortijo privado. Si en el futuro queremos que colapsos de esta envergadura no vuelvan a producirse, hay que exigir más inversión y menos especulación, menos opacidad y más regulación.
La evolución del sector eléctrico se ha convertido desde hace mucho tiempo en una selva donde lo que prima son los intereses privados. En primer lugar, hay que empezar a romper el mito de que el franquismo controlaba ya durante la dictadura el sector. Lejos de esto, hay que señalar que las grandes empresas privadas dominaban el mercado en base a un sistema de monopolios regionales donde cada una de ellas gestionaba un territorio concreto. Iberduero, Unión Eléctrica, Hidroeléctrica Española y Sevillana eran las cuatro grandes compañías de la época. El franquismo no solamente evitó nacionalizar el sector de la energía eléctrica, sino que reforzó la posición de las grandes productoras de la electricidad.
La privatización del sector eléctrico en España es un ejemplo paradigmático de cómo la transferencia de activos públicos a manos privadas puede priorizar el beneficio económico sobre el bienestar social. Este proceso, impulsado por gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP) desde la década de los ochenta, ha transformado la electricidad, un servicio básico, en un negocio dominado por un oligopolio de empresas privadas.
El resultado ha sido un incremento sostenido de los precios, una menor soberanía energética y la entrada de fondos de inversión y magnates empresariales, como Amancio Ortega que ha alcanzado la posición de mayor accionista privado de Red Eléctrica, en la gestión de infraestructuras clave.
Red Eléctrica de España (REE), creada en 1985 como una empresa pública bajo el Instituto Nacional de Industria (INI), fue concebida para unificar y gestionar la red de transporte eléctrico de alta tensión en el país. Sin embargo, en un contexto de privatizaciones impulsado por la integración del Estado español en la Comunidad Económica Europea, el proceso de venta al capital privado comenzó en los años 80 y se consolidó en 1999, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) gestionó la venta de la mayoría del capital de REE. Este proceso terminó marcando un cambio radical en la gestión de un sector estratégico. Desde su privatización, el Estado ha mantenido un 20% de las acciones de REE a través de la SEPI, pero el 80% restante cotiza libremente en los mercados financieros, lo que ha orientado las prioridades de la empresa hacia la rentabilidad para los accionistas en lugar de hacia el interés público.
De siete presidentes del Gobierno que ha tenido el Estado español desde la muerte de Francisco Franco, tres de ellos terminaron a sueldo de las eléctricas: Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar. Más de 20 ministr@s, tanto del PSOE como del PP, y muchos más secretarios de Estado, pasaron de diseñar e impulsar las normas que rigen el mercado eléctrico a cobrar sueldos millonarios gracias a estas “puertas giratorias”. Prácticamente todos los grandes timoneles de la economía española han terminado trabajando para los intereses de las eléctricas en detrimento de los del Estado: Miguel Boyer, Pedro Solbes, Luis de Guindos y Elena Salgado. En el caso de Rodrigo Rato, no lo hizo en plantilla, pero facturó a Endesa 25,8 millones de forma ilegal.
El pasado 25 de abril vivimos con estupor como, de repente, los interruptores no encendían las luces de nuestras casas, el Metro y los trenes no funcionaban, los ordenadores se apagaban, las neveras dejaban de enfriar los alimentos, los WhatsApp dejaban de recibirse y era imposible contactar con nuestr@s familiares y amig@s. Cuando ocurren estas cosas y el país quedó ensombrecido por unas horas, es de justicia recordar que el próximo 2 de octubre se cumplen cinco años del apagón que sacudió a los Sectores 5 y 6 de uno de los barrios más vulnerables de Madrid, la Cañada Real, y dejó sin suministro eléctrico a más de 4.500 personas, entre ellas 1.800 niños, niñas y adolescentes. Un barrio en el extrarradio de la capital, a escasos 15 kilómetros de la Puerta del Sol, donde una mañana, de pronto, las baterías de los móviles dejaron de cargar, las bombillas se apagaron, las calefacciones y las neveras dejaron de funcionar, los niños comenzaron a necesitar velas para hacer los deberes, las duchas comenzaron a ser de agua fría, y el olor a leña lo impregnó todo. Un barrio entero abandonado a su suerte, a oscuras, con sus derechos a la intemperie. Han pasado varios años desde el apagón y varios meses desde que se emitió esa decisión por parte del Consejo de Europa donde confirmó que el Estado español viola la Carta Social Europea y, sin embargo, ninguna de las Administraciones implicadas ni los Ayuntamientos, ni la Comunidad, ni el Gobierno central hacen nada por darle cumplimiento, para frenar esta situación de emergencia humanitaria.
Por último, hay que destacar que en un momento crítico, soportando cinco, diez, quince horas sin electricidad, sin comunicaciones telefónicas ni por internet, y con miles de personas bloqueadas en trenes parados, la población supo afrontar la situación con un comportamiento absolutamente ejemplar.
Se sucedieron los episodios de solidaridad y apoyo mutuo, se demostró una enorme madurez y civismo por parte de la inmensa mayoría, los profesionales de los servicios públicos básicos como la sanidad y la educación se volcaron para poder mantener las prestaciones. Y en los barrios y pueblos ante los problemas emergió la solidaridad. Vecin@s con cocinas de gas que se ofrecían a otros, con cocinas eléctricas, para preparar la comida. O que prestaban aparatos de radio “antiguos”, a pilas, para poder estar informado, sacándolos a los balcones o a las plazas, para que los pudiera escuchar el barrio. Familiares de ancianos que no podían bajar a la calle si no funcionaba el ascensor, que cuando acudieron a socorrerlos comprobaron que ya habían sido ayudados por sus vecinos.
Much@s tuvimos la prueba definitiva del comportamiento colectivo ejemplar cuando salimos a unas calles donde no funcionaban los semáforos. Si no hubo accidentes de tráfico reseñables fue por el civismo de l@s conductor@s, aminorando su velocidad o cediendo permanentemente el paso a l@s peaton@s.
Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Gobierno y la patronal que una vez más pusieron por encima de las necesidades de la población los intereses empresariales. Se generaron enormes aglomeraciones, y se quedó mucha gente en la calle habiendo miles de hoteles vacíos y pisos turísticos que no se pusieron a disposición de las personas que lo necesitaron. En muchas estaciones de tren -como Atocha o Sans- se agolpaban miles de personas con su tren cancelado, sin saber dónde dormirían. Y a ellas acudieron un tropel de ciudadan@s para proporcionar víveres o mantas, y ofreciendo alojamiento en su casa a los más vulnerables.
La electricidad es un servicio esencial. La nacionalización de las empresas estratégicas y su control por parte de la clase trabajadora, comunidades y consumidor@s, es imprescindible para poner en marcha un plan global que reorganice la economía al servicio de las necesidades de la población y la sostenibilidad ambiental. Una medida inmediata de todo este plan es la nacionalización de la red eléctrica y el restablecimiento del monopolio estatal de la producción, distribución y comercialización de la electricidad. Frente a la deriva de los diferentes gobiernos de destinar ingentes cantidades de dinero para el rearme, hay que revertir con la presión y la lucha en la calle la necesidad urgente de que ese dinero se destine para necesidades sociales: salarios, pensiones, servicios públicos, vivienda e infraestructuras.