El «guante blanco» con el que la justicia española está tratando todos los casos de corrupción, especialmente los del PP, dejando correr plazos para que prescriban supuestos delitos, interrogatorios a expresidentes que parecen conversaciones entre «colegas«, etc., en una actitud que contrasta con su dureza frente a l@s críticos con el régimen, está poniendo de manifiesto el verdadero carácter de la «justicia» en el Estado español.
Aunque no es un fenómeno exclusivamente español, sino que lo encontramos en muchos otros estados, como el caso brasileño y el enjuiciamiento del expresidente Lula, es en el Estado español donde la política está siendo sistemáticamente sustituida por su resolución vía judicial, su “judicialización”.
“La política es la guerra con palabras” dijo el filósofo griego; y las palabras de los discursos políticos se convierten en armas de guerra cuando se traducen a leyes que aplican los “soldados” del poder judicial, los jueces y fiscales. Porque no hablamos de meros consejos de actuación personal, sino de sentencias que afectan duramente a las personas y sus vidas enviándolos a las cárceles, desahuciándolos, despidiéndolos o multándolos.
Como el régimen del 78 tiene unos límites democráticos muy estrechos, cualquier asunto político puede ser “judicializado”; desde el ejercicio de la libertad de expresión hasta las críticas a la policía o a los nazis (pueden ser delitos de odio, que ya tiene bemoles como una ley pensada para proteger a las minorías, se convierte en protección de los agresores), pasando por la corrupción. Todo es “judicializable” demostrando que la crisis del régimen es muy profunda: su legitimación ante la población solo se sostiene por la fuerza judicial, enviando a la cárcel a raperos.
Un poder judicial burgués y neofranquista
Cuando el chat de los militares dijo que habría que “fusilar a 26 millones”, estaba expresando los sueños nostálgicos de un sector del régimen para resolver su crisis, como hicieron en el año 36, del que son herederos directos.
Su contradicción es que la derrota del fascismo en Europa tuvo y tiene un gran calado y recorrido, puesto que fue acompañada de la revolución social en estados centrales como Francia o Italia. Eso está en la memoria de las poblaciones, por lo que ningún sector de la burguesía europea, ni tan siquiera la que apoya a Le Pen o Salvini, apoyaría un golpe al estilo del 36.
Lo que hoy vive Europa, y el mundo, no es un ascenso del fascismo como lo que fue en los 30, un amplio movimiento de las masas de la pequeña burguesía empobrecida, armada y financiada por el gran capital para enfrentar la revolución obrera y destruir hasta la raíz a sus organizaciones. La burguesía no necesita, hoy por hoy, entregar el poder a advenedizos de la pequeña burguesía para salvar la propiedad privada, porque hoy nadie, conscientemente, la cuestiona.
Es importante diferenciar entre fascismo y extrema derecha del régimen democrático burgués, para entender el papel de la justicia en todo este proceso político, que en el caso español tiene un carácter excepcional: aquí no se derrotó al fascismo, sino que las instituciones y las personas franquistas transmutaron en “demócratas” con el aval de los partidos de la izquierda y obreros (el PSOE y el PCE).
El poder judicial es parte del aparato represivo, es una de las patas esenciales del estado burgués, sea el régimen que sea, democrático o dictatorial; de hecho, lo que define el carácter democrático o tiránico del régimen no es otra cosa que la cristalización de la correlación de fuerzas entre las clases, que se manifiesta en la preeminencia de unas instituciones sobre otras, las democráticas (parlamentos, partidos, etc.) o las represivas no electas (poder judicial, fuerzas militares, etc.).
Este es uno de los motivos centrales de la crisis del régimen del 78, la correlación de fuerzas sobre la que se construyó hace 40 años no es la misma. La fuerza del movimiento obrero, su organización masiva, hizo a la burguesía tener que negociar ciertas concesiones para mantener el edificio. El 23F fue el primer paso para retomar la iniciativa, que hasta ese momento tenía la clase obrera y los pueblos.
Ahora, tras el estallido de la crisis del 2007/8, la dimisión del “rey a la fuga” en el 2014 y las consecuencias que va a tener la pandemia, todo está en un profundo cambio. Como su sentido es impredecible -la teoría de la conspiración siempre actúa a posteriori, cuando los acontecimientos ya se han dado, y los conspiranoicos dicen: “veis, ya estaba todo decidido por la CIA, el club Bilderberg o lo que sea”-, y el capital lo sabe desde hace tiempo, es que vienen afilando las armas “legales” para utilizarlas en la “guerra con palabras” (las sentencias judiciales) contra los pueblos y la clase obrera.
Todas las reformas laborales, de pensiones, de las leyes de arrendamiento y las modificaciones que quieren introducir, las del Código Penal, leyes mordaza, ley de “salud” en Galicia, aumentan el “arsenal” que el poder judicial, burgués, tiene en sus manos para ser utilizadas contra la población en todos los terrenos. Pero las leyes son palabras que precisan de seres humanos que las apliquen, y aquí entra de lleno el carácter neofranquista del aparato judicial español, incólume tras la Transición.
La no ruptura con el franquismo
El entramado judicial español tiene un nombre propio: la Audiencia Nacional (AN) que fue creada el 4 de enero de 1977 (BOE de 5 de enero), el mismo día en el que se suprimía el Tribunal de Orden Público (TOP), franquista. La mayoría de sus jueces pasaron a la AN, y otros, ascendidos al Tribunal Supremo.
La AN es un tribunal de jurisdicción única, es decir, aplicable a todo el estado rompiendo una de las normas de la justicia democrática burguesa, el “acercamiento” de los tribunales a los entornos sociales de las personas. Tiene sede en Madrid, y allí van todos los casos que atiende. Es, en fin, un tribunal de excepción, heredero directo del principal tribunal político del franquismo, el TOP, continuador, a su vez, del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo creado tras la guerra civil.
Pueden adornarlo como quieran, en que solo ve “delitos contra el terrorismo” o como les dé la gana, pero la realidad es que es una jurisdicción de excepción para la persecución de delitos políticos, rompiendo otra vez, otro de los principios de la justicia democrática burguesa, la unidad jurisdiccional, es decir, no hay tribunales especiales o de excepción.
En una democracia burguesa se supone que no existe ningún tipo de delito político, que la lucha entre las clases y los partidos se canalizan a través de los mecanismos parlamentarios y democráticos. La judicialización de la política es impensable -eso dicen los teóricos de la política burguesa- en un régimen democrático burgués.
Es obvio que esto es falso, hasta los sistemas democrático-capitalistas más asentados como los EE.UU o Gran Bretaña, recurrieron, recurren y recurrirán a la justicia para enfrentar conflictos políticos, desde los afroamericanos encarcelados en los USA hasta la represión del pueblo de Irlanda del Norte; pero el grado de judicialización del Estado español se liga directamente al carácter neofranquista del régimen.
Esta no ruptura con el régimen tiene una perspectiva no solo de continuidad institucional y de objetivos (la AN como tribunal político y de excepción), sino en las mentes de las personas que aplican las leyes.
La ideología dominante en el franquismo no solo fue la burguesa, sino un espécimen muy particular, “carpetovetónico” que diría el fascista de Camilo José Cela, el “nacionalcatolicismo”. Una mezcla muy “española” de rancio catolicismo anti luterano y anti judío, valores morales medievales, de los que ya se riera Cervantes en El Quijote, cuando enfrenta los valores de “honor y caballerosidad” al practicismo protoburgués de Sancho Panza, nostalgia de un pasado que nunca existió (“España es la nación más antigua del mundo”, dijo no hace mucho M.Rajoy), todo pasado por el tamiz de una misoginia enfermiza y una aporofobia de manual.
Pues bien, esta ideología “carpetovetónica” sigue instalada en el poder judicial español hasta el punto de que se calcula que 1/3 del escalafón judicial es de una secta católica (así la califica la legislación belga y francesa) que bajo el franquismo llegó a dominar la política en los años 60 y parte de los 70, el Opus Dei. Es obvio, que cuanto más se suba en ese escalafón, hasta llegar al Consejo General del Poder Judicial, ese porcentaje aumenta.
No basta con limpiar el aparato judicial
Como si las instituciones fueran ajenas a las personas que las ocupan todo el mundo dice que hay que limpiar de jueces reaccionarios la judicatura cuando los jueces emiten sentencias machistas como las que libran de la cárcel a violadores como la Manada, son parte de montajes judiciales como el caso Altsasua, actúan como la Inquisición respecto a los presos del “proces”, que entran y salen de la cárcel dependiendo de su “arrepentimiento” de lo que hicieron, recordando los antiguos autos de fe contra herejes, judíos o brujas, o encarcelan a raperos por decir la verdad del Borbón “a la fuga”.
La “judicialización” de la política, la sucesión de sentencias delirantes, el carácter reaccionario de la justicia no solo es un problema de personas; hasta el mismo presidente del CGPJ dijo en el 2014 que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) está «pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador».
El aparato judicial, los tiempos judiciales en los procedimientos -dice una máxima que una justicia lenta es injusta-, la legislación básica sobre las que se sostiene, … no solo son herederos del franquismo, como se vio en el caso de la AN, sino que son instrumentos de una burguesía decimonónica que fue incapaz de hacer su revolución burguesa. La transformación del Estado español en un estado burgués fue un largo proceso de pacto entre unas burguesías (incluidas la vasca, catalana y gallega) incapaces de hacer la revolución con una aristocracia y una iglesia decrépitas, concretado en la pervivencia de la dinastía borbónica y los sucesivos Concordatos con la Iglesia Católica, que les garantiza unos privilegios medievales.
El “nacionalcatolicismo”, las instituciones represivas con mentalidades inquisitoriales -ni tan siquiera democrático burguesas-, son fruto de esa incapacidad que se manifestó de una manera brutal en la guerra civil y la dictadura franquista; por ello, no basta con limpiar el aparato judicial de jueces reaccionarios, hay que romper con todo ese pasado que pesa como una losa sobre la sociedad española.
Desde disolver la Audiencia Nacional hasta establecer criterios democráticos de control sobre jueces y fiscales, hay que remover todo el aparato judicial poniendo la política en el puesto de mando. Esto solo se puede hacer en el marco de una lucha por la ruptura con el régimen del que es una de las patas fundamentales, el del 78, y la apertura de un proceso constituyente que acabe con el pasado franquista en el Estado español.
Ilustración del artista Eneko.