Hace apenas una semana, la Audiencia de Barcelona condenó a cuatro años y medio de cárcel al exfutbolista del Barça Dani Alves por un delito de violación (agresión con penetración). Alves agredió sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Un juicio mediático y una sentencia histórica por tratarse del primer caso de violación juzgado bajo el nuevo paradigma de la ley del ‘solo sí es sí’.

Por: Corriente Roja

Un sabor de boca agridulce

“En el ámbito de que haya podido ocurrir con posterioridad una agresión sexual, debe señalarse que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, o que incluso haya podido  abrazarse al acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Estas actitudes o incluso la existencia de insinuaciones no suponen dar carta blanca a cualquier abuso o agresión que se produzca con posterioridad: el consentimiento en las relaciones sexuales debe prestarse siempre antes e incluso durante la práctica del sexo, de tal manera que una persona puede acceder a mantener relaciones hasta cierto punto y no mostrar el consentimiento a seguir, o a no llevar a cabo determinadas conductas sexuales o hacerlo de acuerdo a unas condiciones y no a otras. Es más, el consentimiento debe ser prestado para cada una de las variedades de relaciones sexuales dentro de un encuentro sexual, puesto que alguien puede estar dispuesto a realizar tocamientos sin que ello suponga que accede a la penetración, o sexo oral pero no vaginal, o sexo vaginal pero no anal, o sexo únicamente con preservativo y no sin este. Ni siquiera el hecho de que se hubieran realizado tocamientos, implicaría haber prestado el consentimiento para todo lo demás.”

Este extracto de la sentencia se ha tornado viral por poner el consentimiento como eje del delito de agresión, algo poco visto en los juicios por agresión sexual hasta ahora. Es inevitable recordar la culpabilización mediática a la víctima de la Manada que sirvió para que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolviese a uno de los tres agresores y le rebajase la pena a los otros dos al condenarles por abuso sexual y no por violación. Asimismo, la sentencia continúa diciendo que “para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas, ni que conste una heroica oposición de la víctima a mantener relaciones sexuales”, la cual cosa pone de manifiesto el terrible error cometido una y otra vez cuando se ha señalado a una mujer agredida por no decir explícitamente “no” o por no luchar heroicamente contra su agresor.

A pesar de lo anteriormente expuesto, hay elementos de la sentencia de Alves que mantienen la lógica machista de la cultura de la violación. La defensa del exfutbolista pedía dos atenuantes: en primer lugar, la embriaguez -rechazada por el tribunal dado que el consumo de alcohol no justifica la agresión- y, en segundo lugar, la reparación del daño.

Dice la sentencia que “por más que en el auto de procesamiento se estableciera la obligación del procesado de abonar una fianza de 150.000 euros, el hecho de que haya indicado que solicita que esta cantidad le sea entregada a la víctima con independencia del resultado del juicio expresa una voluntad reparadora que tiene que ser contemplada como una atenuante”. Esto sienta un terrible precedente según el cual pagar una cantidad de dinero -calderilla, para alguien con el estatus económico de Alves- supone una voluntad reparadora e implica entender que los ricos y poderosos pueden resolver todo firmando un cheque.

Una sentencia progresiva, un sistema desigual

Visto el historial de sentencias machistas, la sentencia a Dani Alves es un avance, aunque limitado, en un sistema judicial heredero del franquismo. A pesar de la progresividad de la sentencia, este sistema sigue conformado por jueces machistas y clasistas que protegen a los agresores y ha quedado demostrado que con dinero te ahorras unos cuantos años de prisión.

Aunque hay algunas voces en el espectro jurídico que alertan que no tiene mucho sentido hablar de penas “altas” o “bajas”, la realidad es que la sentencia de cuatro años y medio en prisión es la pena mínima que el tribunal podía conceder.

Es decepcionante que un mismo sistema judicial condene a más de cinco años a un rapero por injurias a la corona, Pablo Hasél (que en estos días está cumpliendo la mitad de su condena), y tan solo a cuatro años y medio a un violador.

Entonces, ¿cuál es la solución?

Depuración del sistema judicial comenzando por la inhabilitación de los/as jueces implicados en sentencias machistas como la de “La Manada”.

Elección democrática de fiscales y jueces por los ciudadanos/as.

Generalización del Jurado, garantizando formación a la población y en concreto contra el machismo.

Formación en violencia machista de todo el personal que atiende a quienes la sufren, tanto en el ámbito judicial y policial como en el social o sanitario.

Educación sexual y en valores de igualdad obligatoria en las diferentes etapas educativas, que acabe con los prejuicios y estereotipos machistas y con la tolerancia social hacia cualquier forma de violencia machista.

Promoción en todos los espacios públicos de la autodefensa de las mujeres frente a las agresiones.

Aumento de fondos en los Presupuestos del Estado para recursos y protocolos de atención sanitarios para mujeres que sufren agresión sexual.

Por una cultura que promueva el respeto y la libertad del otro-a en su diversidad y no la cosificación e hipersexualización del cuerpo de la mujer.

Desde Corriente Roja pensamos que no habrá justicia para las víctimas de violencia machista mientras no echemos abajo este régimen burgués, corrupto y heredero del franquismo, del que este sistema judicial es una pata fundamental. 

Tampoco se va a acabar con la cultura machista y de la violación sin destruir las bases económicas sobre las que esta ideología se levanta. Es por eso que llamamos a la juventud y a la clase obrera a organizarse con nosotros y nosotras en la lucha por una sociedad diferente, por una sociedad socialista que cree las condiciones para una verdadera emancipación de la mujer.