La Ley Trans fue aprobada por el Consejo de Ministros para pasar a ser discutida en el Parlamento el 27 de junio de este año, un día antes del Orgullo LGTBI, en una clara maniobra de lavado de cara ante la movilización inminente del colectivo, que lleva años exigiendo la libre autodeterminación de género. 

El Gobierno primero hizo concesiones al ala transfóbica del PSOE antes de aprobar la Ley Trans en el Consejo de Ministros. Estas concesiones modificaron el borrador inicial, que recogía las demandas del colectivo movilizado, y lo recortaron hasta dejar sin reconocer el derecho a la autodeterminación de género a los menores de 16 años y personas no binarias e impuso de nuevo plazos administrativos y procedimientos burocráticos para el resto.

La Ley Trans fue discutida en el Parlamento por primera vez este 6 de octubre, donde se sortearon las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y VOX. A pesar de ello, el PSOE, junto a PP, ha vuelto a retrasar su tramitación congresual solicitando un aumento del plazo inicial de presentación de enmiendas (que el pasado miércoles finalizaba) hasta el 26 de octubre. Esto ha provocado la baja del PSOE de Carla Antonelli, mujer trans e histórica figura pública de este partido. 

Y es que mucho más notable ha sido la voz crítica de Antonelli rechazando la postura transfóbica del PSOE, que la del Ministerio de Igualdad, el cual busca el rédito electoral por la Ley Trans pero no se atreve a llamar a la movilización contra sus socios de Gobierno, a pesar de que ésta se convocó en Madrid el sábado 22 por los colectivos que llevan presionando a UP por la aprobación de esta Ley desde 2018. 

No tenemos ninguna confianza en un proceso que se lleva postergando durante 4 años al son de los intereses electoralistas de Unidas Podemos (UP), dejando tras de sí un debate público envenenado de odio, sin garantizar, durante todo este tiempo y todavía a día de hoy, el derecho a la libre autodeterminación de género.  Denunciamos el papel hipócrita de UP que de nuevo acata sumisamente el no cumplimiento de su propio programa y guarda silencio en lugar de llamar a la movilización. Las demandas específicas del colectivo LGTBI no pueden ser utilizadas como mero reclamo electoral. Debe ser la movilización la que arranque a este Gobierno nuestros derechos.