Gestión ineficiente para hacer frente a la Covid-19

Con 466.565 contagios por Covid-19 desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, el riesgo de rebrote creciente (678 puntos) y un total de 18.284 muertos, según cifras del Gobierno de la Generalitat, Cataluña y el resto del Estado español se encuentran bordeando el precipicio de la tercera oleada epidémica. Estos datos se contrastan con la cifra de 161.481 personas vacunadas con la primera dosis en la CCAA de Cataluña, y solo 872 con la segunda, mientras los contagios siguen aumentando.

Como muy bien apuntan los compañeros de la Marea Blanca, la crisis que estamos sufriendo pone en evidencia las debilidades de nuestro Sistema Nacional de Salud. El gasto público per cápita en sanidad se sitúa al lugar 17 de los 27 países de la UE. ¡Queremos una sanidad pública de calidad!

En la primera fase, hubo una falta grave de recursos para el personal sanitario y los pacientes de riesgo. Actualmente, nos encontramos con la construcción de hospitales no necesarios y la contratación de rastreadores privados, descoordinados del resto del sistema e ineficientes, con un coste total de 100 millones estas dos decisiones. A una Atención Primaria que arrastra carencias desde hace años, se suma la nueva saturación de los hospitales con serias dificultades para atender tanto al paciente Covid, como el resto. Para solucionarlo aparece otra vez la derivación de pacientes a la sanidad privada, que  se cobrará más tarde. La sombra de la tercera oleada se precipita ante un personal sanitario cansado y desmotivado, todavía con las UCI colapsadas con los pacientes de la 2ª oleada. Es por eso que es urgente parar los recortes y las políticas neoliberales.

Unas políticas neoliberales que ahogan también la educación pública, la cual ha sufrido en todo el Estado un recorte del 5% en los últimos diez años, mientras la inversión en la educación concertada crecía en el mismo período de tiempo un 7,6% según datos del diario El País (21 de diciembre). Durante este inicio de curso tan duro, los profesionales y usuarios de la pública han sufrido una alarmante carencia de recursos o retrasos en la llegada de medios y EPIs para hacer frente a la Covid. Además, se han dado situaciones esperpénticas en los centros, como la medida, afortunadamente retirada, de que los docentes tuvieran que pasar o supervisar las pruebas PCR al alumnado. Para acabarlo de adobar, esta Navidad muchos docentes sustitutos/as se quedaron sin trabajo a causa de la mala praxis del Departamento de Enseñanza que ha decidido cesar parte del personal sustituto que cubre permisos para deber inexcusable del personal vulnerable. Un follón que se completa con el cambiante protocolo anticovid y las medidas de un Departamento de Educación que se ha desdicho de muchas de las medidas anunciadas en el mes de junio.

Al contrario que en el resto de Europa (Alemania ha cerrado todos los comercios no esenciales y las escuelas hasta el 11 de enero y Francia tendrá cerrados restaurantes, cines y teatros hasta el 20 de enero, por ejemplo), en Cataluña las restricciones se limitan a toques de queda y confinamientos perimetrales que se relajaron en las fiestas y la campaña de Navidad. El mismo secretario de Salud Pública Josep Maria Argimon, en declaraciones en Catalunya Ràdio del día 16 de diciembre, argumentó que no se están tomando medidas más drásticas porque Cataluña, a diferencia de Alemania, no es un país rico.
Ofensiva contra las personas más oprimidas
No parecen contar ante las necesidades económicas de la patronal, el enorme riesgo de contagio a que se expone diariamente el grueso de la clase trabajadora amontonada cada día en el transporte público. No se han aumentado los convoyes ni las frecuencias de paso, en la mayoría de los casos, falta de las medidas de seguridad adecuadas y de EPIs suficientes en sus lugares de trabajo, condenadas a ERTEs en  los que se retrasa su pago sine die o, todavía peor, a un paro que no deja de crecer día tras día. También se condena a la clase trabajadora al peligro de desahucio que ha vuelto de la mano de unas fuerzas represivas que no tienen ninguna contemplación para preservar los intereses de los grandes tenedores y fondos buitres, y las promesas incumplidas de las administraciones públicas de ofrecer una alternativa residencial a las personas afectadas.

Asimismo, hay que hacer mención de las miserables condiciones de vida de las personas migrantes en situación administrativa irregular en nuestro país. No sólo no se los atiende de forma adecuada, sino que se las condena a vivir amontonadas en naves abandonadas que suponen un grave peligro para su integridad, como quedó de manifiesto hace un par de semanas en el incendio de Badalona, un hecho ignominioso que pone de relieve la responsabilidad criminal de la administración en la atención a los y las migrantes. A todo esto se suma las oficinas colapsadas o sin un servicio adecuado, que tendrían que servir para regularizar la situación de estas personas que se ven abocadas a la absoluta e indignante miseria.

El confinamiento parcial durante el pasado Estado de Alarma, aumentó el riesgo de quien sufre violencia machista. Las llamadas al 016 se incrementaron en un 44%, así como las consultas por internet y por otros medios telemáticos. Para paliar esta violencia el gobierno puso en marcha un plan de contingencia insuficiente que no garantizó alojamientos alternativos y seguros para todas las víctimas; especialmente a mujeres inmigrantes, en contexto de prostitución o en el ámbito rural.

Durante este año, la violencia hacia el colectivo LGTBI no ha parado, mientras que seguimos esperando nuevas medidas del nuevo gobierno y planes de actuación para paliar las agresiones que suframos. El pasado 18 de diciembre, el Parlamento de Cataluña aprobó una reforma a la ley para erradicar la violencia machista incluyendo a las mujeres trans como sujetos de las agresiones verso las mujeres. Desde Corriente Roja defendemos que sin presupuesto, recursos y planes de actuación seguiremos sufriendo de violencia machista y LGTBI.

Las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia colocan a las mujeres y más si son jóvenes, inmigrantes, racializadas o del colectivo LGTBI, en peores condiciones materiales y con menos recursos para salir de un entorno de violencia machista o enfrentar cualquier agresión.

Ahora más que nunca, es importante vincular la lucha para exigir más recursos para proteger a las mujeres que sufren violencia machista, en la lucha por las medidas sociales y económicas que necesitemos para poder afrontar esta crisis que sigue descargando sobre la clase trabajadora.
Los y las trabajadoras del sector de la cultura también sufren la crisis
La cultura ha sido uno de los sectores especialmente golpeados por la crisis económica, que la gestión de la Covid-19 ha profundizado. Venía de una tradicional precariedad, con una intermitencia mal regulada que obliga a las trabajadoras culturales a la autoexplotación, y en el caso de los músicos, un convenio que se caracteriza por su incumplimiento generalizado del salario mínimo (hecho especialmente grave teniendo en cuenta que la administración pública es el principal contratista de cultura en todo el Estado Español), así como el incumplimiento del Real Decreto 1435/1985, que estableciendo el músico como asalariado laboral, el organizador del concierto nos fuerza a hacer factura. Una mala praxis que profundiza la explotación del sector en el cual la administración pública sigue al frente. Una problemática similar a la que sufren las trabajadoras de Glovo o Deliveroo, que siente trabajadoras asalariadas, la empresa los fuerza a ser falsos autónomos para acumular todavía más beneficios.

Cuando se inició la pandemia, fue de los primeros sectores en cerrar. Cancelaron la mayoría de producciones, y posponer sin fecha alguna de ellas. A causa de la mala regulación, que deja a el trabajador totalmente desprotegido por la inexistencia general de contratos laborales, se condenó a miles y miles de trabajadoras de la cultura a estar sin ingresos durante meses. Con el desconfinamiento, si fue el primer sector en cerrar, fue el último en abrir, con unas restricciones de aforo que hacían muy difícil que las producciones salieran adelante. A pesar de que existen ayudas, la inmensa mayoría de ellas están destinados a los grandes propietarios de la industria cultural para indemnizar pérdidas o cubrir ingresos no realizados, no para ayudar a sobrevivir a las trabajadoras. Hay alguna excepción, como la ayuda de pago único de 750 € (que todo el mundo sabe que con esta miseria apenas sobrevives un mes) que ofreció la Generalitat gracias al SMAC (Sindicato de Músicos Activistas de Cataluña) y la ATECAT (Asociación de los Técnicos del Espectáculo de Cataluña). Desde Corriente Roja, celebramos estas iniciativas y animamos a las trabajadoras a seguir organizándose y luchando para revertir los ataques que recibimos bajo el pretexto de la pandemia.
¡Es urgente construir una fuerza revolucionaria!
Hace varias semanas vimos movilizaciones (donde participaba un sector de la ultra-derecha) que generaron disturbios en Barcelona, Valencia o Madrid. Hay motivos suficientes para continuar luchando y llamamos a la clase trabajadora, al pueblo pobre, al sindicalismo alternativo y a la izquierda revolucionaria a salir a la calle y encabezar las próximas movilizaciones. ¡No podemos dejar espacio en las calles para la ultraderecha!

El Gobierno catalán y sus socios, así como las fuerzas políticas de la oposición, sólo parecen tener ojos para la contienda electoral autonómica marcada en el calendario para el próximo 30 de mayo. Mientras dirigen toda su actividad a poner en marcha la maquinaria electoral para ganar votos con promesas simbólicas vacías de contenido, olvidan los problemas más importantes de la población.

Corriente Roja creemos firmemente que en las próximas elecciones autonómicas hace falta una fuerza política alternativa que defienda un plan de choque social, sanitario, educativo y laboral para la clase trabajadora y el pueblo, y que luche para dar salida a sus necesidades. Una fuerza que enfrente a los ricos y poderosos, que sea altavoz de las demandas sociales y populares para impulsar la lucha de la clase obrera y que aliente su autoorganización.

Es por eso por lo que en las próximas elecciones autonómicas Moviment Corrent Roig presentaremos una candidatura en Tarragona con un programa electoral al servicio de las luchas. Junto con la Asamblea de Represaliadas y Activistas haremos una campaña electoral para dar voz a las represaliadas, luchar contra la represión, defender la amnistía y las libertades políticas y denunciar aquellos partidos que agitan consignas descafeinadas que no enfrentan ni a la banca ni a la patronal o que, directamente, son firmes defensores de las actuales reglas del juego. Nosotr@s, en cambio, lucharemos para deshacernos del régimen monárquico y, al calor de esta lucha, imponer las demandas obreras, sociales y populares.

Nuestro programa, que es una guía para la acción y la rebelión, tiene como puntos ineludibles los siguientes:

  1. ¡Refuerzo de la sanidad pública, revertir los recortes e intervenir los recursos privados!
  2. ¡Vacunación 100% pública! ¡Contratación de personal sanitario!
  3. ¡No a la subida del precio de la luz! ¡Nacionalizar las eléctricas y garantizar recursos básicos para toda la población!
  4. Remunicipalizar todos los servicios socio-sanitarios.
  5. Prohibir todos los ERTEs y despidos. ¡Nacionalización de las industrias claves y de las grandes empresas en proceso de ERTEs!
  6. En los puestos de trabajo: EPIS obligatorias, PCR y garantizar confinamientos de positivos y contactos.
  7. Subsidio indefinido para tod@s l@s trabajador@s que ingresan menos del SMI.
  8. ¡STOP desahucios! ¡Expropiación de los pisos vacíos de bancos y fondos buitres y alquiler social! ¡Parque público de vivienda digna! ¡Regulación y limitación real y efectiva de los precios del alquiler en todo el Estado!
  9. Refuerzo de la red de transporte público. Gratuidad del servicio.
  10. ¡Educación 100% pública y de calidad, sin recortes ni conciertos y con derechos y seguridad para el profesorado, el alumnado y el personal del PAS! ¡Más personal y recursos y menos ratios por clases!
  11. ¡Suspensión inmediata de los exámenes presenciales en la universidad y evaluación telemática!
  12. ¡Presupuestos y planes de actuación para acabar con la violencia machista y LGTBI!
  13. Ayudas para l@s trabajador@s de la cultura, no para las empresas. ¡La cultura es trabajo!
  14. ¡No a la ley de extranjería, regulación inmediata para las personas migrantes ya!
  15. Mascarillas y gel gratuitos para toda la población. Testeos masivos.

Derechos, Salud, Educación, Pan, Techo y Dignidad