Después de la convocatoria de las Elecciones catalanas, el aplazamiento para el día 30 de mayo y la vergonzosa intervención y suspensión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), finalmente, los comicios se mantendrán el 14-F, en plena tercera ola, dejando la puerta abierta a aplazarlos una vez haya empezado la campaña electoral, puesto que el TSJ no se pronunciará definitivamente hasta el día 8 de febrero.

Esta guerra de fechas, lamentablemente, no tiene nada que ver con la preocupación por la situación epidemiológica y el riesgo sanitario, ni está marcada por criterios de salud pública. Al contrario, responde a criterios electoralistas por parte de unos y otros, ya que esta semana se publicó la última encuesta del CIS en la que se daba, por primera vez, la victoria electoral al PSC, aunque la vuelta de un Gobierno de las fuerzas independentistas continúa estando entre las posibilidades.

Haría falta, pues, aplazar las elecciones y adoptar medidas excepcionales, puesto que la grave situación sanitaria lo exige. A pesar de que el Gobierno de la Generalitat llama a luchar contra la Covid-19, la realidad es que hace 8 meses que asumió las competencias en la gestión de la pandemia y no ha hecho otra cosa que medidas insuficientes para salir del paso y campañas de responsabilidad individual, todas ellas al servicio de la banca y la patronal.

Estas son unas elecciones marcadas por la pandemia y el inicio de una enorme crisis económica y social. Su convocatoria viene motivada por la destitución del president Torra: un grave ataque a la libertad de expresión y a la soberanía catalana, que se suma a la rabia represiva de una justicia heredera del franquismo que busca venganza por el referéndum del 1 de octubre y que ahora encuentra complicidad en el Gobierno de coalición PSOE- UP. No es casualidad que, el mismo día, el TSJ inhabilitara a Bernat Solé, exalcalde de Agramunt, por facilitar el 1-O.

No obstante, Moviment Corrent Roig participaremos en las elecciones catalanas del 14-F con una candidatura en Tarragona. Junto con las compañeras de la Asamblea de Represaliadas y Activistas, pensamos que es imprescindible una candidatura alternativa, por pequeña que sea, en los próximos comicios. Una candidatura que se desvincule de la dirección oficial independentista y defienda un programa hecho y dirigido a l@s trabajador@s, a la juventud y a las activistas y represaliadas. Un programa que rompa con las reglas del juego institucional, que solo nos ligan de manos y pies, y que enfrente verdaderamente a los ricos y poderosos. Un programa que defienda un plan de choque frente a la pandemia, la crisis y la represión.

Así mismo, vamos a denunciar la falta de una Ley electoral propia en Cataluña que obliga a aplicar la LOREG, una ley que deja al descubierto que en la democracia en la que vivimos únicamente tienen lugar las grandes maquinarias electorales, con los recursos y el dinero para poder preparar las candidaturas con tiempos y agilidad.

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