Ayer salió la última persona de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) según ha informado la plataforma CIEs NO. Durante el Estado de Alarma, el Ministerio de Interior ha ido poniendo en libertad a los migrantes presos por el mero hecho de migrar.
No han sido liberados porque el Gobierno PSOE-UP haya comprendido, por fin, que la Ley de Extranjería de 1985 (aprobada por el PSOE en su día) nos convierte a las y los inmigrantes en ciudadanos de segunda, sin derechos, encarcelables y expulsables simplemente por “encontrarnos ilegalmente en territorio español” (art. 26 Ley Orgánica 7/1985 conocida como Ley de Extranjería). Han sido liberados porque el cierre de fronteras y las restricciones de viajes ligadas al brote del coronavirus impiden ejecutar las deportaciones.
Es más, el propio Ministerio de Interior aseguró al medio eldiario.es que “no se había dado «ninguna orden» estatal para liberar a los internos de los CIE, sino que los inmigrantes son liberados cuando cumplen los 60 días de encierro, el periodo máximo de estancia marcado en la legislación”.
Que haya tenido que haber una crisis sanitaria para que estas cárceles liberen a personas por el mero hecho de migrar arroja luz sobre la institucionalización del racismo que mantiene este Gobierno, y los anteriores.
Por ello, no podemos bajar la guardia y debemos exigir el cierre definitivo de los CIE.
Queremos los mismos derechos
Con no encarcelar a nuestr@s herman@s no nos es suficiente, queremos que tengan los mismos derechos que cualquier trabajador o trabajadora de este país.
No nos es suficiente que regularicen tan sólo un mes a nuestros servicios esenciales, l@s jornaleros/as migrantes, “para que ninguna fruta se quede sin recoger” con el decreto 13/2020 y que, después de hacer el trabajo, puedan ser devueltos o encarcelados de nuevo.
Por ello, seguimos denunciando, junto a los más de 900 colectivos que nos hemos sumado a la campaña de #RegularizaciónYa, la exclusión de más de 600.000 mil personas migrantes de las medidas extraordinarias por la pandemia del COVID 19, la situación de hacinamiento del CETI de Melilla, de la devolución de los más de 700 tunecin@s que el Gobierno está preparando junto al gobierno de Túnez, o de cómo se siguen dando devoluciones en caliente en la valla aunque estemos en una crisis sanitaria.
Además, llamamos a combatir fervientemente las campañas de odio, como las de Vox, que piden “aprovechar a las temporeras marroquíes para salvar las cosechas” mientras denuncia que las inmigrantes contemos con mascarillas o geles.
No queremos volver a “la normalidad” si no tenemos todas y todos los mismos derechos. Llamamos a que cada colectivo o activista a que se sume a la campaña #RegularizaciónYa y luchemos demanda a demanda hasta que aplique el Gobierno todas y cada una de ellas:
- Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería.
- Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio.
- Para la consecución de esta regularización extraordinaria, el Gobierno debe de asegurar procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos expedientes.
- Priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos los trámites de regularización familiar, sin supeditarse a ningún requisito administrativo.
- Liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla, anulación de todos los expedientes de deportación y agilización de los laisse-passez y, por último, cierre definitivo y permanente de estos centros.
- Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria, basada en la identificación por perfil étnico.
- Para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos en el Estado español: sustento económico y apoyo socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta, una vez cumplida la mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18 años.