Las estrategias y las excusas para privatizar el sector público. El caso de la colaboración público-privada
Pero con la privatización del sector público no sólo se transfiere unos activos de las clases populares, mayoritariamente financiados por los trabajadores/as, a la burguesía, sino que, además, con dicha privatización, la burguesía consigue que más dinero público fluya constantemente hacia el sector privado. ¿Por qué? Porque cuando se privatiza un servicio público, como se han de cubrir unas necesidades humanas que han quedado insatisfechas al privatizar y que normalmente no son solventes6, pero al mismo tiempo se quiere mantener la titularidad privada de esos servicios y esos activos, esas necesidades insatisfechas no solventes presionan y sirven de excusa para regar con dinero público ese sector privado nacido al calor de las privatizaciones.
Por: Jordi Jaime Sanz
Lee aquí la Parte 1
Un ejemplo de eso lo tenemos en las residencias.
El sistema público de atención social y de salud se está privatizando y se ha privatizado, como es sabido, pero el negocio de las empresas privadas socio-sanitarias no se ha quedado solo aquí.
A la vez que la privatización del sector socio-sanitario público abre nuevos nichos de mercado en el sector privado (por ejemplo, en las mutuas), al quedar muchas personas desatendidas, pues por ejemplo, no pueden pagar una plaza en una residencia privada, eso sirve a la vez como excusa para que, bajo la justificación de proteger un supuesto “Estado del Bienestar”, la clase trabajadora pague, a través de sus impuestos, plazas públicas en esas residencias privadas y en esos hospitales privatizados. Es decir, la creación del problema, por las ansias de lucro de la burguesía, ha presionado y ha servido de justificación a los diferentes gobiernos, al querer estos mantener la titularidad privada de los servicios socio-sanitarios privatizados, para que las plazas de dichos servicios sean financiados con dinero público, mientras los beneficios obtenidos por esas plazas (el dinero público que resta de haber pagado su coste) es apropiado por la burguesía que los gestiona.
A su vez, el hecho de que no existan plazas en las residencias públicas para satisfacer todas las necesidades no solventes ha llevado a que muchas personas jubiladas alquilen habitaciones de sus viviendas y entren, aquellas con multipropiedad de viviendas, en el juego especulativo que le interesa al sistema de alquilar y compra-vender estas o incluso pongan su vivienda en una hipoteca inversa para beneficio de la banca.
Aquí vemos como un beneficio privado (la privatización) desencadena un problema social (la falta de acceso a las residencias para las personas jubiladas no solventes que no pueden valerse por sí mismas), que genera otro beneficio (el de las hipotecas inversas para la banca, por ejemplo).
En resumen, con ejemplos como este vemos, como los problemas que genera el capitalismo son aprovechados, gracias a su gestión burguesa, para sacar beneficio privado de ellos y como eso genera, a su vez, otros problemas sobre los cuales, otros sectores burgueses sacaran otros beneficios (vemos el encadenamiento de problemas del cual sale beneficiado la clase burguesa y por cuyo beneficio sale perjudicada la clase trabajadora).
Nótese que, para justificar dicha colaboración público-privada, la burguesía y sus sirvientes políticos normalmente ejemplifican esta en los casos en que dicha colaboración supone una mejoría para el sector más vulnerable o necesitado de la población, pues eso (el hecho de que sirve a una población o colectivo necesitado) permite conferirle un envoltorio progresista.
Normalmente la burguesía siempre intenta camuflar sus intereses de clase con los motivos más filantrópicos.
El caso es que, aunque dicha colaboración sirve a algunas familias para salir del atolladero, la colaboración público-privada afecta gravemente, en general, a la clase trabajadora tomada en su conjunto. Para la verdadera izquierda la cuestión es cómo ponemos en conexión las necesidades de esas familias, normalmente trabajadoras, con los intereses de la clase trabajadora en general y eso pasa por hacer pública aquella parte de la colaboración público-privada que es privada (la remunicipalización o estatización de las residencias, por ejemplo).
Podríamos encontrar muchos otros ejemplos de colaboración público-privada en todos los problemas que abre el capitalismo, que sirve para socializar los costes de estos problemas y beneficiar a la parte más rica de la sociedad que los produce y que a la vez sirve como estrategia para ir privatizando el sector público de forma encubierta, pero el problema es que la solución de la derecha y la supuesta izquierda a la cuestión de la privatización, la colaboración público-privada, supone un doble perjuicio a la clase trabajadora en su conjunto (más allá de que algunas familias vulnerables de clase trabajadora salgan beneficiadas): Por una parte, porque supone pasar dinero de la clase trabajadora en su conjunto ( y también de parte de las clases populares) a la burguesía acaudalada (así a los propietarios de las residencias privadas entre otros, para continuar con el ejemplo) ya que supone que el dinero que pagan esas clases con sus impuestos vaya, en infinidad de casos, a dicha burguesía . Y por otra parte porque, al mantener esa fiscalidad impositiva regresiva de la que hablábamos antes que supone que los servicios públicos sean financiados mayoritariamente por los trabajadores, ello produce una fractura en la clase trabajadora que beneficia claramente a las opciones políticas de más a la derecha, debido a que la población más vulnerable que concentra la mayoría de necesidades no solventes suele ser migrante y ello, pese a que los migrantes, en una más que considerable mayoría de ocasiones, son una parte minoritaria en el consumo del llamado “Estado del Bienestar”, permite agitar a la extrema derecha el mantra que los trabajadores “autóctonos” pagan la vivienda, la sanidad, la educación, etc. a esa población, cuando los migrantes, que aportan, en su conjunto, al sistema de la seguridad social, etc. más de lo que reciben7, también pagan, a través de la colaboración público-privada entre otras vías, a la burguesía acaudalada.
En ese sentido, las políticas “progresistas” de la social-democracia actual y esa supuesta izquierda, que consisten en esa colaboración público-privada y cuyo contenido real es la potenciación de negocios privados, son una máquina de fabricar votos para la derecha extrema (PP) y la extrema-derecha (VOX), pues dicha colaboración público-privada, en el marco de una regresividad fiscal, permite imputar falsamente lo que es un beneficio de la burguesía a una población migrante que también, en su conjunto, sale perjudicada con dicha colaboración.
Por otro lado, el nepotismo, la alta burocratización de los servicios (el parasitismo en la función pública), la corrupción en general, inherente al propio sistema político burgués y a la administración pública que es inevitable en un sistema económico burgués, pues contra más centralizado y más concentrado está el capital, más inexorable es la cooptación por la burguesía de los cargos públicos a sus intereses (piénsese por ejemplo, en las puertas giratorias), todos esos factores que se atribuyen a la mala gestión pública, cuando debieran ser atribuidos al propio sistema económico de la burguesía y a su liderazgo en el sector público, pudren un sector público por escasez de recursos y por su elevado coste burocrático que hace que, aunque aumente la partida presupuestaria destinado a él, dichos recursos no vayan a parar muchas veces a remediar sus puntos débiles, sino a ayudar o mantener su burocracia, cuando no, se lo deja morir por inanición (sin invertir fondos públicos en él) con el interés de privatizarlo a precio de saldo.
En resumen, la excusa de la mala gestión pública utilizada por la burguesía para privatizar (léase apropiarse) un servicio público (léase ingresos de los trabajadores principalmente), debería ser achacada a sus sirvientes políticos, y, por lo tanto, a la misma clase burguesa.
Quien está interesado en una buena gestión del sector público y por lo tanto, en su eficiencia, es quien mayoritariamente lo aporta y lo consume, esto es, en el caso de España, la clase trabajadora que reside en dicho Estado.
En ese sentido, el sector público, los servicios y prestaciones públicas con respecto a las cuentas españolas, no son salario indirecto proporcionado por la burguesía a los trabajadores pues son ellos y no sus patronos quienes aportan la mayoría de los ingresos del Estado8.
El salario es lo que cobra de su patrono el trabajador a cambio de la venta de su fuerza de trabajo.
Si nuestra burguesía no ha combatido la idea, que normalmente proviene de la misma izquierda, de que los servicios públicos son salario indirecto es porque a esta, al igual que a nuestra socialdemocracia, le interesa hacer creer al trabajador que los servicios públicos son un salario a más a más del salario que cobra en el centro de trabajo, que hay una redistribución de la riqueza que corrige al mercado. Nada más lejos de la realidad. El trabajador, obligado por la fuerza coactiva del Estado, ha de pagar con sus ingresos recibidos (por ejemplo, en la fábrica) los impuestos que servirán para la creación y mantenimiento de esos servicios públicos. El trabajador con eso no recibe, sino que da. El trabajador en realidad está ofreciendo unos servicios públicos, aunque los consuma, pues estos servicios públicos salen en su gran totalidad de sus impuestos al Estado, no de un supuesto salario indirecto de su patrono hacia él como nos sugiere la expresión o concepto “salario”. Tanto es así que incluso la burguesía, que contribuye mucho menos al sostenimiento de esos servicios públicos también los puede utilizar pese al gasto que ello pueda acarrear a la clase trabajadora.
Y es que no estamos en contra de que haya unos servicios públicos de calidad y de acceso universal, pues estamos por la igualdad de oportunidades, como tampoco estamos contra un sistema impositivo que garantice una protección social a los trabajadores, pero claro, estamos por una fiscalidad realmente progresiva (que sean realmente los ricos quienes paguen esa protección, que los servicios públicos sean realmente salario indirecto y que por lo tanto, haya una verdadera redistribución de la riqueza, y no una ficción de ella, mientras no sea posible acabar con el trabajo asalariado), porque sino la privatización del sector público no solo supone una merma para aquellos trabajadores que no se pueden pagar unos servicios privados de sanidad, educación, etc., sino que supone además pasar activos de los trabajadores a manos de la burguesía en una más que manifiesta redistribución inversa de la riqueza (es, nunca mejor dicho, un atraco a mano armada! dado el potencial represivo del Estado).
Sin embargo, lejos de ser la clase trabajadora consciente de ello y de saber quién es el verdadero problema en los servicios y prestaciones públicas que consume, piensa que recibe los servicios públicos de un Estado financiado por todos y gestionado por trabajadores públicos, cuando en realidad dicho Estado es financiado sobre todo con su dinero, con el dinero de los trabajadores asalariados, y los altos servidores públicos que lo gestionan están al servicio de su clase antagónica, la burguesía, aquella que medra para que se privaticen y no supongan ningún coste sino al contrario, para sus empresas. Así, todos los factores asociados a la mala gestión de la clase dirigente en nuestra sociedad se traducen en una peor calidad que ofrecen los servicios públicos y, sobre todo, en un aspecto esencial de esa calidad como es la eficiencia. Esa falta de eficiencia y de calidad en los servicios públicos provocados por la propia burguesía, son, paradójicamente, las excusas a las que recurre cínicamente esta y sus políticos a su cargo, para privatizarlos y continuar adueñándose de más fondos públicos (el inmovilismo de los puestos de trabajo públicos como excusa para privatizarlos, eso es, decir que el sector privado es más eficiente porque los trabajadores en él pueden ser más fácilmente despedidos, no es más que una patraña, fácilmente solucionable si los cargos públicos de responsabilidad, incluidos los de los políticos profesionales, pudieran ser revocables por voluntad popular).
Así, con esas “disfunciones” provocadas por la propia burguesía, lo público acaba siendo sinónimo de ineficiente y de peor calidad que lo privado, cuando una buena gestión de lo público debería hacer el servicio más eficiente y sobre todo menos costoso que ese mismo servicio en el mercado privado, ¿por qué? Por qué en el sector privado o en la colaboración público-privada hay un coste que no repercute favorablemente a las clases populares, a saber, el beneficio de las empresas que gestionan ese servicio privado o concertado (en la colaboración público-privada).
Se suele decir que el sector público tiene un coste deficitario mientras que el sector privado obtiene beneficios, pero eso es engañar sobre qué resulta más costoso. Aquí nos estamos refiriendo al coste para la clase trabajadora y las clases populares, al coste para la sociedad, y es evidente que ese coste es menor si en él no se contabiliza el beneficio de las empresas privadas que gestionan los servicios públicos y sus consecuencias, si en él no se contabiliza el beneficio de las empresas privadas en la ejecución de lo público (por ejemplo, los sobrecostes en las obras públicas en territorio español por parte de las grandes constructoras que algunas fuentes asocian a la financiación irregular de los partidos9). Además, el coste es menor para la sociedad si tenemos en cuenta que lo público satisface o debiera satisfacer todas las necesidades humanas, no solamente las solventes.
Por lo tanto, el sector público está llamado a demostrar su superioridad en el ámbito de la eficiencia, de la calidad, y de su acceso universal sobre el sector privado, pero, eso sí, para ello se requiere que ese sector público esté gestionado por la clase que le aporta su mayor financiación y que está interesada en que realmente ese sector público de acceso universal sea eficiente y de calidad, eso es, esté gestionado por la clase trabajadora. Ello rompería con todo el secretismo que rodea las licitaciones de obra pública (sobre todo en su sobrecoste) y otros tipos de licitaciones, que siempre encontramos en la gestión burguesa del sector público, en la cual se demuestra lo estructural y endémico de la corrupción a todos los niveles de la sociedad burguesa.
La transparencia, como requisito de gestión de lo público, sólo puede ser llevada a cabo así, de una forma radical, por su clase social antagónica (la clase trabajadora), que no tiene nada que ocultar, pues actúa en esa gestión para beneficio de ella misma.
Sin embargo, en un contexto de economía de mercado es imposible que dicha gestión sea llevada a cabo de la forma más transparente y eficiente posible, aún siendo dirigida por la misma clase obrera, pues, como se ha dicho anteriormente, una democracia formal, por muy autentica que pueda parecer, nunca puede resistir el interés material de quien ostenta realmente el poder, es decir, aquella clase, la burguesía, que ostenta el poder económico en esa sociedad basada en el mercado.
De ello se deduce la necesidad que la gestión de los servicios públicos no solamente recaiga sobre los trabajadores/as (el control del sector público por parte de la clase trabajadora) sino también, para que de ningún modo pueda ser dirigido por unas marionetas al servicio de la clase contraria, es menester acabar con la economía de mercado (que sirve de base para la acumulación del capital con las consecuencias que ello conlleva) y las instituciones burguesas que imposibilitan la máxima eficiencia y calidad de dicho sector público. Lo único que puede salvar esa contradicción es un gobierno de los trabajadores/as para la clase trabajadora y los oprimidos, basado en la más amplia democracia obrera, que obligue a ese gobierno a enterrar cualquier pervivencia de dichas instituciones y dicha economía burguesa.
6 por necesidades no solventes, nos referimos a las necesidades de aquellas personas que no pueden pagar el precio para satisfacerlas, cosa que ocurre normalmente al privatizar un servicio del sector público, si bien puede suceder, incluso, que haya un precio público que impida satisfacer determinadas necesidades de las personas (por ejemplo, al no poder pagar un billete en el transporte público). De ahí que exijamos no solo unos servicios públicos universales y la estatización de los privatizados sino también la gratuidad de los mismos partiendo de la base que estos ya suponen un coste para la clase trabajadora al ser soportados con su financiación a través del Estado.
La doctrina liberal, por el contrario, reclama que todas las necesidades, no solo las solventes, sean satisfechas por el mercado, cuando dicho mercado solo reconoce de facto las que sí lo son. De aquí que la derecha política pregone cínicamente la no intervención del Estado en el mercado (que sí reclama para el apoyo de sus empresas), ya que a la burguesía sólo le interesa las necesidades de aquellas personas que pueden pagar el precio de satisfacerlas, pues son las que arrojan beneficio para sus empresas.
La supuesta izquierda parlamentaria socialdemócrata y reformista, por su parte, hace intervenir a las administraciones del Estado una vez privatizado el sector público (a veces gracias a su acción gubernativa) no porque le importe significativamente las necesidades no solventes, sino porque la intervención del Estado, en esas condiciones, reporta para las empresas privadas también beneficios, como veremos a través colaboración público-privada, y porque las necesidades no solventes son satisfechas con el dinero de los mismos trabajadores (a través de su tributación por ejemplo) y por lo tanto, el hecho de cubrirlas no repercute negativamente en las empresas capitalistas y la alta burguesía. Es el win-win famoso en el que ganan todos menos un mal llamado “Estado”, sin que se sepa que, el tal llamado “Estado” o administración autonómica o local son, en ese caso, los trabajadores mismos pues aportan su mayor financiación.
7 Según cálculos del economista Ángel Martínez, el saldo presupuestario de los hogares inmigrantes en España es positivo, incluyendo, por el lado de lo que aportan los hogares al Estado, el IRPF y las cotizaciones del trabajador. Fuente: https://share.google/Po8A6XfRoratT4S46
8 como hemos dicho en el superíndice anterior, los servicios públicos y los activos públicos son, sobre todo, de la clase trabajadora ya que la mayoría de los tributos en España los pagan los trabajadores y las trabajadoras. Eso es así porque IVA e IRPF representan el 75% de los ingresos del Estado y en ambos impuestos la clase trabajadora paga su parte mayoritaria de forma abrumadora.
9 Por lo que respecta al Estado español en este punto, véase el artículo del diario digital ElDiario.es sobre los sobrecostes en las obras públicas en territorio español por parte de las grandes constructoras y su asociación, según este periódico, a la financiación irregular de los partidos políticos.
