Rescate y crecimiento del sector privado, y su transferencia en deuda pública, como fenómenos estructurales que explican hoy la privatización del sector público y su precarización

Vemos como se deterioran los servicios públicos por falta de recursos, por la burocratización de los mismos y por una nefasta gestión del sector público. En realidad, todos estos fenómenos responden a un mismo proceso económico:

La burguesía lidera una gestión de lo público, a través de los políticos profesionales de los diferentes parlamentos, para beneficio propio. Perjudicar lo público para rescatar el sector privado, para mantener e incrementar su acumulación de capital, es la respuesta estructural de la burguesía hoy a la crisis actual del capitalismo.

Por: Jordi Jaime Sanz

La privatización responde al interés de la burguesía para expandir el mercado de las empresas del sector privado, para precarizar el empleo público y aumentar su tasa de ganancia, y para absorber la deuda pública, que sirve para mantener esa tasa de ganancia, pero que amenaza con afectar la competencia de las grandes compañías privadas.

El neo-liberalismo no ha muerto: Las instituciones burguesas internacionales como el Banco Mundial (BM), la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE), sirven a ese propósito, solo que cada una de ellas sirve a las compañías transnacionales que están detrás de ellas.

Los Estados, que respaldan y trabajan para sus compañías propias, están interesados en la financiación de esas instituciones internacionales con fondos públicos, así como de regar con ellos los beneficios de dichas transnacionales.

Los Fondos Next Generation y el rescate de la banca española, son buenos ejemplos de cómo la UE potencia el sector privado a través del presupuesto público y cómo se transfiere la deuda privada del sector privado a deuda pública.

La Unión Europea, en nuestro caso, facilitó el trasvase de la deuda privada de los bancos españoles, atrapados por una sobreabundante deuda a bancos franceses y alemanes debida a unos activos tóxicos e invendibles, tras la caída de Lehman Brothers en 2008, a deuda pública, ya que el Banco Central Europeo concedió entonces créditos por valor de un billón de euros a los bancos europeos (300.000 millones a los bancos españoles) a un tipo de interés del 1%, cuando estos mismos bancos, con dicho dinero, compraron la deuda pública española, a un interés del 6 o 7%, que había servido para su rescate.

Es decir, la población española tuvo que devolver esa deuda contraída por el Estado español para salvar a bancos españoles como Bankia, a los mismos bancos que habían comprado la deuda del Estado español, pero además, la población española tuvo que pagar esos intereses usureros de los bancos del 6 o 7% cuando ellos habían recibido el dinero para comprar los bonos del Estado español al 1% y cuando el dinero que ellos obtuvieron del BCE salió, sobremanera de la misma población trabajadora europea1.

Por otro lado, y como vemos actualmente, la UE aporta a través de la Comisión Europea los Fondos Next Generation que salen de la población de sus Estados miembros y que sirven básicamente para que las empresas y grandes compañías europeas puedan digitalizarse y hacer su transición hacia la mal llamada “economía verde” sin que eso suponga ningún menoscabo para su tasa de ganancia. Es decir que, con fondos públicos, se mantiene el beneficio de gran parte del sector privado europeo, ensanchándose los márgenes de beneficio para bancos y fondos de inversión2 y trasladándose el coste de dicha transición a dicha población, pues dicho coste se sufraga, mención aparte de los ingresos provenientes de la imposición a la clase trabajadora europea, con medidas como los recortes y el mantenimiento o incremento de la precarización del sector público.

Muchos de los sectores privados en la economía burguesa, como hemos visto, con el rescate bancario en España a partir de la caída de Lehman Brothers en 2008, no podrían sobrevivir a su crisis y crecer sino fuera por el gasto público. Dicha expansión del sector privado gracias al gasto público lo podemos ver, por ejemplo, en las licitaciones de obra pública en el Estado español pero también vemos dicha expansión del sector privado a través de la financiación con fondos públicos de los sectores que sirven a los fines geo-estratégicos de los Estados europeos y para mantener sus mercados fuera de sus fronteras, cuya expresión es el gasto militar.

En efecto, el gasto público en licitación de obra pública en España ha pasado de 10.849,77 millones de euros en 2020, a 24.447,43 millones de euros en 2024, es decir, aproximadamente un 150% más3.

El gasto público en defensa, que se lleva 12.317 millones en 2025 del gasto público estatal total, aumentando un 62,58% respecto a 20174 ha hecho lo propio en su sector.

Tanto este sector como el militar es alimentado con fondos públicos generados, como se puede evidenciar en el caso español, mayoritariamente por la clase trabajadora y en menor medida también, por las demás clases populares5.

Evidentemente financiar al sector privado a través del gasto público, tanto para rescatarlo como para mantenerlo y expandirlo, contribuye a generar una enorme deuda pública que ya solo con sus intereses liquida una buena parte de los ingresos del Estado que podrían ir dirigidos a solucionar problemas de gran envergadura, como la vivienda.

Cuando el gobierno dice que la deuda pública en España se ha reducido, simple y llanamente miente porque si bien su ratio con respecto al PIB ha disminuido un poco en estos últimos años por el crecimiento de este último, en términos absolutos casi se ha multiplicado por cuatro des de 2008 hasta 2025.

La deuda pública española, en ese sentido, ha pasado de ser de 440.621 millones de euros en 2008 a 1.698.225 millones (más de billón y medio de euros) este pasado 2025, es decir, un incremento del 285%, y no ha dejado de crecer, año tras año, en toda esta serie histórica (datosmacroexpansion.com).

Evidentemente, y como hemos visto, cuando los ingresos del Estado no alcanzan para pagar a los sectores privados como los que hemos hablado, el Estado se endeuda, pero esa deuda solo se absorbe (se retorna a sus propietarios, normalmente bancos), allí donde no afecta al gran capital, es decir, se liquida la deuda donde acabar con ella no supone un menoscabo para la tasa de ganancia de las grandes compañías.

Dicho de otro modo, si la deuda pública fuera conculcada, por ejemplo, en el gasto militar, en el gasto público en las licitaciones de obra pública, en la transición de las grandes empresas de la automoción a una matriz de producción más ecológica, etc., esto es, si el Estado dejara de endeudarse para pagar todo eso, no sólo los bancos dejarían de tener beneficios extraordinarios sino que además la economía entraría en crisis porque eso afectaría a la tasa de ganancia de muchas de las grandes compañías del sector privado.

Ahora bien, estos mecanismos de recuperación, mantenimiento y expansión de las grandes compañías, no sólo suponen un expolio de la clase trabajadora principalmente, y de las demás clases populares, en menor medida, porque suponen un trasvase de ingresos, obtenidos con impuestos de esas clases, a esas compañías, sino que cuando con los ingresos de las clases trabajadoras y populares no es suficiente para pagar los costes de expansión de las compañías privadas y para pagar la deuda pública que ello genera, los recortes y las privatizaciones se ponen al orden del día para limpiar esa deuda.

Efectivamente, la deuda pública genera ciertos desajustes (aumenta las dificultades de financiación del sector privado al aumentar los tipos de interés, por lo general genera inflación, devaluación de la moneda, desequilibrios en la balanza comercial, etc.), cosas que inciden especialmente en la competencia internacional de las grandes compañías de los Estados que asumen esa deuda, por eso es tan fundamental para la burguesía reducir la deuda. Pero claro, eso lo han de hacer, los políticos que están a su servicio, en el sector público, allí donde no afecta sino beneficia la tasa de ganancia de dichas compañías. Las políticas de la Unión Europea y de los diferentes gobiernos del Estado español, en resumen, para seguir con la lógica de este sistema y la acumulación del capital de las grandes compañías, entidades financieras y banqueras, a las cuales sirven, están detrás de la privatización del sector público, de su precarización, del empeoramiento de su calidad y eficiencia (perdida de calidad debida también a la precarización del empleo público) y de los recortes que padece toda la sociedad, principalmente la clase trabajadora. Y es precisamente porque no pueden salirse de ese marco actual del capitalismo lastrado por la deuda, que dicha privatización y precarización es hoy en día un fenómeno estructural.

Lee aquí la Parte 2

1 El presupuesto de la Unión Europea (UE) sale, según informa la Comisión Europea, de una parte de la renta nacional bruta de cada país de la UE, en función de su riqueza y de una parte pequeña del IVA recaudado por cada país de la UE, entre otras fuentes de ingresos. Eso se puede ver en la página web de la Unión Europea.

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_25_1396 Aquí aparece un comunicado de la Comisión Europea del 4 de junio de 2025 que dice lo siguiente en su apartado “Antecedentes”:

“El proyecto de presupuestos de la UE para 2026 abarca los gastos cubiertos por los créditos dentro de los máximos presupuestarios a largo plazo, financiados mediante recursos propios. Estos se complementan con los gastos con cargo a NextGenerationEU, que se financian mediante empréstitos en los mercados de capitales”.

3 Informe Anual de Supervisión 2025. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

4 Ministerio de Hacienda. Estadísticas 2017-2025 Prorrogado PGE Consolidado 2026.

5 Eso se comprende fácilmente en el caso del Estado español, pues la gran mayoría de los ingresos de dicho Estado provienen de la clase trabajadora.

Así ha sido, según los datos que disponemos, por lo menos a lo largo de las últimas décadas en España y por lo que respecta al IRPF:

Según la nota informativa 3 del Informe Anual de recaudación tributaria del año 2025 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que muestra una evolución de las bases liquidables desde el 2010 hasta 2024, las rentas del trabajo representan más del 70% de las bases liquidables en las declaraciones a ingresar para la mayoría de esos años, y ni tan siquiera, en todos esos años, ese porcentaje cae por debajo del 65%, y en cambio las rentas empresariales apenas representan más del 12% (siendo el porcentaje del 13,8% el de mayor aportación de esas rentas, cosa que sucedió en 2023).

Se entiende que ese dato de esa mayoritaria aportación de las rentas del trabajo a las bases liquidables en comparación a las rentas empresariales, se desprende de las bases liquidables tomadas en su conjunto.

Lo mismo ha ocurrido con el IVA, impuesto indirecto que ha pagado mayoritariamente la clase trabajadora por su peso en el total de consumidores. Así pues, podemos concluir, que la inmensa parte de los ingresos que ha recaudado el Estado (ya que el IVA junto al IRPF suponen la gran mayoría de los ingresos tributarios en el Estado español) lo aportan las y los trabajadores asalariados. Siendo así, los servicios públicos y las empresas públicas son activos sobre todo de la clase trabajadora, pues son financiadas y generados principal y mayoritariamente con el dinero de los trabajadores/as.