Javier Martínez, Jordi García
El desahucio de Maricarmen, hoy hace una semana, fue la chispa que hizo estallar uno de los mayores conflictos latentes que existe hoy en el Estado español, esto es, la crisis de vivienda. Era un desahucio más de los más de 25.000 que se realizan cada año y que evidencia la situación de una clase trabajadora obligada a destinar el casi el 50% de su salario o pensión a pagar un techo. Es, además, uno de los mayores reflejos del empobrecimiento y degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora durante los últimos veinte años, de los cuales, el gobierno PSOE-SUMAR es uno de los responsables, y es la base material para el crecimiento de la ultraderecha.
Frente al grado de movilización espontánea, el gobierno y su base de apoyo parlamentaria se han visto obligados a intentar aprobar un decreto que, tal y como denuncia el Sindicato de Inquilinas, ya contiene retrocesos en relación con al aprobado en julio. Frente a este decreto, el Sindicato de Inquilinas defiende:
- La congelación de los alquileres (0% respecto IPC),
- la renovación automática de los contratos,
- la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres de temporada y de habitaciones y ampliar otros derechos
- La suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.
El caso del IPC es especialmente flagrante. Hoy en día estamos viviendo una inflación galopante por la subida de los precios de la energía, consecuencia directa de las agresiones imperialistas de Rusia a Ucrania, primero, y de EE.UU-Israel a Irán, después. Mientras los alquileres están vinculados al IPC y van subiendo año a año, los salarios no, de forma que cada vez más parte del salario se va a pagar la vivienda.
Sin duda se deben luchar por estas medidas, pero recordemos que la situación actual llega después de la caída de la moratoria a los desahucios que fue aprobada durante la pandemia de la Covid-19. Después de la aprobación de la ley de vivienda que supuestamente buscaba controlar los precios, pero que solo sirvió para regalar dinero público a los grandes tenedores en forma de ayudas y bonificaciones fiscales. En definitiva, llega después de un aumento brutal de los precios pese a ocho años de gobierno progresista, el cual parece que llega a su fin. Por ello debemos plantearnos cuáles son las causas de fondo y delante de ello las medidas que realmente pueden solucionar el problema a largo plazo.
Debemos partir de que los grandes tenedores con 10+ inmuebles pasaron de 138.000 a 626.000 propiedades entre 2008 y 2025 (Ministerio de Derechos Sociales), representando el 15 %, aproximadamente, del total en alquiler. Mas allá El 61% del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas (Ministerio de Derechos Sociales). Los voceros de la burguesía defienden que como los grandes propietarios sólo representan un pequeño porcentaje, no son los causantes del problema.
La cuestión es que estos grandes propietarios tienen las viviendas con el único objetivo de conseguir el mayor beneficio posible. Por ello no tienen problema si tienen una vivienda vacía, hasta encontrar alguien que pague el alquiler o precio que piden. Para ellos un piso no es un sitio donde vivir sino una mercancía, que vender o alquilar al mejor precio. De esta manera, cada vez una parte mayor del parque de vivienda deja de tener una función social y pasan a ser “activos”, meros instrumentos con los que los grandes tenedores se enriquecen a costa de ahogar a los y las trabajadoras. Esto presiona al alza al conjunto del mercado. Por una parte, quien tiene la suerte de poder comprarse una casa, lo hace a precios similares a 2007 teniendo salarios más bajos. Por otro lado, muchos pequeños propietarios, que son trabajadores/as y que, ante la pérdida de poder adquisitivo han encontrado en el alquiler la forma de complementar su salario y mantener el nivel adquisitivo, y ponen las viviendas al precio medio de mercado. A ello se le añade que 350.000 de todos los pisos en alquiler, lo que equivale al 10% del total, se dedican a alquiler turístico o de temporada.
Hace escasas semanas, el Congreso tumbó, gracias a la abstención del PSOE, la proposición de ley de Sumar que buscaba prohibir que empresas y fondos de inversión compraran viviendas. Cabe destacar que, aunque esta medida podría haber tenido temporalmente un efecto positivo, seguiría siendo completamente insuficiente para acabar con la crisis de la vivienda. El problema de fondo permanece intacto: la vivienda sigue siendo una mercancía. Su función social continúa sin estar garantizada, como tampoco lo estarían la reducción de los precios, la renovación de los contratos y, menos aún, el fin de los desahucios.
En Viena con tan solo el 25% de viviendas públicas consiguen mantener uno de los precios más bajos de toda Europa. Sin embargo en el Estado Español el parque público de vivienda es apenas del 1,5% (la media europea está sobre el 8%). Es por ello que la expropiación inmediata de los pisos de grandes propietarios, es la principal forma de garantizar un parque de vivienda público de alquiler social, y mantener los precios bajos. Empezando por la Sareb, entidad creada con dinero público, y continuando con el resto los grandes propietarios, que no han conseguido sus viviendas a partir del trabajo, sino de capital previo u otras rentas, es decir, de robar el trabajo ajeno.
En cualquier caso, no tenemos ninguna confianza en el decreto que presentará el Gobierno. Ninguna solución vendrá de manos de los representantes de la burguesía. La mejor garantía para conquistar medidas que respondan verdaderamente a las necesidades de la clase trabajadora es que ésta intervenga con voz propia en el conflicto. Por eso apoyamos las movilizaciones que comenzaron en Madrid y que esperamos que se extiendan al resto de ciudades del Estado. Hay que fortalecerlas y vincularlas con las demás luchas, empezando a preparar desde ahora una huelga general que exija la subida de los salarios y las pensiones, así como la bajada de los alquileres y del coste de la vida en general.