Al menos doce personas han muerto a causa de la riada provocada por las lluvias torrenciales que cayeron el pasado 9 de octubre en Sant Llorenç (Mallorca) y en otros puntos de la isla.

No podemos prever cómo de dañinas van a ser unas lluvias y cómo se va a ver afectada la población y la zona donde van a caer, pero sí podemos poner medios para que afecten en menor medida. Hay que tener en cuenta dos factores clave en esta situación: la mala gestión y la construcción de infraestructuras en el cauce.

Los bomberos de la zona se quejaron de la falta de personal y medios para poder hacer frente a una situación como esta. Y es que, además de falta de coordinación, los efectivos no tenían acceso a los medios que necesitaban para poder acceder a las zonas inundabas. El Govern no mandó ni el suficiente personal en el momento adecuado, ya que no llamó a los bomberos de Palma, quienes habrían estado allí en poco tiempo, ni dio los medios suficientes a los bomberos de la zona, estando en alerta por lluvias torrenciales. Es inevitable relacionar esta situación con los recortes que todos los servicios públicos, incluidos los dispositivos de emergencia, han sufrido durante estos años de “crisis económica”. Para rescatar bancos y autopistas si había, pero no para servicios tan básicos como éstos.

El ladrillo: beneficio para el capitalista en detrimento de los/as trabajadores/as y el medio ambiente

Desde hace años asociaciones como Ecologistas en Acción han denunciado lo problemático que es construir en zonas de alto riesgo de inundación y en cauces, algo que afecta gravemente tanto a la población como al medio ambiente.

Lo lógico sería no construir en estos lugares donde pasa el torrente, pues ya hemos visto lo peligroso que es la construcción de infraestructuras en estos lugares. Lo que supone para el medio ambiente y para quien allí habita le da exactamente igual a las administraciones, ¡hay 40.000 viviendas en terrenos inundables en todo el estado! La razón es que uno de los filones de negocio principal de los capitalistas españoles ha sido “el ladrillo”, construyendo incontroladamente en pos de un buen negocio. Además, hay que recordar que esa hiperinflación de edificios no ha servido para facilitar el acceso a la vivienda, sino todo lo contrario, debido a la especulación que aumentaba aún más los beneficios.

Estas construcciones se han lubricado con la corrupción generalizada, que daba al partido de turno un porcentaje a cambio de la recalificación de los terrenos naturales. El triángulo entre políticos, grandes capitalistas de la construcción y corrupción ha ignorado cualquier mesura y cualquier medida preventiva para evitar tragedias como la de Mallorca.

Este cóctel provoca que la gente trabajadora nos veamos asfixiados por hipotecas, alquileres y encarecimiento del nivel de vida mientras los salarios bajan y la desigualdad crece, además del deterioro del medio ambiente, siendo ya irreparable -como el caso del hotel El Algarrobico, construido de forma ilegal en el Parque natural Cabo de Plata, en Carboneras-.

Lamentablemente, mientras permanezca inalterado el modelo del “ladrillo” tragedias como la de Mallorca, antes o después, se repetirán. Es necesario que las políticas de vivienda y urbanismo estén guiadas por criterios sociales y ambientales. En primer lugar, hay que acabar con las viviendas en lugares inundables. En realidad, esa medida de puro sentido común es ya ley desde hace 17 años (artículo 28 de la Ley de Plan Hidrológico Nacional), aunque la connivencia del poder político ha hecho que los mismos que en otros casos son estrictísimos con la aplicación de leyes aquí hayan hecho la vista gorda. La cuenta de esta medida de urgencia no deben pagarla los habitantes, sino los promotores inmobiliarios que se hicieron de oro vendiendo viviendas que son trampas mortales en caso de riada, y los responsables políticos que autorizaron las construcciones.