La actual situación exige, a nuestro juicio, en el terreno de la acción inmediata concentrar las fuerzas en la batalla por desenmascarar esta fraudulenta Reforma Laboral, al tiempo que llamar a los y las trabajadoras a enfrentarla uniendo a esa lucha a los y las pensionistas y a los y las trabajadoras de la Administración Pública contratados en fraude de Ley que hoy enfrentan su particular “Reforma Laboral”, el llamado Icetazo y son víctimas del mayor ERE de la historia.
Pero este empeño unitario hay que acompañarlo con un debate colectivo sobre la salida estratégica a dar a la situación. Ese debate al que llamamos especialmente a los compañeros y compañeras con las que hoy compartimos luchas y a aquellos/as decepcionados/as con el curso de Podemos e Izquierda Unida y el llamado gobierno de progreso, incluye definir los grandes ejes de un programa de transformación que nos permita responder al desastre social, ecológico y sanitario y nos abra camino, al mismo tiempo, hacia un gobierno de los y las trabajadoras para cambiar las bases de este sistema capitalista que nos aplasta y abrir paso a un futuro socialista.
Desde Corriente Roja hemos insistido en la necesidad de construir un Frente Único ante los ataques patronales y del Gobierno y así lo seguiremos haciendo, tanto en el terreno inmediato de la acción como en ese imperioso debate estratégico que desde una óptica de clase, socialista y revolucionaria abra una perspectiva diferente y opuesta a los gobiernos de “izquierdas” que hacen políticas antidemocráticas y patronales y a los nuevos experimentos electorales de Frente Amplio que encabece la Ministra de la Reforma Laboral de la CEOE.
Un programa de rescate a la clase trabajadora y los pueblos
La barbarie social, ecológica, económica y sanitaria en la que estamos instalados/as, sólo puede resolverse aplicando un programa de rescate a la clase trabajadora y los pueblos.
Son dos las grandes reivindicaciones básicas centrales: el derecho a un trabajo estable y salarios dignos. La lucha por el empleo exige la derogación inmediata de las Reformas Laborales y el establecimiento de un nuevo Estatuto de los y las Trabajadoras, que establezca el derecho al trabajo como un derecho básico que el Estado está obligado a garantizar por una u otra vía.
Valga como ejemplo que el reparto del empleo y del trabajo no asalariado exige la reducción por Ley de la jornada legal a 35 horas semanales como primer paso en el camino de la escala móvil de las horas de trabajo y de salarios, es decir, repartir el trabajo existente entre toda la mano de obra disponible y será así como se vaya determinando por Ley la duración de la semana de trabajo. Y como esa medida responde a las necesidades básicas de la clase obrera la reducción de jornada será sin reducir el salario, vinculando su subida automática al coste de la vida. Pero resulta imposible lograr esas reivindicaciones básicas sin enfrentar a cada paso al sistema capitalista y las instituciones y gobiernos que lo sostienen.
Con un sistema social que a cada paso amenaza la existencia misma del planeta tal y como lo conocemos resulta imposible defender esas medidas básicas y la vida misma frente a la destrucción del ecosistema sin la expropiación de las grandes corporaciones energéticas, los bancos y los sectores y empresas estratégicas que impiden las medidas radicales que hay que tomar porque afectan a sus ganancias. No podremos avanzar sin poner a las grandes empresas bajo control democrático de los y las trabajadoras y el pueblo y acometer sobre esta base una reestructuración general de la economía y una planificación democrática de la misma, basada en una reducción generalizada de la jornada de trabajo, en la socialización de las tareas domésticas y de cuidados, la eliminación de la producción dedicada al armamento, el despilfarro y el lujo y un vuelco radical en la movilidad, mediante un reforzamiento cualitativo del transporte público y su gratuidad.
Las soluciones al problema ecológico y social van juntas. Sin ello no hay manera de poner fin a las emisiones de CO2 y frenar el calentamiento global y la emergencia climática. Al final, sin un programa revolucionario y socialista no habrá transición ecológica, ni empleo, salarios y pensiones dignas, ni Educación, Sanidad y Servicios Públicos y de calidad.
Un programa para acabar con el régimen monárquico
La lucha para acabar con el régimen monárquico
Una primera gran constatación es que no será posible cambiar de verdad el actual estado de cosas mientras no echemos al cubo de la basura el régimen monárquico, principal instrumento de dominio de la oligarquía del Ibex 35. Este régimen fue levantado en la Transición sobre un pacto con los franquistas que negó a las nacionalidades el derecho a la autodeterminación; amnistió los crímenes franquistas; salvaguardó sin depuración alguna los aparatos estatales de la dictadura; garantizó los privilegios de la Iglesia y resguardó los negocios de los grandes empresarios del franquismo, hoy oligarcas del Ibex.
En Chile, la Constitución vigente fue al estilo español: pactada con la dictadura, preservaba los intereses de la oligarquía, la sumisión a las multinacionales y la continuidad de los aparatos del estado pinochetistas. Este pacto dio lugar al llamado «régimen de la concertación» que unió a pinochetistas, partido socialista y democracia cristiana. Pero como todo tiene un límite, en octubre de 2019 el pueblo chileno se alzó al grito de «Chile despertó», decidido a acabar con el régimen. Obligados a ganar tiempo, los oligarcas y sus partidos se vieron forzados a aceptar la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elaborara una nueva Constitución. Sin embargo, se aseguraron también de limitar las facultades de la Constituyente y de mantener intactos los poderes de las instituciones rechazadas por el pueblo.
Por una Asamblea Constituyente
La convocatoria, sobre una legislación electoral democrática, de una Asamblea Constituyente es una exigencia democrática elemental en el Estado español. Una Constituyente que dé la voz al pueblo; ponga fin a la Monarquía corrupta; a sus aparatos estatales antidemocráticos; al dominio escandaloso que a través de ella ejerce el Ibex 35 y elabore una nueva Constitución. Una Constituyente que, a diferencia de Chile, cuente con plenos poderes.
El problema que encontramos es el enorme engaño colectivo perpetrado por los grandes poderes que, para justificar sus desmanes, inculcan en el pueblo la idea de que vivimos en una «democracia plena». En este engaño participan de lleno el PSOE, UP, las grandes burocracias sindicales y sus satélites. El 15-M quebró en 2011 por primera vez este engaño colectivo y, con su lema «le llaman democracia y no lo es«, apuntó abiertamente la necesidad de acabar con el régimen del 78. Pero el movimiento acabó neutralizado y reconducido al redil con la ayuda imprescindible de Podemos, hoy parte de la «casta» que entonces denunciaba.
La batalla por imponer una Asamblea Constituyente exige, como muestra Chile y el propio 15M, una lucha extraparlamentaria masiva de grandes proporciones, que deberá defenderse de las agresiones policiales y de la extrema derecha. Entretanto, el acceso a los foros parlamentarios ha de servir para denunciar su naturaleza falsamente democrática, defender una salida democrática y socialista y poner todo el peso en la lucha extraparlamentaria.
No habrá democracia sin respetar el derecho a la autodeterminación
La lucha por una Asamblea Constituyente en el Estado español no tiene sentido sin defender y garantizar el respeto escrupuloso al derecho de autodeterminación de las nacionalidades. El régimen monárquico está construido sobre la unión forzada, perpetuando una opresión histórica que alcanzó extremos criminales bajo el franquismo y luego quedó enmascarada en la Transición.
El apoyo pasivo que prestaron sectores populares a la salvaje represión del referéndum del 1 de octubre de 2017, mostró que una de las mayores fortalezas del régimen es la división entre trabajadores/as sobre el problema catalán. Por razones similares, Marx, hace siglo y medio, le dijo a la clase trabajadora inglesa que «un pueblo que oprime a otro no puede ser libre«. No hay, además, otra manera de luchar por una unión voluntaria de Repúblicas Libres.
Depuración general de jueces y mandos policiales y militares reaccionarios
Parte sustancial de la lucha contra el régimen es la exigencia de una depuración general de los jueces destacados por sus actuaciones antidemocráticas, machistas y corruptas, así como la elección directa de los jueces por el pueblo, con un salario igual al de un profesor.
Dicha depuración debe extenderse a los mandos del ejército, policía y guardia civil, al tiempo que se garantizan plenos derechos democráticos para la tropa. Los cuerpos especiales de represión como antidisturbios deben ser disueltos. También el ejército profesional, que debe ser sustituido por un ejército basado en el principio democrático del pueblo en armas, basado en el adiestramiento general y voluntario de la población en su lugar de residencia.