Despacito, muy despacito camina la rechinante carreta del progreso, especialmente en España, que, más que ningún otro país, vive en el pasado.
(León Trotsky. Mis peripecias en España, 1916)
“No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta«; «Algún día los filibusteros de la puta ANC (Asamblea Nacional Catalana) pagarán por esto y por otras cosas«; “alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta«. Estos son algunos de los ya conocidos mensajes que intercambiaron por whatsapp altos cargos retirados del Ejército del Aire.
Buena parte de estos mismos militares publicaron recientemente una carta abierta al rey Felipe VI alertando del peligro que corre «la unidad y cohesión nacional». La carta estaba rubricada por uno de los autores de los mensajes antes citados, el antiguo General de División Francisco Beca.
Días después, el 5 de diciembre, aparecía un nuevo manifiesto firmado por más de 400 militares advirtiendo contra «el deterioro de la democracia», «la imposición de un pensamiento único» y en el que se afirma que la «unidad de España está en peligro». Encabezado por dos tenientes generales y un almirante (además de generales, oficiales, legionarios…) acusan al Gobierno de aceptar «los desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio al rey y los ataques a su efigie». «Además de permitir violentas algaradas independentistas y golpistas con petición de indultos a condenados por sedición, así como conceder favores a terroristas con el consiguiente menosprecio a sus víctimas».
La respuesta del gobierno a través de la titular de Defensa, Margarita Robles, ha sido pedir al Ministerio Público que estudie los hechos reflejados en la información publicada por InfoLibre “por si fueran constitutivos de delito, cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo». Y refiriéndose a las Fuerzas Armadas rubricó: «Su conducta ejemplar nada tiene que ver con manifestaciones que repugnan al respeto debido en una sociedad democrática». Para la Ministra hay que «salvaguardar la honorabilidad y la pública estimación de las Fuerzas Armadas y de los hombres y mujeres que las integran”; no consentirá que una “minoría” de militares retirados “mancillen la imagen de las Fuerzas Armadas”.
No son un grupo de nostálgicos. Son una minoría, circunstancial, en unas FF.AA. franquistas
Para el gobierno PSOE-UP se trata de un reducido grupo de “nostálgicos franquistas”, retirados, sin mando en la tropa, es decir algo marginal cuyo mayor delito es empañar a las ejemplares FFAA y al Rey.
El primer problema es que estos comportamientos, incluidos los pronunciamientos explícitos, nunca faltaron tras la muerte del Dictador. Baste recordar la operación Galaxia o el 23F. Sin embargo, no es necesario remitirse tanto tiempo atrás. En enero del año 2006 y en pleno debate del Estatut, el Teniente General del Ejército de Tierra y General Jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, afirmó durante su discurso con motivo de la Pascua militar que: si algún Estatuto de autonomía sobrepasa los límites de la Constitución, el Ejército tendría que intervenir. Más aún señaló: «siempre he recalcado que los militares no debemos entrar en disquisiciones políticas, que lógicamente corresponden a los políticos, ahora bien, es nuestra obligación alertar de las consecuencias de aprobar la actual propuesta de reforma del Estatuto catalán. Para Mena, «el hecho de que en una autonomía sea exigible el conocimiento de su lengua particular es una aspiración desmesurada que obligaría en las fuerzas armadas a regular los destinos a esa autonomía…”.
Cabe recordar que cuando hizo esas declaraciones, el Teniente General Mena no era un «nostálgico sin mando«, pues tenía a sus órdenes directas más de 44.000 soldados. El escándalo fue tan mayúsculo y abrió tal crisis con Cataluña que el gobierno no tuvo más remedio que destituirle y pasarlo a la reserva.
En el 2018 un nuevo manifiesto firmado por 1.000 militares reclamaba «respeto y desagravio» a Francisco Franco, al que se le debe «gratitud» y al que definía como «un militar ejemplar» cuya figura se ha visto «vilipendiada hasta extremos inconcebibles». Más de 90 de los firmantes de la reciente carta dirigida al Rey encabezaron esas firmas dos años atrás. Entre otros ilustres firmantes estaba uno de los golpistas del 23F, el Comandante Ricardo Pardo Zancada.
El pasado 10 de diciembre el diario digital República publicaba un video difundido en twitter en el que se ve a soldados uniformados en maniobras de marcha el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, Patrona de la Infantería, mientras cantaban la Primavera, la canción de la División Azul que entonaban los soldados españoles durante su participación en la Segunda Guerra Mundial, en su invasión de la URSS a las órdenes del III Reich.
Días después, el 20 de diciembre, La Marea publicó un video con las imágenes de una fiesta celebrada el 8 de diciembre de 2019 en el cuartel de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) del Ejército de Tierra en Paracuellos del Jarama (Madrid). En el video aparece un grupo de militares, con uniforme y de paisano, realizando el saludo nazi y entonando la citada canción la Primavera.
El pasado día 3 de enero un diputado del BNG denunciaba “la orden del día” de la estación naval de la Armada en El Ferrol, en la que se conmemora el hundimiento de un submarino de la “escuadra roja”: «En los primeros días de enero del año 1937 desapareció con toda su dotación el submarino de la escuadra roja C-5, mandado por el heroico teniente de navío don José Lara y Dorda, que lo hundió al fracasar su atrevido plan de apoderarse del buque y pasarse con él a la flota nacional. Hubo otros casos en que los oficiales aparentaron servir a los rojos, con gran riesgo de sus vidas, evitando con habilidad y engaño efectuar ataques a los buques nacionales».
Los datos objetivos indican que no se trata de una «minoría de nostálgicos», que no se ajusta a la verdad que “no son militares en activo”, como afirma la Ministra de Defensa.
La incapacidad histórica de la burguesía y el ejército garante de la unidad de España
En todos los comunicados de los militares la defensa de la Monarquía y de la unidad de España se repite como mantra. El vínculo del Ejército español y la Monarquía se remonta a una historia de, cuando menos, mas de dos siglos. Conviene recordar además que desde 1947, la dictadura franquista impuso la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, la quinta de las ocho Leyes Fundamentales que organizaban los poderes del Estado durante el franquismo. Esa ley establecía la constitución de España en reino (nuevamente tras 16 años de «paréntesis») y la sucesión de Francisco Franco como «el jefe de Estado español», disponiendo además que «el sucesor sería propuesto por el propio Franco a título de rey».
A diferencia de Francia, Inglaterra, Italia… en España no hubo ni revolución democrático burguesa ni tampoco unificación burguesa al estilo prusiano, aunque, en verdad, la burguesía catalana lo intentó. Prat de la Riba llamaba en 1905 a los industriales catalanes a «substituir este Estado español que responde a una mentalidad arcaica por otro Estado español que responda al sentido catalán». El problema es que llegaban tarde, como demostraron los sucesos de 1917, cuando ante la huelga general revolucionaria que se desató contra la monarquía, la Lliga Regionalista renunció a la Asamblea de Parlamentarios que había promovido y, en lugar de iniciar un proceso constituyente, como había proyectado, se acabó integrando tres meses después en el gobierno de Alfonso XIII. (Catalanismo y clases sociales, Los marxistas y Cuestión Nacional).
La decadencia del imperio español, de la mano del saqueo colonial de América Latina, fue marcando lo que, desde finales del siglo XVI, Marx llamó «putrefacción lenta y sin gloria». El retroceso del desarrollo económico fue debilitando las tendencias centralistas inherentes al capitalismo y haciendo una constante las tendencias centrífugas de sus «provincias históricas».
No hubo unidad sobre la base del desarrollo económico capitalista y un mercado interno unificado y pujante. Este proceso fue, por el contrario, trabado por un Estado centralista que frenaba el desarrollo capitalista de la periferia y necesitaba del Ejército como argumento supremo para una unidad forzada.
Fundamentalmente desde inicios del siglo XIX, después de la guerra contra Napoleón, fue tomando fuerza la «oficialidad metida en política». «En el país del particularismo y el separatismo», que decía Trotski, el ejército tuvo siempre una importancia enorme como fuerza de centralización. El ejército se convirtió «no sólo en el apoyo de la monarquía sino también en el organizador del descontento de todas las fracciones de las clases dominantes, y, ante todo, de su propio descontento.» (León Trotski, 1931).
La burguesía, la clase económicamente dominante, incapaz de gobernarse por sí misma necesitó siempre buscar un «salvador», un árbitro que, a modo del Bonaparte, garantizara, espada en mano, la preservación de la dominación burguesa. La historia atestigua aquello que Trotski señalara en sus trabajos sobre la revolución española. «La Monarquía española, no hallando apoyo estable en ninguna de las clases poseedoras, aunque todas hayan tenido necesidad de ella, cayó más de una vez bajo la dependencia de su propio ejército». Por esa razón, durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX los pronunciamientos militares y los golpes de estado se sucedieron sin interrupción y la burguesía necesitó siempre ese «salvador coronado».
El ejército español es en última instancia el garante de la centralización ante las tendencias centrífugas de sectores burgueses o pequeñoburgueses de las nacionalidades. La crisis económica de 2008 acentuó las tendencias centrífugas de un sector de la burguesía y la pequeña burguesía catalana, una crisis que perdura y resurge en el tiempo. Al compás de cada crisis emergen los uniformes militares, los cuerpos represivos del régimen y la figura del Rey como el bonaparte, como el «salvador coronado», particularmente necesario cuando las crisis se hacen agudas, porque el objetivo del bonapartismo es precisamente prevenir las explosiones.
Todo lo señalado no puede sin embargo omitir un tema al que se debe prestar atención. Las diferencias interburguesas, como no puede ser de otra manera, tienen también sus reflejos en el ámbito castrense. Las bases materiales de esas diferencias tienen que ver con la ubicación social de la casta militar. Una parte, claramente mayoritaria, de la jerarquía militar es la que conforma esa enorme casta parasitaria. La otra parte, mucho menos numerosa, aunque es la que en última instancia dirige, es la vinculada directamente al complejo militar industrial, a la OTAN y al lobby armamentista y hace parte de las puertas giratorias, como más adelante señalaremos.
El ejército español fue desde las reformas de los años 40 del siglo XIX un ejército diseñado para la represión interna. Ha mantenido desde entonces una desproporción brutal entre la oficialidad y la tropa, la otra parte del ejército. Especialistas militares señalan que unas FFAA de la dimensión de las españolas deberían tener en torno a 50 regimientos y en consecuencia 50 coroneles. Esos regimientos formarían brigadas, divisiones y cuerpos del ejército, por lo que serían necesarios unos 25 generales. Sin embargo, en activo hay unos 1.500 coroneles y 220 generales. Si en las estructuras militares modernas se considera necesario un coronel por cada 1000-1500 soldados, aquí “tenemos coroneles al mando de una piscina militar, una biblioteca, una pequeña residencia… mandando sobre dos o tres personas (generalmente civiles)» (Nueva Tribuna, Aldo Azcona).
Añádase a estas cifras que solo en la reserva, asimilable a una prejubilación, hay más de 2000 generales y coroneles. Esa ingente cantidad de jerarcas militares en activo, en la reserva o retirados, conforma esa casta que da base social al “descontento de todas las facciones de las clases dominantes, y, ante todo, de su propio descontento».
Estos elementos señalados reafirman que los pronunciamientos, cartas, amenazas de los militares, lejos, muy lejos de un problema con una minoría retirada de las armas, refleja la esencia del actual régimen monárquico. Por eso los distintos sectores burgueses que se turnan en el gobierno son acérrimos defensores de la monarquía, de su institución arbitral, con su guardia pretoriana incluida. Incluso los más reticentes, como los dirigentes de Podemos, parafraseando a Engels, «mantienen torneos oratorios permanentes sin moverse del sitio», sin adoptar una sola medida, ni antes ni ahora, desde el gobierno. No han participado ni siquiera cuando se han realizado consultas populares no vinculantes sobre Monarquía o República.
Todos ellos son sabedores de que una reivindicación democrática como el referéndum sobre Monarquía o República resulta una demanda inaceptable para el bloque central de la burguesía española, para la Monarquía y, con ella, para su ejército pretoriano.
La extrema derecha crece en las FF.AA.
El ejército español cuenta en la actualidad en torno a 120.000 efectivos, a los que suma cerca de 5.000 reservistas. A esas cifras hay que añadirles 84.000 guardia civiles (que son un cuerpo militar), 65.000 policías nacionales y, muy especialmente, casi 3.000 integrantes de las Unidades de Intervención de la Policía Nacional (UIP), los tristemente célebres antidisturbios. Para completar el cuadro armado, a estas cifras hay que añadir además los 63.000 policías locales y los 26.600 policías autonómicos (Mossos d´Esquadra y Ertzaintza, fundamentalmente).
Luis Gonzalo Segura, un exteniente de las Fuerzas Armadas expulsado de las mismas en el 2015 por «denunciar públicamente corrupción, privilegios anacrónicos, abusos, acosos…» publicó este año su último libro, «El ejército de Vox». El trabajo de este autor incluye un estudio minucioso sobre las votaciones en las dos últimas elecciones generales (2019) en los colegios electorales donde existen emplazamientos militares y comandancias de la Guardia Civil. Por ejemplo, en la colonia militar de El Goloso en Madrid (donde se ubica la principal fuerza acorazada del Ejército) Vox obtuvo el 41% de los votos; en San Gregorio (Zaragoza) fue el 25%. Vox supera en el 85% de los cuarteles el promedio de los votos obtenidos a nivel provincial.
Otras fuentes confirman esa tendencia, así por ejemplo en las principales comandancias de la Guardia Civil, Vox pasó del 0,2% de los votos en las Elecciones generales del 2016 a un 16,7% en las del 2019, eso sí, a costa de una estrepitosa caída del PP.
Hay que decir que, de conjunto, los cuarteles reflejan la polarización política que vivimos, si bien el voto a la derecha y extrema derecha, con el 56,2 %, sumaba 14 puntos más que el reflejado en el conjunto electoral, y en esa dinámica destaca el crecimiento de Vox.
Esa dinámica se aprecia mucho más claramente en la Policía Nacional. Las elecciones internas de junio de 2019 fueron un arrollador triunfo de Jupol, el Sindicato impulsado por la JUSAPOL, el movimiento alentado por Vox, con el apoyo de Ciudadanos y el PP, contra los acuerdos de equiparación salarial (por considerarlos insuficientes frente a los salarios de las policías autonómicas) firmados por el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En medio de una alta participación (73%), Jupol obtenía el 60% de los votos y ocho de los catorce puestos de vocales sindicales que hay en el Consejo de la Policía, el órgano de representación de la plantilla.
La persecución de toda reivindicación democrática en las FF.AA.
Dada la naturaleza política de las FFAA, a la que hemos hecho referencia, la fraudulenta «transición democrática» preservó lo esencial del aparato militar y policial del franquismo. Pero eso fue posible también por la represión dentro de los cuarteles, las comisarías y comandancias. Una represión que contó con el apoyo de los Gobiernos de turno, muy especialmente los del PSOE.
La revolución portuguesa del 25 de abril de 1974, conocida como la revolución de los claveles, tuvo una enorme repercusión en todas las esferas políticas y se acabó reflejando con fuerza en los cuarteles. Si bien una de sus expresiones importantes fueron organizaciones como la Unión Democrática de Soldados, la oposición interna al franquismo en el ejército tuvo su mayor expresión en la formación de la Unión Militar Democrática (UMD). Fundada por tres comandantes y nueve capitanes de las diversas armas, la UMD nacía en septiembre de 1974 con el objetivo de «democratizar las Fuerzas Armadas y derrocar la dictadura». Pese a que su intención nunca estuvo colocada en el terreno de un golpe militar, sino en las reformas y la convocatoria de una Asamblea Constituyente «homologable a las de los países occidentales», la persecución del ejército contra ellos no se hizo esperar. La UMD llegó a tener unos 1.000 miembros y colaboradores, pero la agonía del régimen no podía permitir ni la más mínima grieta en su estructura central. Fueron detenidos sus promotores y en marzo de 1976 procesados y condenados a 43 años de prisión y la expulsión del ejército. Ni la amnistía declarada con la proclamación de Juan Carlos I como Rey, ni la Ley de Amnistía de 1977 les restituyó como militares.
En 1986, un cabo de la Guardia Civil intentó crear legalmente una asociación. Se trataba, según sus promotores, de lograr mejoras en las condiciones de los miembros de la Benemérita así como desmilitarizar el Cuerpo. Desde entonces, un total de 22 expedientes disciplinarios, una decena de detenciones y diez años entre rejas son las cifras cosechadas por Manuel Rosa, el cabo Rosa, impulsor de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Bajo el Gobierno de Felipe González fueron expulsados los dirigentes y desarticulado todo el movimiento clandestino. Manuel Rosa y otros destacados activistas quedaron para siempre fuera de la Guardia Civil. Recientemente un colectivo de policías y guardias civiles se dirigió al Presidente Sánchez pidiendo restituir los derechos laborales a los “Guardias Civiles que lucharon por el sindicalismo en el Cuerpo a lo largo de los años 80 y 90 del pasado siglo”. Pero, según declararon los autores de esta iniciativa, Pedro Sánchez «no quiere nuevos enfrentamientos con la cúpula militar, y mucho menos con los mandos de la Guardia Civil. Por lo tanto, ni el Ministerio de Defensa (Margarita Robles), ni el del Interior (Fernando Grande Marlaska), parece que vayan a atender la petición».
El pasado 3 de diciembre, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, rechazaba el recurso interpuesto por Marco Antonio Santos Soto, cabo del Ejército de Tierra expulsado por manifestar públicamente opiniones políticas, en concreto por encabezar el manifiesto “en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas” (2018) contra los militares que firmaron el manifiesto de «desagravio» a Franco. Según el Tribunal, el cabo Santos Soto infringió “palmariamente el deber de neutralidad política”.
El cabo Santos Soto ya venía sufriendo sanciones disciplinarias y económicas: “Llevo 19 años escuchando al romper filas el grito de ´Arriba España´. Está bastante generalizado, sobre todo entre los altos cargos. Aprovechan para reprimir a los demás, a los que no pensamos como ellos, a los que nos llaman rojos de mierda”.
El motivo alegado para las sanciones son las publicaciones de este cabo en sus perfiles personales de Facebook, así como otros artículos difundidos en la web de “Republicanos”, en los que “ataca a Felipe VI, a Juan Carlos I y en general a la Familia Real y a la Monarquía”, además de manifestar su solidaridad con los jóvenes de Alsasua. Muchos “delitos” para un Ejército donde, como señala Santos Soto, “las ideas inclinadas a favor de la dictadura franquista se inculcan en la Academia militar».
La expulsión del Ejército del cabo Santos Soto fue firmada, rubricada y públicamente defendida por Margarita Robles, la actual Ministra del Ejército del Gobierno PSOE-UP y miembro de Jueces por la democracia.
Una «democracia» donde los militares tienen su propia justicia y sus propios tribunales
¿Es posible que alguien coloque 127 kilos de cocaína en un barco de guerra y nunca se sepa quién o quiénes han sido las personas responsables? se preguntan en una conocida revista digital. «En el caso del Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada española, sí». La Justicia Militar sentenció (2018) textualmente que «la falta de vigilancia y el descontrol a bordo han hecho imposible identificar a los culpables.»
Basta repasar algunos casos de la justicia militar: el saqueo a un Colegio Mayor dependiente del Ejército, en el que oficiales de alta graduación desviaron fondos para su uso personal. Pese a ser condenados, ni entraron en la cárcel ni perdieron su empleo. A 80 pilotos del Ejército del Aire que presentaron facturas falsas, la Fiscalía Militar les ofreció un pacto de tres meses de cárcel conservando el empleo. Todos mantuvieron su carrera militar y, por supuesto, no pisaron la cárcel. Añádase el escándalo de corrupción en el Hospital Militar Gómez-Ulla de Madrid, con pagos a cambio de concesiones y prostitución; o el de las Asesorías de militares a cambio de Audis y Mercedes, etc.
En España prevalece la Justicia Militar y los Tribunales Militares, lo que en otros países de Europa fue abolido hace años. El Ejército español refleja la historia y la tradición de un país donde jamás triunfó una revolución democrático burguesa. Lejos de la «profesionalidad» -así sea supuesta- que caracteriza a los ejércitos de los regímenes democrático burgueses ordinarios, el Ejército español se fue moldeando siempre como una guardia pretoriana, al estilo del cuerpo militar que servía de escolta y protección a los emperadores romanos, aquí a reyes y dictadores.
Desde los gobiernos de turno o el propio Monarca en sus alocuciones de fin de año se reitera aquello de que “la justicia debe ser igual para todos”. ¿Qué principio democrático ampara entonces que los militares tengan su propia justicia y sus propios tribunales? La abolición de la Justicia Militar y la supresión de los tribunales militares es una reclamación democrática elemental. Cualquier militar, tenga la graduación que tenga, debe estar sometido a la jurisdicción civil. ¿A qué esperan para defender esta medida un gobierno que se dice progresista y un Parlamento que se califica de democrático?
Libertad de expresión, sindicalización, manifestación y huelga en todas las FF.AA.
El carácter pretoriano de las FF.AA. les exige, como atestigua la historia, impedir que las más elementales libertades democráticas se acerquen a los cuarteles y comandancias.
El conocido cocinero Alberto Chicote, en el programa de televisión ¿Te lo vas a comer?, mostraba las terribles imágenes enviadas por militares sobre la comida que se les sirve en los cuarteles. «Ni a tu peor enemigo le darías un ‘rancho’ como el que comen nuestros soldados», denunciaba el mediático cocinero. «Hay desmayos por falta de nutrientes»; «hay incidencias graves»; «ponen en peligro nuestra salud»; «la comida del cuartel es incomible»… Como éstas fueron decenas las declaraciones de militares que el citado programa sacó a la luz. ¿Por qué esto no se denuncia, no hay protestas? “Tienen miedo”, «nos pueden suspender de empleo y sueldo».
Las tasas de denuncia de acoso sexual en la milicia española entre 2016 y 2018 multiplicaron hasta por ocho las denuncias que por los mismos hechos se produjeron en la sociedad, en medio, además, de una “baja tasa de condenas –casi el 0 por 100-”. El trabajo “En la guarida de la bestia, la situación de la mujer en el Ejército español” del exteniente Luis Gonzalo, da fe de una parte de esos casos.
Los militares acusados de acoso o violación de una mujer, solo se enfrentan a la justicia ordinaria si la mujer es civil, si la historia es entre militares queda dentro de los cuarteles y la impunidad está prácticamente asegurada. Tan solo hay que procurar que la víctima tenga un rango menor que el agresor “pues, si tiene más, el tribunal puede entender que está rompiendo la disciplina”. Valga solo como muestra la de dos capitanes acusados de agresiones sexuales a reclutas mujeres (4 uno -incluyendo una violación- y 28 el otro). Ambos fueron condenados por un tribunal militar, lo que no les impidió seguir en el ejército, recibir condecoraciones y ascender.
La lucha contra la extrema derecha y el golpismo exige aplicar en los cuarteles y las comandancias las más elementales libertades democráticas de expresión, asociación, manifestación y huelga. Es la forma más elemental de combatir los abusos de toda índole, poder hacer pública cada denuncia del atroz machismo y acabar con la impunidad de la jerarquía militar y con el cortijo de la extrema derecha.
OTAN, bases americanas y el negocio armamentista
Señalar la esencia de continuidad del ejército franquista en las actuales FFAA no implica desconocer cambios importantes, en algunos aspectos sustanciales.
La transición política, así como la económica, desde el viejo régimen franquista al actual régimen del 78 ha tenido su reflejo en la ubicación militar del Ejército español en el mundo. La integración de las FFAA españolas en la OTAN, de la mano del gobierno de Felipe González, se producía en mayo de 1982 y se consumaba, tras un polémico y polarizado referéndum, en marzo de 1986.
Las FFAA españolas pasaban así a formar parte de los operativos militares mundiales de la OTAN. Las intervenciones imperialistas, en forma abierta o camufladas como “ayuda humanitaria”, se han hecho parte de la rutina militar en estas tres últimas décadas. Las FFAA españolas participan oficialmente (2019) en 16 misiones en el exterior, en cuatro continentes, bajo bandera de la Unión Europea o de la OTAN. El viejo ejército franquista, residuo de las antiguas “gestas imperiales” y cuyas posesiones coloniales se reducían a la altura de 1982 a los enclaves coloniales de Ceuta, Melilla y las Islas Chafarinas, pasaba a formar parte del moderno entramado militar imperialista y lo hacía, como en tantos otros aspectos, como socio menor dependiente.
Si bien en términos militares directos no aportó nada cualitativo a la OTAN o la UE (las fuerzas militares españolas en el exterior rondan apenas los 3.000 efectivos entre militares y guardias civiles), la integración española sí ha sido y es cualitativa en términos logísticos y económicos. En el primer aspecto, porque las bases españolas de la OTAN han sido cruciales para los operativos militares en Iraq, Libia o Siria por mencionar algunos. Y en el segundo, el económico, por el desarrollo de una pujante y lucrativa industria militar.
La industria armamentista española se fue integrando en el entramado internacional del que hacen parte, cómo no, la banca, fondos de pensiones y seguros. Los cinco grandes bancos españoles financiaron entre 2014 y 2019 con 12.000 millones de euros a las empresas armamentistas.
Desde 2008, en plena crisis económica mundial, comenzó un vertiginoso auge de este sector, al punto que hoy en día el material bélico made in Spain forma parte importante del boyante mercado armamentista internacional y de sus multinacionales. Un ejemplo es MaxanCorp Holding, uno de los gigantes de la industria de armamento, participada, entre otros, por capital norteamericano e israelí y en cuyo holding se integran las empresas del grupo Expal (Explosivos Alaveses), cuarto fabricante mundial de explosivos, con 65 empresas operando en 20 países. Otros ejemplos son empresas como Airbus military, Navantia o Indra y así hasta las 608 empresas que componen el catálogo que dice tener el Ministerio de Defensa.
La industria armamentista representa ya el 7,8% del PIB industrial (2020), está concentrada en cinco Comunidades Autónomas y destaca especialmente el País Vasco, donde esta industria representa el 18% de su PIB.
En la última década las exportaciones españolas de armamento crecieron un 300%. El Estado español es en la actualidad el sexto exportador mundial. De todas las armas exportadas en el planeta en 2019 el 3,9% salieron de aquí. Las industrias armamentistas españolas facturan a la UE y a la OTAN en torno al 72% de su producción, quedando en segundo lugar clientes preferenciales como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Sus productos estrella son las aeronaves militares y los buques de guerra, aunque no faltan los explosivos, como las tristemente célebres bombas de racimo.
Una de las primeras particularidades de este negocio es su opacidad. Es difícil calcular las dimensiones y las tramas empresariales de esta industria, pues su primera característica es “que no existe”. Operan con un sistema de camuflaje: no producen misiles, ametralladoras, explosivos… sino “material de defensa”. La ley les faculta para no tener que especificar en esas exportaciones ni las empresas ni el tipo de armas que venden. Legalmente, las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), el organismo encargado de analizar las solicitudes de comercio de armamento en España, no pueden hacerse públicas. El Gobierno avaló recientemente de nuevo ese silencio negándose tanto a informar sobre las ventas de armamento a Arabia Saudí (amparándose en el carácter secreto de esos acuerdos) como a aportar el acuerdo del Gobierno de Felipe González suscrito en su día. La clave de esta opacidad se encuentra en el acuerdo del Consejo de Ministros encabezado por Felipe González, que declaró secretas las actas de la JIMDDU el 13 de marzo de 1987, amparándose para ello en las competencias que le otorgaba la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista.
La segunda «particularidad» es que en él operan las llamadas puertas giratorias. Por los consejos de administración de estas industrias pasan exministros, exdirectores generales de Industria, altos cargos militares, exdirectores de la Guardia Civil… Baste recordar al exministro Pedro Morenés, un hombre con un larguísimo vínculo con la industria armamentista que fue ministro con Rajoy entre 2011 y 2016, o al Teniente General del Ejército del Aire, Carlos Gómez Arruche, Director General de la Guardia Civil durante el Gobierno Zapatero, ex responsable del Mando Aéreo General, que tras su pase a la reserva ingresó en Airbus. «Como él, unos doce altos cargos de Defensa trabajan para las empresas de armas, la versión militar de las puertas giratorias». (Carlos del Castillo). En rigor, el rol de estas figuras no es ser «hombres fuertes de la empresa» a la que se incorporan sino actuar como lobby ante el Estado para asegurar sus ventas y aumentarlas.
Y en tercer lugar, otra de sus características es su vínculo con la corrupción, incluida especialmente la relacionada con la Casa Real. Los vínculos entre la Monarquía española y la saudita son sobradamente conocidos y se remontan cuando menos a finales de los años 70 y comienzos de los 80, bajo el reinado del saudí Rey Fahd y cuando el mayor traficante de armas del mundo, Adnan Khashoggi, se instalaba en Marbella. El que fuera considerado en esos años el hombre más rico del mundo, amasó su fortuna como mediador en las ventas de armas entre las grandes potencias imperialistas y el Oriente Medio, «codeándose con los más influyentes del planeta, ya fueran financieros, príncipes, reyes o jefes de Estado» (El País 7, junio, 2017). Sus vínculos con la Casa Real española quedaban así resumidos por toda la prensa el día de su muerte, el 6 de junio de 2017: «Muere Adnan Khashoggi, el magnate de Marbella amigo del Rey Juan Carlos».
Así pues, la democrática Casa Real española ha estado y está, y se vanagloria de ello, de su hermandad con las sanguinarias Casas Reales saudita, aluita, o la realeza de los Emiratos. Una hermandad, por otra parte, nada altruista, sino vinculada a fabulosas comisiones, como desde julio de 2018 se fue demostrando, tras las primeras declaraciones públicas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Saltaban así a la luz los escándalos de la corona, el presunto cobro de 100 millones de euros de comisiones por la construcción del AVE entre Medina y La Meca y la ya conocida investigación de la fiscalía suiza por la transferencia de 65 millones de euros del monarca español a la cuenta de la empresaria alemana.
Este vínculo capitalista parasitario entre la industria armamentista española, la Casa Real, la monarquía saudita y la realeza de los Emiratos Árabes Unidos volvió a quedar patente con los contratos de las corbetas de Navantia. En el 2017 saltaba a la luz la noticia de que España proporcionaba parte de las armas que la coalición encabezada por Arabia Saudí utiliza en la guerra contra Yemen, que desde 2015 ha causado más de 100.000 muertos. Una de las guerras más sanguinarias contra la población civil.
Pese a las «condenas» de la ONU y los «acuerdos» europeos de prohibir la transferencia de armas a cualquier país «susceptible de usarlas contra civiles», el Gobierno español, entonces presidido por Rajoy, siguió exportando armas a Arabia Saudí, manteniendo así el lucrativo negocio. Con la entrada del Gobierno de Pedro Sánchez, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció la paralización de la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión, al tiempo que se comprometía a “revisar completamente” el sistema de exportaciones de armas a este país. La supuesta amenaza del Gobierno saudí de cancelar un contrato de 1.800 millones de euros para construir cinco corbetas, bastó para que en una semana el gobierno rectificara y se desdijera de la suspensión de venta de las bombas.
El gobierno PSOE-UP, como antes el de Rajoy, preservaba el suculento negocio armamentista, así fuera a costa en este caso del pueblo yemení. Hasta la burocracia sindical de CCOO y UGT y el “anticapitalista” alcalde de Cádiz se sumaron al coro de defensores de la venta de las corbetas, lamentando, ¡eso sí!, verse «obligados a decidir entre defender el pan o la paz». Esta pueril actitud contrasta con la de aquel julio de 1977, donde los trabajadores de la extinta Bazán, hoy Navantia, se negaron a reparar un barco de la Armada chilena. El buque escuela de la dictadura de Augusto Pinochet había colisionado en el puerto israelí de Haifa y los trabajadores se opusieron a su desembarco y se negaron a repararlo. No eran momentos fáciles, la inflación en aquellos años superaba el 40% anual y la tasa de paro empezaba a incrementarse. Sin embargo, la solidaridad internacional prevaleció y CCOO, UGT y USO llamaron al boicot contra el buque escuela Esmeralda, un buque, dijeron, que “fue una cámara de tortura empleada por el dictador Pinochet».
El peso de los negocios reales influyó, y mucho, en la decisión de vender las corbetas a Arabia Saudí. En esas fechas Navantia se retiró del programa brasileño Tamandaré, para entregar cinco corbetas por valor de 1.800 millones de euros para la Armada de Brasil. Navantia argumentó su retirada ante «la carga de trabajo que se viene encima con proyectos por todo el mundo. La empresa no está dispuesta a renunciar a su buena fama por no poder dar la atención requerida a un cliente» (Infodefensa.com 20/04/2018).
Un año más tarde, el que fuera presidente de Navantia, nombrado por la sociedad estatal SEPI y encargado de cerrar y firmar el contrato de las cinco corbetas saudíes, Esteban García Vilasánchez, anunciaba su fichaje por la empresa pública Saudi Arabia Militar Industries (SAMI). La ley exige en casos como este la autorización previa de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del gobierno, que obtuvo sin problemas del Gobierno de Pedro Sánchez.
Parte del gran negocio armamentista es el que se carga a los gastos militares del Estado, que fueron creciendo de año en año. Los recientemente aprobados Presupuestos Generales, presentados como un hito social del gobierno PSOE-UP, reflejan, a pesar de la pandemia, la crisis y la incertidumbre, un nuevo aumento del gasto militar, para regocijo de este relevante sector capitalista. Si se cuentan las partidas presupuestarias repartidas o escondidas entre varios ministerios, el gasto de Defensa más que duplica los 9.411,93 millones de euros nominalmente aprobados (21.623 M€)
El gasto militar aumentará el próximo año en torno al 10%, un récord histórico (Centre Delàs). Destacan los gastos relacionados con los ahora llamados Programas Especiales de Modernización, que aumentan un 30% con respecto al 2020 y están dedicados a la compra de material militar, infraestructuras, instalaciones y armas. La inversión prevista en los próximos años será de 13.356 millones de euros, en particular en aviones de combate. En plena crisis de la pandemia y climática los PPGG del gobierno PSOE-UP invierten tres veces más en I+D militar (861 M€) que en investigación sanitaria (287 M€) y 35 veces más que en investigación medioambiental.
El militarismo forma parte de la barbarie del sistema capitalista y aumenta con su decadencia imperialista. La lucha contra el imperialismo español, la casta militar, la Monarquía y los negocios obscenos que hacen de la muerte un negocio de banqueros, grandes empresarios, jerarcas militares, ministros y monarcas, hace necesario exigir:
¡OTAN NO, BASES FUERA! ¡Retirada del Ejército español de Líbano, Afganistán, Irak y de todas las misiones en el exterior!
¡GASTOS MILITARES PARA GASTOS SOCIALES! En plena pandemia, crisis social y medioambiental, desde el punto de vista del interés social y de la vida misma, no hay forma de justificar el derroche armamentista.
El plan de reindustrialización cuya necesidad la crisis de la pandemia ha puesto con crudeza de manifiesto y que debe guiarse por las necesidades de l@s trabajador@s y el pueblo y por el respeto y recuperación del equilibrio medioambiental, tiene en la conversión de la industria militar en industria civil un punto central. Justificar la fabricación de armamento en base a “mantener los puestos de trabajo” es falaz y solo busca la parálisis de la clase obrera o, peor aún, el apoyo de ésta, como ya hacen la burocracia sindical y la izquierda institucional, a los planes de esta pujante industria del despilfarro y de la muerte. La crisis de la pandemia ha demostrado que es factible la reconversión de la producción industrial en poco tiempo.
Los cuerpos especiales de represión y la autodefensa obrera y popular
Tras las huelgas y enfrentamientos que acompañaron la “reconversión industrial” en 1989, bajo el Gobierno del PSOE presidido por Felipe González, José Luis Corcuera, su Ministro del Interior (el de la ley de «la patada en la puerta» y los GAL), creaba las UIP, las Unidades de Intervención Policial, los conocidos antidisturbios de la Policía Nacional.
La creación de fuerzas especiales de la policía para la represión de manifestaciones y huelgas ha sido desde entonces la tónica general en otros cuerpos policiales. Así fue con el grupo de élite de la Guardia Civil las ARS (Agrupación de Reserva y Seguridad), enviadas a Cataluña cuando el referéndum como refuerzo a los Antidisturbios. Y así también fue con la ABM, Àrea de Brigada Mòbil (más conocida como BRIMO), de los Mossos d’Esquadra, o los Beltzas en la Ertzaintza.
Por si el armamento y la preparación militar de estas fuerzas de represión fueran poco, desde el 2015 la Ley Mordaza les dio carta blanca para actuar con impunidad y para que cualquier resistencia acabe siendo considerada delito y los/as activistas obreros o de la juventud acaben presos o multados. En Cataluña son más de 2.850 los represaliados/as por motivos políticos desde el 1 de octubre del 2017. En el Estado español, solo del 2015 al 2018 se habían producido, al amparo de la Ley Mordaza, 765.000 sanciones y la Administración General del Estado había recaudado un total de 416,5 millones de euros.
El Estado y el régimen van cerrando el círculo que maniate toda protesta social. Por eso, a los cuerpos especiales de represión y a la Ley Mordaza se le suman, conviene recordarlo, los servicios mínimos impuestos, que en los hechos impiden el derecho a la huelga.
A los cuerpos y las leyes represivas hay que añadir también la propaganda, el bombardeo ideológico que lo naturalice socialmente y en eso es fundamental, junto con los grandes medios de comunicación, el concurso de los aparatos políticos y sindicales. Así, sí la policía carga brutalmente sobre jóvenes independentistas o de un barrio obrero, como recientemente aconteció en Vallecas, se puede, como mucho, “pedir explicaciones” por lo “desproporcionado” de la actuación policial, pero defenderse ¡jamás!, porque ¡eso es violencia!, nos dicen a coro el gobierno de turno, los representantes parlamentarios y los dirigentes sindicales de CCOO y UGT. Así pues, lo “aceptable socialmente” es la resignación y la negación del más elemental derecho a defenderse frente a la brutalidad policial, porque esa acción rompe la ley de hierro de este sistema: la violencia es monopolio del Estado.
Una muestra de esta lógica burguesa y represora es la aplicación del código penal a los piquetes de huelga. Los despidos si haces huelga, los servicios mínimos impuestos, los antidisturbios en las puertas… “no son coacción”, pero los piquetes obreros son inmediatamente acusados del “delito de coacción”, lo que puede suponer multas de hasta 30.000 euros y entre 1,5 y 3 años de prisión. Baste recordar a los más de 300 sindicalistas procesados por organizar huelgas y piquetes, tras la huelga general última, a los que en su inmensa mayoría se les aplicó el artículo 315.3 del Código Penal.
La lucha por la derogación de la Ley Mordaza (prometida por PSOE y Unidas Podemos antes de llegar al gobierno); la retirada del Código Penal sobre los piquetes de huelga; la DISOLUCIÓN DE LAS UNIDADES ESPECIALES de represión de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos y Ertzaintza son exigencias democráticas básicas.
Esas exigencias deben ir acompañadas de la ORGANIZACIÓN DE LA AUTODEFENSA obrera y de la juventud, con los piquetes de huelga, la defensa de las manifestaciones o de los barrios obreros. La clase trabajadora y los sectores populares, con la juventud al frente, tienen la necesidad y el derecho a defenderse de las agresiones, la arbitrariedad e impunidad policial y aprender así, de paso, a enfrentar a las bandas de extrema derecha.
¿Dónde quedó aquello de «democratizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado»?
Uno de los elementos más difundidos en el inicio de Podemos (2014) fue la constitución de su Círculo militar y su propuesta: «Democratizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.»
Eufóricos por sus avances electorales y el éxito que les auguraban las encuestas, Juan Carlos Monedero en un acto público decía: «Tenemos Círculos de Podemos en las FFAA. Se van a llevar un susto, no sabéis cuánta gente de las Fuerzas Armadas está con nosotros, no sabéis cuanta. Y hay gente que desde la izquierda, de la izquierda, de la izquierda dice: estoy en contra de los ejércitos, vale, vale, ¡genial!, yo también. Pero si ganamos, yo voy a estar más tranquilito sabiendo que una parte importante del Ejército va a garantizar el triunfo de Podemos. Ahí no somos ingenuos». (Marzo 2014)
Así pues, quienes se preparaban para “cambiarlo todo”, “acabar con la casta” y “liberar la auténtica democracia de su «secuestro» por el Régimen del 78″, depositaban toda la confianza en que “una parte importante” del ejército franquista sería quien garantizaría, de producirse, el triunfo de Podemos y nos llevaría a la auténtica democracia.
Una de las muestras más evidentes de esta política fue el meteórico ascenso en Podemos de José Julio Rodríguez, general del Aire, Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2008 y 2011, consejero de la OTAN, del Consejo de Estado de España, encargado durante su período como JEMAD de gestionar la retirada del contingente español de Kosovo, la intervención militar en Libia, o la permanencia de las tropas españolas en Afganistán. Julio Rodríguez es hoy secretario general de Podemos en Madrid, jefe de gabinete del Vicepresidente Iglesias y responsable de Paz y Seguridad en el Consejo de Coordinación de Podemos.
En rigor, es cierto que de tanto en tanto, aparece alguna declaración desde Podemos reclamando democratizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por ejemplo, Podemos incluyó en su programa electoral para los comicios del 28 de abril del 2019 una serie de propuestas “para ampliar los derechos de guardias civiles y militares”. Pero en la medida en que Podemos se fue consolidando y preparando su entrada en el gobierno, los puntos de sus propuestas para democratizar las FFAA se fueron desvaneciendo. ¿Dónde quedaron propuestas como, por ejemplo, la «supresión del cuerpo de la Legión por sus raíces franquistas, (…) Siendo además la fuerza de sustento inicial de la sublevación del 36 o la «supresión de cuerpos anacrónicos como Regulares (…) por constituir un vestigio estamental, y no tener sentido en un Estado actual»?
Esas demandas tienen hoy plena vigencia, así como la depuración de militares franquistas del ejército, pero los dirigentes de Podemos pasaron de defender «democratizar» el ejército, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a formar parte del gobierno que mantiene las FFAA dentro de la OTAN, protege y encubre las tropelías en el interior de esas FFAA e impide cualquier intento de que las libertades democráticas traspasen la puerta de los cuarteles, haciendo posible que la extrema derecha anide tranquila en esta institución, columna vertebral del régimen monárquico y del Estado capitalista.
El citado exteniente Segura, declaraba recientemente: “El PSOE exhumó el cadáver de Franco del Valle de los Caídos, pero no tiene ninguna intención de sacar al franquismo de las instituciones”. En rigor, es el gobierno PSOE-UP quien impide que al Ejército se le imponga ni una sola medida democrática y, con ello, que la extrema derecha anide plácidamente en él.
Con los mismos argumentos con los que defendieron la impunidad de los policías y militares franquistas cuarenta y dos años atrás, siguen justificando hoy no acabar con la Justicia y los tribunales militares, no desmilitarizar la Guardia Civil y negar los derechos democráticos en los cuarteles. “Lo cierto es que cuarenta años después de la muerte del dictador estamos observando cómo se esgrimen las mismas tesis que se usaron durante la Transición para justificar todo tipo de renuncias” (L.G. Segura; la negrita es mía).
Escribe el exteniente Segura: «Si las fuerzas armadas son ultraderechistas, es la propia Constitución española la que las faculta para actuar, dando un golpe de Estado, si consideran que se encuentra en peligro la unidad de la patria». Para Pablo Iglesias, en cambio, la Constitución que tanto criticaba hace pocos años es el gran escudo de «los intereses de la gente». Metidos en el pragmatismo de la gobernabilidad, como «no somos ingenuos» que diría Monedero, los reformistas no sostienen ni reformas.
Las «reformas» aplicadas en el ejército franquista durante más de 40 años no pasan de notas en un papel y facilitan que las FFAA y las fuerzas represivas sean un nido de la extrema derecha. Vox es, por ahora, un partido de extrema derecha institucional parlamentario. Cuando hablan sus diputados/as, empezando por Santiago Abascal, no merecerían más que llamarles algo que en rigor sería muy injusto para con una profesión que tantas alegrías nos da y que convirtió en ídolos a Gabi, Fofo y Miliki. El problema no está en estos bufones de palacio, sino en que el huevo de la serpiente anida con impunidad en los cuarteles, comandancias y UIPs. Vox es solo la punta, la parte más grotesca de un peligroso iceberg uniformado que vive bajo las aguas del régimen monárquico.
La situación lleva a una aparente contradicción: resulta que los reformistas, los que esperaban que una parte de este ejército franquista fuera el principal valedor de su victoria, omiten ahora defender la más mínima reforma. En cambio, los «izquierdistas» como nosotr@s, que diría Monedero, defendemos las medidas democráticas aquí expuestas. En verdad, no hay ninguna contradicción. Asociar los revolucionari@s a la negación de la lucha por las reformas es una caricatura antigua a la que ya contestara Rosa Luxemburgo, entre otr@s. “En modo alguno estamos contra la lucha por las reformas (…) Nosotros somos partidarios de un programa de reformas, que también debe ser dirigido contra los oportunistas” (Lenin).
El problema es que la lucha por esas reformas hace inevitable la confrontación con este régimen reaccionario. Y es que, hasta para conquistar reformas básicas, hace falta contar con un programa revolucionario. De fondo, la negativa de Unidas Podemos a plantear en forma consecuente esas medidas democráticas no refleja más que su completa adaptación al sistema capitalista y al régimen monárquico que lo sostiene.
La experiencia histórica, el espíritu no vive sin la carne
Lenin y los bolcheviques sostenían que no habría revolución sin que al menos una parte del ejército se pusiera de su lado. El papel de las consignas democráticas contribuía a esta tarea. Como escribe Américo Gomes en Marxismo Vivo 16 (Engels, el General):
“Para completar la política para la división y posible derrota del aparato represivo del Estado, Engels defendía que la “lucha callejera” debía estar combinada con una política para quebrar el ejército burgués por dentro (…), condición indispensable para el éxito de la revolución. Una tarea a ser realizada por medio de la propaganda y agitación políticas, y por la “interpenetración” entre el ejército y la población. Una orientación que fue asumida por la III Internacional, expresada en las veintiuna condiciones para la admisión».
La experiencia histórica de las revoluciones atestigua que la combinación de las barricadas, la formación de milicias armadas y la política para quebrar y ganar sectores del ejército fueron claves para el triunfo. Por eso, negar la importancia de las consignas democráticas en las FFAA y la policía, abstenerse de una política hacia ellas y amalgamar la jerarquía militar y la tropa, sólo podía ser visto como una política ultraizquierdista que, de fondo, no representaba más que otra variante pacifista.
Estamos hoy muy lejos de una efervescencia revolucionaria, de la irrupción de millones de trabajadores/as y jóvenes en la vida política, que es la base de un proceso revolucionario. Predomina, por el contrario, la paz social, si bien salpicada por brotes de respuesta popular, todo en medio de una descomunal crisis del sistema capitalista. Es crucial, sin embargo, recordar estos problemas centrales de la estrategia revolucionaria, en un momento en que el activismo solo ve alrededor suyo a una izquierda reformista sin reformas, que medra en las instituciones y permite que la extrema derecha campe a sus anchas en la institución principal del Estado.
Hay que ser consciente de que para garantizar una huelga, ejercer un referéndum de autodeterminación o defenderse de ataques xenófobos, racistas o lgtbifóbicos de la extrema derecha, es necesario aprender a organizar la autodefensa. Dirigentes revolucionarios como Trotski señalaron que esto es, además, el principio y la base de empresas revolucionarias mayores.
La realidad mundial ha puesto de manifiesto que la combinación entre la crisis del sistema y las formas de barbarie que provoca a cada paso y la ausencia de partidos revolucionarios fuertes que canalicen los enfrentamientos, hace que las luchas sociales vengan marcadas por el signo de la explosividad y el espontaneismo. En ese cuadro, pasa a la orden del día aprender a organizar la autodefensa ante la brutalidad policial que se extiende en todo el mundo.
Engels insistió que se trataba de una estrategia defensiva. Enfatizó este concepto y señaló que las luchas en la calle y en las barricadas, son parte de esa “estrategia defensiva” para “la división de las fuerzas represivas”, más que de derrotarlas militarmente. (…) No tenemos ilusiones: una efectiva victoria de la rebelión sobre la tropa en la lucha callejera, una victoria como la que un ejército obtiene sobre otro, solo muy raramente ocurre. Pero los insurrectos también raramente la pretendían. Para ellos se trataba apenas de desgastar las tropas por medio de influencias morales (…). Si eso resulta, la tropa se recusa a obedecer o los comandantes pierden la cabeza y la revuelta vence. (…) Incluso en el periodo clásico de las luchas callejeras, la barricada tenía, por lo tanto, un efecto más moral que material. Era un medio de desgastar la firmeza de la tropa. Si se aguantaba hasta conseguir este objetivo, se alcanzaba la victoria; si no, era la derrota.”
Lenin, por su parte, señalaba la relación entre la política dirigida a la base de las FFAA y la Policía y la autodefensa obrera y popular frente a la acción represiva de estos mismos cuerpos:
«Como es natural, si la revolución no adquiere un carácter de masas y no influye en las tropas, no puede hablarse de una lucha seria. No hace falta decir que debemos trabajar entre las tropas. Pero no debemos figurarnos que se pasarán a nuestro lado de golpe, como resultado de la labor de persuasión o de sus propias convicciones (…) En realidad, la vacilación de las tropas, fenómeno inevitable en todo movimiento auténticamente popular, conduce, al agudizarse la lucha revolucionaria, a una verdadera lucha por la tropas (…) Pero no pasaríamos de ser unos lamentables pedantes si olvidáramos que en un periodo de insurrección se necesita también librar una lucha física para atraer a las tropas» (la negrita es mía).
Dicho de otra forma, para Lenin, ganar a sectores decisivos de la base de las FFAA y de la policía exigía no solo defender sus demandas democráticas sino también «convencerles» de que los trabajadores/as estaban dispuestos a ir hasta el final y enfrentarse a ellos con todas las consecuencias (esta política de «convencer», lógicamente, no incluía a las unidades y cuerpos especiales de represión, para los cuales sólo cabía la disolución).
Los límites del antimilitarismo y la no violencia
Llevados por el legítimo odio a los ejércitos y guerras imperialistas, a las jerarquías militares franquistas y a un servicio militar obligatorio que condenaba a la juventud trabajadora y a los estudiantes a perder un año de su vida, cuando no empujaba a la miseria a familias enteras, el antimilitarismo prendió en los años 70 y 80 en el activismo obrero y juvenil.
La proliferación de organizaciones contra el servicio militar obligatorio en los años 70 empalmaba con un proceso revolucionario pujante que ponía en jaque a la agonizante dictadura franquista y acentuaba la crisis en su institución central, las FFAA. La objeción de conciencia primero y la insumisión después se convirtieron en los años 80 en banderas del antimilitarismo.
Desde finales de los años 50 y en especial en los 60 y 70 las cárceles se fueron llenando de objetores e insumisos, desde los que iniciaron esté fenómeno por razones religiosas (testigos de Jehová) hasta los que lo fundamentaron en sus convicciones pacifistas años más tarde. Algunos sufrieron años de cárcel por la llamada condena en cadena, nombre éste que se debía a que la ley condenaba al objetor a seis meses de prisión por la negativa a incorporarse a filas, pero una vez cumplida la pena se le volvía a requerir y si se negaba, de nuevo vuelta a empezar, una y otra vez hasta que la cadena se cortara bien por un indulto o por alcanzar el fin de la edad militar (entonces 38 años).
En 1984 se rebajaba a 12 meses el Servicio Militar Obligatorio y el 31 de diciembre de 2001 se suprimió definitivamente. Se ponía así punto y final a 231 años de vigencia de la mili. Sin embargo, esa lucha, heroica en muchos casos, ponía de manifiesto las contradicciones y debilidades de esta concepción del antimilitarismo. Uno de los destacados y más perseguidos objetores en los años 70, Pepe Beunza, afirmaba ante el Consejo de Guerra, celebrado en abril de 1971: “Hay que reconocer que nuestro gesto no consigue la desaparición del ejército. Alemania tiene 36.000 objetores y eso no es obstáculo para tener el mejor ejército de Europa”.
Esta afirmación concentra la contradicción de aquel movimiento y los límites de su lucha. Un movimiento muy progresivo de la juventud contra la Mili que tuvo al frente una ideología de rechazo a «toda violencia» que objetivamente acabó contribuyendo a consolidar el proceso de transición al régimen del 78. Se acabó con la nefasta mili pero el ejército franquista quedó intacto, sin depuración alguna y a partir de entonces sostenido como ejército profesional, es decir, mercenario, liberado de los antagonismos internos que imponía la presencia en sus filas de miles de trabajadores y estudiantes.
No podemos, por tanto, confundir el legítimo repudio, que compartimos, a los ejércitos burgueses, a su armamentismo y a la militarización de la sociedad, con una ideología que, en nombre de rechazar toda violencia, deja vía libre al monopolio de la violencia del Estado y condena a la clase obrera y la juventud a la indefensión frente a este sistema y su represión y frente a las actuaciones de la extrema derecha. Esa ideología, más allá de las buenas intenciones de los/as activistas que la sostienen, hace inviable un cambio democrático real bajo este régimen y, más aún, cualquier perspectiva de revolución social.
Por un ejército del pueblo en armas: Instrucción militar Universal
Frente a las FFAA, como frente a los ejércitos profesionales del mundo, l@s revolucionari@s oponemos un criterio militar democrático, el mismo que ya estuvo en la base de la lucha de los pueblos contra las tiranías en los siglos XVIII y XIX: la milicia de todo el pueblo.
«La obra comenzada por la revolución norteamericana fue llevada a término por la revolución francesa. A los bien adiestrados ejércitos mercenarios de la coalición Francia sólo podía oponer sus masas, poco adiestradas pero numerosas, las milicias de toda la nación. (F. Engels)
El armamento general del pueblo, explicaba Engels, fue pronto transformado por la burguesía gobernante en el reclutamiento obligatorio, donde los ricos podían escabullirse de las guerras y de la disciplina cuartelaria pagando un rescate (la «redención en metálico»), mientras dejaban el mando de la tropa en manos de un cuerpo reaccionario de oficiales.
Frente a este ejército, debemos oponer un ejército basado en el principio democrático del pueblo en armas, de un ejército voluntario de milicias. Un ejército de esa naturaleza no tendría otra misión más que asegurar la defensa frente a ataques exteriores, así como neutralizar cualquier intentona reaccionaria golpista. Su composición debe estar basada en la instrucción militar universal entre los 18 y los 45 años, a toda persona apta para el mismo, el resto se instruirá en servicios alternativos. Como ya sucediera y aún se mantiene en algunos ejércitos como el suizo, se recibiría instrucción militar entre 18 y 21 semanas, y hasta la edad del paso a la reserva, periódicamente se realizará entrenamiento básico. Durante todos esos periodos las empresas estarían obligadas a conservar el puesto de trabajo, así como a abonar el salario. Pero a diferencia del ejército suizo, deberá acceder al mismo toda persona que viva y trabaje en el país, acabando con la discriminación de millones de trabajadores/as inmigrantes.
Este criterio de milicia permite a la población adiestrarse tanto en el manejo de las armas como en la defensa civil. La distribución territorial de este tipo de formación militar, que no desvincula de su territorio a la milicia, facilita quebrar las presiones centralizadoras españolistas que hoy caracterizan al ejército franquista y anularía su utilización como instrumento de represión ante un proceso de autodeterminación.
La instrucción militar universal debe permitir a las personas que por convicciones religiosas o de otra índole se oponen al uso de las armas, realizar formas de instrucción que excluyan dicho uso.
Un ejército de milicias reduciría drásticamente el gasto militar, eliminando gigantescos dispendios en armamento que carecen de toda justificación, y reduciendo cualitativamente el número de jerarcas y especialistas profesionales. Baste contrastar los datos entre el ejército español y el suizo, en el que tan solo un 5%, aproximadamente, son militares profesionales.
Enero de 2021