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Estamos bombardeados de noticias de corrupción por todas partes. Y es que el Estado español es el país europeo en el que más ha crecido la percepción de corrupción. Parece que nos hemos acostumbrado a que cada día salgan casos nuevos. Nos avergüenza, nos enfada, y no vemos que haya implicación por parte de los partidos para crear (y cumplir) leyes que condenen la corrupción de manera dura y contundente.

Por Elena B.

Dos tipos de acusados, dos tipos de condenas

Hemos visto cómo Rato, Blesa y Urdangarín han salido casi impunes, a pesar de haber sido protagonistas de los casos de corrupción más sonados y más graves de estos años. No solo es que salgan impunes, sino que, además, las sanciones son mínimas y el dinero de esas sanciones no se corresponde ni lo más mínimo a lo robado o evadido.

Es curioso cómo el Caso Noos ha aparecido tan pocas veces en televisión, y cómo la Infanta Cristina quiere desaparecer de pantalla, pretendiendo que la imagen de los Borbones quede intacta. También es curioso cómo se tratan los casos en los medios de comunicación de políticos, en los que simplemente han sido “acusados de corrupción”, como, por ejemplo, el caso de las jornaleras andaluzas, en el que se ha hablado de ellas como “amas de casa que han defraudado a la Seguridad Social”.

Nos solemos encontrar todos los años el mismo anuncio del Ministerio del Interior en el que nos hablan de que “hacienda somos todos”. Dicho anuncio hace que se plantee la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que una persona que haya evadido una cantidad inimaginable de dinero no cumpla condena y otra persona que ha utilizado una tarjeta de crédito ajena para comprar pañales y comida sí lo haga? Parece mentira que en un país llamado democrático haya “ciudadanos” de primera y “ciudadanos” de segunda.

Que la monarquía, los grandes empresarios y los políticos sean impunes en muchos sentidos, y que exista el aforamiento demuestra que el artículo 14 de la Constitución, tan admirada por los partidos del régimen, sea mentira; demuestra que los ciudadanos no somos iguales ante la ley.

La mano derecha del poder

Empresarios y políticos son los que más han protagonizado dichos casos de corrupción. Nos encontramos ante casos en los que la condena y las fianzas son de risa. Los acusados salen de los juzgados, y lo máximo que llevan a sus espaldas es una palmada de ánimo.

Hemos escuchado muchas variantes de ese “Luis, sé fuerte” de Rajoy durante estos años hacia numerosas personas que han evadido millones de euros en impuestos. Personas que han abusado de la sociedad, utilizando dinero público para darse festines de marisco y comprar coches lujosos aparcados en garajes de los que nadie sabe nada.

El “compadreo” entre las grandes empresas y los partidos políticos que se encuentran en el poder ayuda a que se produzcan casos de tráfico de influencias, de cohecho o de fraude financiero, entre otros. Y es que los partidos políticos responden a los intereses de dichas empresas, sobre todo de constructoras y bancos, fomentando la continuidad de las puertas giratorias y de políticas absurdas, como son la construcción de autopistas e infraestructuras, de donde se sacan cantidades desorbitantes de dinero público.

Los paraísos fiscales, la poca protección de los denunciantes de los casos de corrupción ante las amenazas y la impunidad contribuyen a la continuidad de la corrupción y a que su condena sea satisfactoria para los políticos. Pero todo esto no sirve a la sociedad, no nos sirve a las trabajadoras que vivimos escuchando todos los días que nos recortan en sanidad, educación y pensiones mientras que nos hacen pagar sus gastos y sus fraudes.

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