Por un plan de choque sociosanitario para combatir la violencia racista, la precariedad y la Covid 19
El gobierno ha reafirmado su política anti-migratoria rechazando dos veces el PNL Regularización ya, demanda del movimiento antirracista que exige la regularización administrativa de todas las personas que lo necesitan.
Aprobar esta Ley era y sigue siendo una emergencia y el no haberlo hecho constituye la omisión del deber de socorro a más de 600.000 migrantes que en plena crisis de la pandemia se debaten entre la pobreza extrema, la enfermedad o, directamente, la muerte.
Sin regularización: Explotación y pobreza
A pesar de que la mayoría de los migrantes son trabajador@s de sectores esenciales como la agricultura o los cuidados, sufren cuatro veces más riesgo de pobreza que l@s trabajador@s español@s y están tres veces más expuestos a la exclusión social, ésta entendida como privación de empleo seguro o recursos económicos suficientes para sostenerse.
Esta alarmante brecha social entre trabajador@s español@s y migrantes es la consecuencia directa de la Ley de extranjería que segmenta administrativa y racialmente el mercado laboral y el acceso a los servicios públicos, dando carta blanca a los empresarios a sobreexplotar indiscriminadamente, lucrarse y despedir a su antojo a l@s trabajador@s migrantes por el hecho de vivir en situación de irregularidad administrativa.
La evidencia de esta brecha se concreta en que los puestos precarizados de por sí, temporales, bajo regímenes laborales menos seguros o de la economía sumergida es donde se concentran los nichos de l@s trabajador@s migrantes, éstos cobrando de media un 28% menos que l@s trabajador@s español@s. (https://www.eldiario.es/desalambre/migrantes-fuera-ue-sufren-4-veces-riesgo-pobreza-espana_1_6445430.html).
Esta precariedad e inestabilidad laboral sumada a la tremenda crisis sanitaria y económica, que tanto el Gobierno como el Ibex-35 pretenden hacernos pagar con nuestros empleos y condiciones materiales, multiplica hasta un 149% las posibilidades de que un trabajador migrante pierda su empleo en relación a un trabajador español, según un informe de Intermón Oxfam(https://www.eldiario.es/desalambre/inmigrantes-posibilidades-perder-pandemia-espanoles_1_6060448.html) , expulsándonos masivamente a las colas del paro.
Además, el riesgo de ser multadas desplazándose a sus puesto de trabajo como es el caso de muchas trabajadoras de atención domiciliaria durante el Estado de Alarma, la inexistencia de ni una sola ayuda extraordinaria por parte el Gobierno destinada a las y los trabajadores y juventud migrante sin ingresos y la indisponibilidad de medios de prevención apropiados frente al COVID 19 en los puestos precarizados son sólo algunos de los síntomas de clara negligencia racista y clasista de este Gobierno.
Sin Regularización: sin vivienda digna, suministros ni salud
La irregularidad administrativa es también la principal barrera entre l@s trabajador@s y juventud migrante y los recursos y servicios básicos para vivir. Sin contrato, en paro y sin ingresos cientos de inmigrantes se ven abocad@s a vivir en infraviviendas que no cumplen con las condiciones para prevenir el contagio o la vulnerabilidad.
Uno de los ejemplos más desoladores de esta realidad es la del incendio del pasado 9 de diciembre de una nave industrial en Badalona que cobró la vida de varias personas siendo el Ayuntamiento, con Albiol a la cabeza, plenamente consciente de las condiciones deplorables en las que vivían sin ofrecer ninguna alternativa habitacional ni tan siquiera mascarillas como denuncia esta manifestante en la movilización por las víctimas fallecidas en la nave. (https://www.youtube.com/watch?v=FK4UzTy7bbg&feature=youtu.be)
Como nos preguntamos en nuestra declaración ante los hechos acontecidos: “¿cómo en una ciudad con más de 500 viviendas vacías desde hace años en manos de grandes tenedores, haya centenares de personas viviendo en condiciones pésimas en un polígono y no se les ofrezca ayuda?” (https://www.corrienteroja.net/incendio-en-badalona-la-administracion-tiene-las-manos-manchadas-de-sangre/)
Otro de los vergonzosos ejemplos más significativos del racismo institucional son los cortes de luz efectuados por la empresa suministradora Naturgy que sufren más de 4.000 personas desde hace más de dos meses en la Cañada Real de Madrid.
Mientras la empresa eléctrica cierra los nueve primeros meses del año con beneficio neto de 490 millones de euros justifica los cortes de luz por supuestos consumos “insostenibles de plantaciones de marihuana”.
Como dicen l@s vecin@s de la Cañada, la luz no es un lujo, es un derecho, y que el Ayuntamiento de Almeida, la Comunidad y el Gobierno acepte el argumento de Naturgy y se pasan la pelota de las competencias en vez de nacionalizar la empresa energética responsable de esa privación de suministros es una evidencia más de que las administraciones priorizan rescatar a las grandes empresas en vez de a l@s trabajador@s y juventud.
Mientras tanto, se empiezan a vislumbrar las consecuencias sanitarias en plena pandemia en este enorme poblado chabolista en la que viven cientos de migrantes. Una menor de edad tuvo que ser ingresada en urgencias tras inhalar monóxido de carbono por calentarse con una estufa de leña. L@s vecin@s deciden cada noche si se enfrentan a una hipotermia o se arriesgan a sufrir una intoxicación intentando calentarse, cuando cientos de migrantes no tienen el derecho de acceso a sanidad hasta que no pasen los tres meses desde la entrada y empadronamiento en la ciudad en la que residen a pesar de que estemos viviendo una pandemia mundial.
El colmo del racismo institucional: Canarias.
Por último, no podemos dejar de denunciar la situación en Canarias que se está convirtiendo en un nuevo “Lesbos”. Con cerca de 20.000 migrantes llegados hasta noviembre a las Islas las recetas del Gobierno siguen el camino histórico del PSOE y del que ahora también es cómplice su socio de Gobierno Unidas-Podemos: grandes centros, medidas policiales, devoluciones, el soborno a través de fondos de cooperación a los países de origen para frenar represivamente a l@s trabajador@s y jóvenes que migran para sobrevivir y la negativa de trasladar a la península. En definitiva, ser la frontera sur de la muerte y la represión para asegurar seguir siendo el socio menor de la UE fortaleza.
Desde Corriente Roja nos preguntamos: ¿Por qué no destinan los más de 3.100 millones para “los fondos de cooperación al desarrollo” con los que pretenden sobornar a los Gobiernos de los países de origen en asegurar plazas de acogida dignas en la península y no utilizando instalaciones militares para hacinar? ¿Por qué no regularizan a los trabajadores y jóvenes migrantes que han sido imprescindibles y siguen siéndolo para los trabajos esenciales en esta crisis?
Regularizar ya: la llave para una vida digna para l@s trabajador@s y jóvenes migrantes.
Como dijimos en la declaración Tras el portazo del Gobierno: Regularización ya! (https://www.corrienteroja.net/tras-el-portazo-del-gobierno-el-15n-echemonos-a-las-calles-por-la-regularizacion-ya/) Regularizar y asegurar los recursos necesarios para que l@s trabajador@s y jóvenes migrantes puedan tener una vida digna es “poner en cuestión al nuevo patrón de explotación al que nos someten y quieren volver a someter al conjunto de la clase trabajadora y juventud en esta segunda crisis económica mundial en menos de 20 años y señalar a sus responsables: El gobierno, el IBEX-35 y la UE.
Mientras nos han dado dos portazos a la regularización ya, el gobierno ha puesto a disposición del IBEX-35, algunos de los responsables de nuestra migración económica, más de 100.000 millones de euros para que no “sufrieran las consecuencias de la crisis”.
Dos tercios de las ganancias de las empresas del Ibex-35 provienen de sus operaciones más allá de las fronteras españolas. Son los mismos que, junto al rey, nos roban nuestros recursos y hacen sus “negocios” de guerra en nuestros países de origen mientras nos impiden la entrada para trabajar en los países imperialistas con tal de tener controlados sus nichos de mano de obra a “precio de ganga” sin tener que invertir en sus derechos, y ser así más competitivos en el mercado mundial.
Mientras nos han dado dos portazos a la regularización ya, los partidos que forman gobierno no cuestionan a la Unión Europea. Una Unión Europea que en realidad es un entramado de multinacionales, bancos y especuladores que compiten por sobrevivir y abrirse paso a la pujanza por las disputas de los mercados a nivel mundial empobreciendo y colonizando a más y más países a través del negocio de la deuda”
Por ello llamamos hoy, el Día Internacional del migrante, y todos los días a luchar por un plan de choque social y sanitario al servicio de defender las vidas de las y los trabajadores migrantes, juventud junto al resto de la clase obrera y pueblo.
- ¡Medidas económicas de emergencia para los colectivos más vulnerables durante la crisis del COVID 19! ¡No a la brecha salarial racial!
- ¡Cierre definitivo de los CIES!
- ¡Ilegalización de las devoluciones en caliente!
- ¡Nacionalización de las empresas clave! ¡Cupos de empleo público para asegurar empleo para las y los trabajadores migrantes!
- ¡Creación de un parque de vivienda pública para todo el que lo necesite!¡Expropiación y control de las viviendas vacías para concederlas a quien lo necesite!
- ¡Prohibición del corte de suministros, nacionalización de Naturgy ya!
- ¡Sanidad pública, gratuita, de calidad y de acceso universal para tod@s!
- ¡Derogación de la Ley de Extranjería!
- ¡Regularización ya, para tod@s, permanente y sin condiciones!
- ¡Por el derecho de libre circulación!
Para ello:
- ¡No al pago de la deuda de la UE!
- ¡Que el IBEX-35 paguen impuestos especiales!
- ¡Que los bancos devuelvan los más de 65.000 millones de euros con los que fueron “rescatados”!