¡Ayuso dimisión!
Ayuso vuelve a la carga con sus declaraciones descaradamente insultantes, esta vez, racistas. A la presidente de la Comunidad no le parece racista “en el fondo” que tres agresoras escupieran, amenazaran y le dijeran “Panchito de mierda, ¿en la selva no hay condones?” a una pareja ecuatoriana en el Metro de Madrid el pasado 9 de septiembre.
Y por si quedara alguna duda de su evidente discurso xenófobo, ayer en la asamblea de Madrid culpó a l@s inmigrantes por el alarmante aumento de contagios por COVID19 en la Comunidad. Lo achaca a nuestro “modo de vida”, a “que viven en casas pequeñas”, como si el vivir hacinad@s en casas pequeñas se tratara de una decisión voluntaria y por nuestra “densidad de población” sobre todo en los distritos del sur de Madrid.
Esta campaña racista es la clara demostración de que la presidenta tiene el agua “electoral” al cuello y busca un nuevo chivo expiatorio, y decimos nuevo porque para ella la culpa del aumento de los contagios por COVID19 ya se produjo en las manifestantes del 8M, después de la juventud en los barrios obreros y más tarde de la masiva manifestación en repudio del asesinato de George Floyd.
Poner el foco sobre l@s trabajador@s y jóvenes inmigrantes, racializadas y nuestros familiares es una estrategia a coste 0 con beneficios políticos y económicos prometedores para el Gobierno de la Comunidad de Madrid: ya hay un “culpable” que no es el gobierno regional, nos enfrenta a nuestr@s propi@s vecin@s en los barrios obreros del Sur en los que estamos a punto de sufrir confinamientos selectivos y pretenden que mientras suframos esta campaña xenófoba contra “nuestro modo de vida” el conjunto de trabajador@s y jóvenes nos olvidemos de pedirle las cuentas y su dimisión.
Las cuentas de no haber medicalizado las residencias donde murieron uno de cada cinco de nuestros mayores, la orden que dio de no trasladar enfermos de los geriátricos a los hospitales, del negocio que hace con nuestro dinero público adjudicando el servicio de rastreadores a sus amigos de Indra y Telefónica, de haber dejado a los colegios e institutos ante un inicio de curso sin docentes suficientes, recursos e infraestructuras para garantizar ratios seguros en las aulas y de no haber reforzado el transporte público en el que viajamos hacinados aumentando el riesgo de contagio.
Pretenden que nos olvidemos de que el aumento de contagios y muertes por COVID19 responde a la situación de absoluto desmantelamiento, privatización, abandono y precariedad de la Sanidad Pública perpetrado por éste y los distintos gobiernos anteriores, tanto autonómicos como estatales.
Hoy, todavía no se han incorporado los más de 10.000 sanitarios a los que se comprometieron contratar y ante la convocatoria de huelga indefinida de l@s trabajador@s de los centros de salud Ayuso promete invertir 80 millones de euros para reforzar la Atención Primaria durante tres años. Ante la catástrofe sanitaria en la que está sumida la ciudad, la más infectada de la UE, esta promesa sólo puede ser una broma de mal gusto.
Es menos de lo que Ayuso se comprometió en el acuerdo de investidura, cuando lo que necesitamos y exigimos para la primera línea de combate al virus es un plan de más de 1.000 millones que se tendrían que invertir ya, y no en 3 años, para contar con personal, tests, EPI’s y recursos médicos suficientes para frenar la curva que golpea sobre todo a l@s inmigrantes, trabajador@s y sus familias.
Que, desgraciadamente, casi la mitad de l@s contagiad@s en Madrid sean inmigrantesy el mayor riesgo de contagio se dé en nuestra comunidad no responde a nuestras costumbres sino a nuestras condiciones administrativas y económicas.
La mayoría somos trabajador@s precari@s, en muchas ocasiones realizamos los trabajos presenciales por lo que no podemos teletrabajar como es el caso del sector del trabajo doméstico o limpieza, porque no tenemos acceso a atención sanitaria hasta pasados los tres meses de estar empadronados en la ciudad, porque estando en situación administrativa irregular sólo podemos acceder al trabajo no formal en el cual no existe la posibilidad de pedir una baja laboral y hacer cuarentena y porque la especulación en los precios de alquiler y el abuso en los requisitos para acceder a un contrato de vivienda nos impiden realizar el aislamiento médico en condiciones aumentando el riesgo de contagio. En definitiva, porque si no tenemos autorización de residencia y trabajo somos relegad@s a no poder acceder a los recursos y condiciones que necesitamos para proteger nuestras vidas.
La gota que colma el vaso es que hoy Ayuso junto al Gobierno “progresista” pretenden anunciar posibles confinamientos en los barrios del sur, los obreros, donde se concentra el mayor índice de infectados por COVID19. Como levantan las distintas asociaciones de nuestros barrios esta es una medida segregadora, racista y clasista que no tiene como objetivo atendernos y curarnos, sino proteger los barrios ricos a los que quieren que sigamos yendo a trabajar ya que somos las y los esenciales, l@s trabajador@s, teniendo a nuestros centros de salud bajo mínimos, nuestros colegios hacinados y habitando infraviviendas.
L@s inmigrantes junto a nuestras vecinas y vecinos decimos alto y claro, que atendernos en nuestras necesidades sanitarias, laborales y educativas es imprescindible para frenar la curva en nuestra comunidad y en nuestra clase, la de l@s trabajador@s y la juventud.
Para ello, exigimos:
- ¡Regularización ya! ¡Autorización de residencia y trabajo para poder acceder a trabajo, sanidad, educación y vivienda!
- ¡Medidas económicas de emergencia para los colectivos más vulnerables durante la crisis del COVID19!
- ¡No a los confinamientos racistas y clasistas! ¡Inyección de 1000 millones en la Atención Primaria, ya!
- ¡Ayuso dimisión!