1. El pasado 12 de marzo se votó favorablemente la Ley de Amnistía en el Congreso de Diputados con los votos de los socios del gobierno de PSOE-SUMAR. Después de su votación, se envió al senado para su tramitación, y tendremos que esperar para su aprobación final hasta dos meses (entre mayo y junio) por el atraso causado por la modificación del reglamento de la cámara del senado por parte del PP.

Por: Corrent Roig

2. Estamos ante un intento más del Gobierno central y de la Generalitat de solucionar, por la vía institucional, una de las crisis del régimen más importantes desde la Transición. Se trata de solucionar una crisis política de la propia burguesía, que viene desde el 2010, cuando se derogó el Estatuto de autonomía catalán, y que ha enfrentado a la burguesía española con la catalana.
Estas negociaciones entre dos burguesías enfrentadas no sólo han estado por la Amnistía, también ha entrado en juego el traspaso de Cercanías, las nuevas inversiones en Catalunya o la condonación de la deuda pública catalana.

3. Los gobiernos del Estado español y también la Generalitat de Catalunya tienen miedo al movimiento independentista, después de verse desbordados y superados durante el 1-O y el 3-O que llegaron a poner en jaque al Régimen del 78, la Constitución y la Corona.

Es por eso que el Gobierno del Estado español y la Generalitat de Cataluña necesitan solucionar la crisis interburguesa para continuar con sus planes de austeridad y sus inversiones capitalistas. Por eso han reconducido la lucha independentista al camino institucional, fuera de las calles y la movilización. Muestra de esto es el abandono de la unilateralidad para volver al autonomismo. Una vez más pretenden que volvamos a confiar en las instituciones parlamentarias, en las negociaciones, el diálogo y retomar la Paz Social. Al fin y al cabo, en última instancia, les une la clase social que representan.

Recordamos y denunciamos que aquellos que se proclaman progresistas y defensores de los derechos democráticos, así como negocian la Ley de Amnistía, no derogan la Ley Mordaza. Evidenciando que la represión es su herramienta para frenar las luchas sociales y democráticas.

7. Desde Corriente Roja celebramos, junto con nuestras compañeras represaliadas, cada una de las amnistías que se den gracias a la Ley. Aun así, sabemos que esta es una Amnistía parcial y llega tarde, dejando atrás a activistas como Dani Gallardo, que actualmente está en busca y captura.

Este hecho muestra que las reales intenciones en la aplicación de esta Ley no es la lucha contra la represión, sino la institucionalización de una crisis política. Y por eso se ha negociado a espaldas de las represaliadas, en secreto y entre políticos en los despachos.

Denunciamos también que la Ley incluye a los «cuerpos de seguridad del Estado» que mediante la violencia policial han herido, torturado y vulnerado los derechos de centenares de manifestantes en diversas movilizaciones desde el 1-O, el 3-O de 2017, las manifestaciones postsentencia a los políticos del Procés en otoño de 2019, entre otros.

8. No confiamos en el Sistema Judicial del Régimen del 78, heredero del franquismo, que como ha demostrado en los últimos meses, no querrá aplicar la Ley de Amnistía, y tratará de evitar caso por caso que las represaliadas puedan evadir las condenas injustas que les impongan. No consideramos que nos tengan que perdonar ni juzgar por unos actos que consideramos legítimos. Los métodos que se emplearon a partir del 1-O y el 3-O y a las movilizaciones postsentencia, como por ejemplo cuando se ocupó el aeropuerto del Prat en octubre de 2019, fueron en respuesta a la represión del estado.

9. Denunciamos el papel de sumisión de ERC ante el gobierno central durante estos años, se ha convertido en el socio del gobierno de PSOE-SUMAR en Cataluña. Junts, después de actuar como oposición para desmarcarse de Esquerra, también ha entrado en el juego de la negociación con el Estado, qué tanto cuestionaban antes. A la vez, con todo cinismo, los dos partidos han permitido que la Generalitat se haya presentado como acusación particular en más de una ocasión contra represaliadas del Procés. Uno de los casos con más eco estos días ha sido el de Adrià Sas, donde a pesar de que la Generalitat dijo que se retiraría de la acusación, finalmente no lo ha hecho. El resultado de las negociaciones por la aprobación de la Ley de Amnistía es de especial interés tanto por ERC como por Junts, que ya han empezado su campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas del 12 de mayo, donde se presentan como los mejores negociadores, no como los partidos que nos conducirán a la independencia.

10. Para preparar la respuesta organizada a los ataques que estamos recibiendo y que recibiremos la clase trabajadora en lucha por los derechos democráticos, necesitamos actuar de manera unitaria, con los sindicatos alternativos y todos los movimientos sociales, con la voluntad de movilizar a toda la clase y el movimiento obrero. Este será el camino necesario para garantizar que la Amnistía Total pase de ser una reivindicación a una realidad plausible para todas las represaliadas. ¡L@s trabajador@s y el pueblo tenemos que dejar de ser furgón de cola de un sector burgués u otro para construir nuestro propio bloque independiente y de clase!

¡Depuración de jueces franquistas del sistema judicial!
¡Derogación de la Ley Mordaza!
¡Lucha y organización por la Amnistía Total y la autodeterminación!
¡Por un bloque de clase y combativo!